CONTENIDO
I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO
II. ÁMBITO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
III. ECONOMÍA: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE NACIÓN
IV. SEGURIDAD PÚBLICA
V. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO
VI. ÁMBITO SOCIAL
VII. MÉXICO Y EL MUNDO
I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO
El modelo económico, social, político e ideológico neoliberal que se ha venido aplicando en el contexto de la globalización de la que México forma parte y el sistema capitalista mundial, atraviesan por una profunda crisis. Este modelo, hegemonizado por el capital financiero especulativo estalló en el centro del capitalismo mundial, Estados Unidos, y de igual forma en la Unión Europea.
El crecimiento de la economía mundial fue de 4% en 2010, cayendo a 2.8% en 2011; y su pronóstico de crecimiento global en 2012 es de 2.6% y de 3.2% en 2013. La Unión Europea (UE) habría crecido 0.7% en 2011, y en 2012 lo hará en –0.4 %; mientras que Estados Unidos (EUA) creció 1.5% en 2011 y el año en curso crecerá 1.3%. Si la crisis europea se desborda, tanto la UE como los EUA se deslizarían inevitablemente hacia la depresión. En ambos casos, han tenido que rescatar bancos, corredurías, aseguradoras y empresas, rompiendo con los principios teóricos e ideológicos ortodoxos del modelo neoliberal. Para la región de América Latina y el Caribe la UNCTAD pronostica un crecimiento de 3.3 este año y de 4.2% el próximo.
Se trata de un tipo de crisis inédito por su amplitud global, su profundidad, sus múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, social, ideológica y política), y su previsible carácter prolongado de tres a cuatro años o más. Esta perspectiva de ningún modo constituye una “visión catastrofista”. Los más renombrados economistas, estadistas y empresarios a nivel mundial, han reconocido explícitamente la magnitud y duración de la catástrofe que se está extendiendo a lo largo y ancho del planeta, y la necesidad de tomar medidas urgentes ante ella.
Después de cerca de treinta años de que el país registró un crecimiento económico medio del 6.5% anual del producto interno bruto (PIB) y del 3.2% del PIB por habitante, a partir de 1982, como efecto del agotamiento y crisis del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y de la crisis de la deuda externa de ese año, comenzó una larga etapa de altibajos que dura ya más de 30 años con una precaria generación de empleo, un significativo deterioro del salario real y un incremento de la pobreza y la desigualdad social, generados por el modelo y las políticas neoliberales que han aplicado de manera continua los gobiernos en ese periodo.
Se transitó de una política económica de promoción del desarrollo a otra que busca el equilibrio macroeconómico mediante la estabilidad de precios y del tipo de cambio, para privilegiar a los grandes monopolios y oligopolios nacionales e internacionales, ignorando sus efectos sobre el empleo y el bienestar social.
La aplicación a ultranza del modelo neoliberal ha llevado a México a situaciones económica, social y de seguridad pública insostenibles. El crecimiento promedio anual del PIB de 1982 a 2011 ha sido de 2.0% en promedio. Si restamos el crecimiento poblacional que fue de 1.8%, el crecimiento per cápita real fue de 0.2%. Es decir, llevamos casi treinta años de estancamiento, de crecimiento cero.
Durante estas tres décadas recientes se ha mantenido el modelo y las políticas económicas neoliberales, que además de arrojar los resultados económicos y sociales antes indicados, han generado la profunda crisis de 2008-2009 que reportó una caída del PIB de -6.2%, la peor caída en nuestra historia reciente después de la crisis mundial de 1929-1933, con un enorme incremento del desempleo que pasó de 3.9% a 6%, y que nuevamente generó condiciones para una segunda fase de crisis económica que inició en 2011 y persistirá a lo largo de 2012. Al incremento previo del desempleo se sumará una nueva oleada de desempleo, que terminará potenciando los ya de por sí graves procesos de incremento de la criminalidad, la violencia y la destrucción del tejido social.
El panorama económico que se observa es desalentador para 2012 y años subsiguientes.
