domingo, 28 de octubre de 2012

EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO DEBE MODIFICAR LA POLITICA MIGRATORIA DEL PAIS.

La Ley y el reglamento de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre no garantiza plenamente los derechos humanos de los migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México, advirtió la legisladora Lorenia Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. La diputada federal de Sonora, Lorenia Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LII Legislatura, de la Cámara de Diputados, consideró que el próximo gobierno federal de Enrique Peña Nieto deberá promover una política migratoria integral, ya que la Ley y el Reglamento de la Ley de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre no garantiza plenamente los derechos humanos de los migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México. Al presentar una serie de propuestas en la Comisión de Asuntos Migratorios para la elaboración de la agenda de trabajo de la LII Legislatura, la diputada sonorense, integrante de la fracción del PRD, afirmó que la nueva ley migratoria y su reglamento, que entró en vigor recientemente, “continúa habiendo vacíos que en la práctica se llenan con la aplicación discrecional de la norma por parte de las autoridades migratorias, así como diversas violaciones a los derechos de la población migrante por una falta de claridad en el texto”. Destacó que la ley y su reglamento carecen de los elementos suficientes para hacer efectivos los derechos de las personas migrantes, independiente de su situación migratoria. Continúan haciendo una vinculación inadecuada entre el tema de Seguridad y de Desarrollo Humano porque tiene contenidos altamente violatorios de los derechos humanos. La legisladora Valles Sampedro aseguró los conceptos de la Ley General de Población y la nueva ley de Migración prevalecen los preceptos violatorios de los derechos humanos, como es el de la detención. La Ley General Población derogada se refería al aseguramiento y la Ley de Migración habla de alojamiento, que en los hechos es la privación de la libertad, que viola la constitución y es inadecuada en un ámbito de derecho administrativo. “Se deben dejar de usar eufemismos, no son personas alojadas, son personas detenidas”, afirmó la secretaría de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Asimismo, dijo que se mantiene un grave rezago en términos de las garantías del proceso para los personas migrantes, en todo el procedimiento administrativo migratorio. Por ejemplo, dijo, el derecho a la defensa es inejercible, porque no existe una defensoría pública para migrantes y difícilmente los defensores de sus derechos tienen acceso a las estaciones migratorias. El derecho a la defensa está reconocido en el papel pero de poco le sirve a las personas, porque del papel a la realidad y los medios para ejercer el derecho no están claros.

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