Se advierte que el mundo está al borde de otra recesión económica (estancamiento). Se hace más evidente debido a la crisis de la deuda soberana europea, a las medidas de austeridad adoptadas por varios países de esa región y al aumento del desempleo, todo lo cual constituye un círculo vicioso que tiende a crecer aceleradamente conduciendo al mundo a la recesión y, eventualmente, a una depresión (crecimiento negativo).
En este contexto, las consecuencias económicas, sociales y políticas de la crisis mundial para México serán:
Menor crecimiento. Si bien es cierto que se vislumbra una estabilidad macroeconómica, el modelo neoliberal y la dependencia que tiene nuestro país respecto a EUA marcarán la continuidad de la desigualdad en la distribución de la riqueza, el desempleo, la pobreza, el estancamiento económico y el aumento en el precio de los productos básicos.
La economía mexicana pasó de un crecimiento de 5.4% en 2010 a 4.1% en 2011, y el FMI prevé para 2012 un crecimiento de 3.5% (la UNCTAD estima un crecimiento de 2.7%). La realidad será, muy probablemente, más dura. En nuestra opinión, estamos entrando de lleno en una segunda fase depresiva de la crisis económica mundial que estalló a finales de 2008, y que sólo fue parcial y temporalmente contenida por los gigantescos paquetes de rescate financieros aplicados por los gobiernos a lo largo de 2009.
Por lo tanto, para este 2012 hablamos de crisis pero con estabilidad macroeconómica, porque no debemos olvidar que seguimos bajo el modelo neoliberal. Tales condiciones económicas no descartan estallidos sociales, sobre todo por presiones inflacionarias en los alimentos.
Menos exportaciones. Este ha sido el sector más dinámico de nuestra economía en cuando menos las últimas dos décadas. El 80% de lo que exportamos va a EUA y el 12% a la Unión Europea. Con la nueva fase de la crisis mundial, reflejada en la recesión en que se encuentra la Unión Europea y en el deslizamiento de EUA hacia de desaceleración y eventual recesión, bajarán significativamente nuestras exportaciones.
Más desempleo. Actualmente el desempleo abierto es del 4.6% de la PEA, el subempleo de 9.0% y las personas ocupadas en la economía informal representan el 28.6%. Ello suma un total del 42.2% de la PEA. Es decir, la mitad de la población trabajadora se encuentra excluida del mercado laboral o en condiciones laborales sumamente precarias, y de este porcentaje, 7.8 millones son jóvenes entre 12 y 29 años que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar.
Cada punto de crecimiento del PIB representa actualmente la generación de 300 mil empleos. Cada año se necesitan 1 millón 200 mil nuevos empleos para cubrir la demanda de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral. Según datos del propio Calderón, en 2011, con un crecimiento del PIB de 4.1% solo se generaron alrededor de 550 mil empleos. Por lo tanto, en 2012 y años subsiguientes la situación será dramática en términos de empleo e ingresos para varios millones de familias mexicanas.
Reducción del poder adquisitivo. Nuestro país se ha convertido en una fábrica con la más alta productividad para hacer pobres y miserables. Persiste el desplome del poder adquisitivo del trabajador, de la ciudad y del campo, del empleado y del técnico, de las amas de casa.
Devaluación del peso. Si se profundiza la recesión en la Unión Europea y EUA, aumentaría seriamente el riesgo de una fuerte devaluación en México, con lo que podría sobrevenir una elevada y drástica fuga de capitales y consecuencias de mayor gravedad para el conjunto de la economía mexicana, como ya ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia.
Más inflación. Desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta la fecha, los precios de los productos básicos acumularon un incremento promedio del 30% (llegando algunos hasta más del 50%, como el aceite, trigo, huevo, pan, verduras, etc.). Ahora hay cuando menos dos factores que están generando un incremento adicional en los precios: 1) los altos precios de los combustibles (diesel y gasolina) y de la electricidad; y 2) el descenso de la producción que ya se ha venido dando por la desaceleración económica, y que se profundizará mucho más ahora que EUA y la economía mundial ya están sumidos en la más grave crisis económica desde la “Gran Depresión” de 1929-1933.
Menos remesas de los migrantes. Aún cuando en el 2011, las remesas lograron acumular el segundo año de incrementos con un monto de 22,731 millones de dólares, es decir, 6.8% más respecto del 2010, están lejos de recuperar el terreno perdido desde el 2008.
Menos migración. La crisis de EUA desalentará a cientos de miles de mexicanos que estaban pensando emigrar a ese país. A esto hay que agregar que varios cientos de miles de migrantes regresarán a México por falta de empleo en EUA. Esto agravará el desempleo en nuestro país. La migración dejará de ser, aunque sea temporalmente, una válvula de escape al desempleo.
Más pobreza. La pobreza y la desnutrición se extenderá a varios millones de mexicanos más; actualmente son más de 50 millones en pobreza y alrededor de 20 millones en pobreza extrema.
Menos ingresos por turismo. Esta es la cuarta fuente de ingresos en nuestro país (después del petróleo, las remesas y la Inversión Extrajera Directa). Sin embargo, debido a la política de guerra contra el narcotráfico y la violencia generada se han reducido los ingresos por este concepto, aunado a las recomendaciones de EUA de no visitar nuestro país por estos mismos motivos. Más del 50% del turismo viene de EUA.
Menos presupuesto y gasto públicos destinado al desarrollo y la producción. Los gobiernos neoliberales gustan de recortar los rubros sociales y aumentar el gasto corriente (sueldos y gastos suntuarios de los funcionarios) y el de la seguridad pública (fuerzas armadas y policía), porque su ideología y su “inteligencia” les dicta que el autoritarismo y la represión es la forma correcta de enfrentar el descontento que generan los problemas económicos y sociales entre la población mayoritaria.
Nulo desarrollo rural e insuficiencia alimentaria. No se destinan recursos públicos suficientes al campo y existen reglas que dificultan su acceso y favorecen el clientelismo electoral de los gobiernos.
Más delincuencia, crimen organizado y violencia. Cuando la economía no crece y hay desempleo y falta de ingresos para la mayoría de la población, se produce el desgarramiento del tejido y la descomposición social, que es el mejor caldo de cultivo para que prolifere la delincuencia, el crimen organizado y la violencia. Lo cual se refleja en la muerte de más de 53 mil personas y otras 10 mil desaparecidas, supuestamente ligadas a estos delitos.
Desesperación y desconcierto social. Esto se puede traducir en un ascenso social de masas, en la radicalización de las luchas y los movimientos, en sublevaciones y revueltas locales y regionales, y eventualmente en poderosos movimientos nacionales. Pero la realidad no es lineal. También la derecha en el poder buscará sacar tajada del descontento y la desesperación social mediante sus instrumentos de control y clientelismo electoral.
Pasados más de cinco años de los históricos comicios del 2 de julio de 2006, en que la derecha política y empresarial impuso en la presidencia de la República a Felipe Calderón, dando cuenta así de la poca valía e importancia que dan a la participación ciudadana y del nulo valor que para ellos tiene el voto ciudadano, el país está invadido por un profundo sentimiento de desilusión, incertidumbre y temor. El cambio de rumbo que se prometió en campaña, el crecimiento económico, la generación de empleos, la mejoría en el nivel de vida de los mexicanos, las perspectivas de un México mejor, se ha frustrado y nuestro país se encuentra en un marasmo sin visos de una salida próxima y eficaz para la mayoría de la población.
En contraste, la actual Administración Federal nos ha reiterado hasta el cansancio que pese a las dificultades de la economía mundial, en México hay solidez macroeconomía; que el comportamiento de los indicadores económicos es firme. Pero los resultados en todos los planos y sectores de la vida nacional son lamentables, y el gobierno ha demostrado su incapacidad para poder enfrentar los enormes retos que implica, en primer lugar, gobernar, y en segundo, responder de manera certera a los retos que implica la actual crisis mundial.
El gobierno, frente a su ineficiencia e ineptitud, renueva la vieja práctica de culpar a los acontecimientos internacionales y al pasado, y remitir sus promesas de prosperidad para un incierto porvenir. Los mexicanos tenemos memoria, los ofrecimientos fueron claros y precisos, Felipe Calderón prometió crecer al 5% y llevamos más de cinco años de estancamiento y en este 2012 la economía no mejorará, por lo que la situación económica empeorará para la mayoría de los mexicanos.
Calderón prometió la creación anual de un millón de empleos y lo que hoy tenemos es la generación masiva de desempleados. Prometió construir viviendas y se ha olvidado de la promesa. Ofreció un programa de fortalecimiento para la micro y pequeña empresa y no se ven resultados. Lo que vemos es el desmantelamiento de la infraestructura básica del país, el colapso del campo, el desplome de la industria nacional, la extinción del mercado interno y la sumisión y entrega de nuestra soberanía a los organismos trasnacionales y gobiernos extranjeros.
El gobierno, hasta hoy, ha sido incapaz de generar un plan anti-crisis que dé prioridad a los grandes problemas nacionales, en el cual verdaderamente se fortalezca el gasto social, en salud, en educación y en apoyo a las entidades federativas, que son renglones prioritarios a los que deben reintegrarse de inmediato los recursos presupuéstales que han sido recortados.
Debe voltearse la vista al campo mexicano, claro ejemplo de la irresponsabilidad gubernamental, donde 25 millones de compatriotas viven una situación cuya gravedad va más allá de blindajes de papel, con recursos que no son ni la sombra de los apoyos que reciben los productores agrícolas de EUA. Los campesinos mexicanos no compiten contra sus homólogos del norte, si no contra las políticas del gobierno estadounidense y contra el uso electoral que se le da en nuestro país al presupuesto destinado al campo.
El Partido del Trabajo ha señalado la necesidad de una política económica diferente que esté al servicio del ser humano; que aproveche las oportunidades de la globalización para desarrollar la industria y la agricultura nacionales e integrarlas al progreso en lugar de marginarlas, como hoy sucede; que genere suficientes y buenos empleos y que mejore el nivel de vida de las inmensas mayorías, por encima de la protección a los grandes intereses económicos y a la acumulación de grandes fortunas.
Nos preocupa la criminal descapitalización de la industria eléctrica y petrolera desarrollada en los últimos sexenios como parte de una política de trasnacionalización exigida desde los grandes círculos financieros mundiales y que amenaza el desarrollo del país y nuestra soberanía nacional. Manifestamos un rotundo no a la privatización del petróleo y al sector eléctrico, y seguiremos luchando para evitar que intereses oligárquicos terminen de apoderarse de estos dos sectores que deben constituir dos de las principales palancas para el desarrollo de México.
Los mexicanos tenemos experiencias muy negativas de las privatizaciones, pues como la realidad lo ha demostrado sólo han servido para incrementar los precios de los bienes y servicios, amén de la pérdida del patrimonio nacional que ello conlleva. No podemos seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, ni privilegiar la especulación el dinero fácil a la sombra del contubernio que existe entre el poder económico y el poder político. En la calle siguen los grandes criminales de cuello blanco.
En el ámbito político el balance tampoco resulta favorable. Hay una ausencia de conducción y metas claras. La reforma democrática del Estado ha sido otro compromiso incumplido. Con las reformas específicas en los ámbitos electoral, de justicia, de seguridad social y fiscal, se ha favorecido a la oligarquía, a la clase política tradicional, al bipartidismo y a los grupos de presión que apoyaron y convalidaron la imposición de Felipe Calderón en la Presidencia de la República. Requerimos una reforma plural incluyente que abra más espacios a la participación ciudadana; que consolide el espíritu republicano y la división de poderes; que dé cauce a la búsqueda de una sociedad con igualdad de oportunidades, justa y generosa con sus hijos más desprotegidos.
En el ámbito político, como en la economía, tendremos otro sexenio perdido y con graves retrocesos. En este sentido, destacan los siguientes aspectos:
• Se desgastó y debilitó más a las instituciones.
• Se instaló plenamente el ESTADO FALLIDO. Hoy se puede hablar de un narco Estado en muchas regiones del país.
• La reforma electoral de 2007 avanzó fundamentalmente en establecer el BIPARTIDISMO.
• Se ha militarizado la seguridad pública en prácticamente todo el país. Se puede plantear la hipótesis de que esta situación está obedeciendo a la estrategia de EUA, de alentar el recrudecimiento de los problemas ligados al crimen organizado, narcotráfico y el tráfico de armas, como justificación para una mayor injerencia en los asuntos internos de México con el pretexto de garantizar la seguridad nacional estadounidense.
• La “guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico”, con más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos en los casi 5 años de la actual administración, ha sido un fracaso rotundo, y se subrayó hacia finales del año pasado que no se cambiará la estrategia.
• La procuración y administración de justicia se ha venido utilizando con fines políticos y electorales. Se ha venido imponiendo la judialización de la política.
• Por otra parte, el propio Felipe Calderón ha afirmado enfáticamente la creciente y significativa participación del narcotráfico en la política, particularmente en los procesos electorales.
Este será el contexto que muy probablemente nos acompañará rumbo a julio de 2012. Todos sabemos que una situación económica y social para las clases y sectores sociales mayoritarios favorecen las posibilidades de acceder al poder político a las fuerzas de oposición. Pero no hay que olvidar que en nuestro país no sólo las izquierdas son oposición. También es oposición a nivel federal un partido de derecha como lo es el PRI. Y si no sabemos aprovechar en todos los aspectos la coyuntura, ese partido puede terminar siendo el principal beneficiado.
En virtud de todo lo anterior, es urgente cambiar el modelo y las políticas neoliberales por un Nuevo Proyecto de Nación para enfrentar la crisis económica mundial y promover el crecimiento con desarrollo sustentable y equidad social. Ello será posible si construimos una mayoría de izquierda y centro-izquierda en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, para que sea un contrapeso eficaz al continuismo neoliberal del Ejecutivo Federal, y de este modo logremos que nuestro país se vea lo menos afectado por la crisis mundial en curso. Con este propósito lucharemos para rescatar el papel promotor del Estado en el crecimiento económico, en el desarrollo con equidad social y en la construcción de una democracia participativa efectiva.
Además de los problemas económicos de la actual crisis mundial, también existen problemas económicos de largo plazo. Ello se aprecia en el siguiente cuadro de la evolución del PIB comparativo con países como España, Chile, Portugal, Corea del Sur, Japón e Irlanda. Demuestra igualmente que en estos últimos 62 años, últimos 50 años de PRI y los 12 años del PAN, se han implementado las mismas políticas públicas que mantienen al país en un profundo atraso, en tanto otros países con similares condiciones hace 60 años tuvieron un desarrollo mucho más significativo de su economía.
Adicionalmente a lo anterior, la medición de la pobreza que realizan organismos oficiales nacionales e internacionales arrojan cifras verdaderamente deplorables que por sí mismas enjuician las políticas públicas.
La reducción del poder adquisitivo del ingreso también afectó el acceso a la alimentación de la población entre 2008 y 2010.
La población en situación de pobreza ascendió a 46.2 por ciento en 2010, lo que representa 52 millones de personas. En comparación con 2008, hubo aumento de 3.2 millones de personas.
Lo anterior se expresa en el siguiente cuadro que retrata la situación de pobreza en México.
Tres generaciones de mexicanos ha vivido sin desarrollo económico, con mayor deterioro social, con avances democráticos truncados e insuficientes, con conducción política expresamente a favor del capital financiero internacional. Es urgente cambiar el rumbo por el bien de la nación y de todos los mexicanos.
Los mexicanos merecemos mejores tiempos, tiempos de avance, tiempos de oportunidades para todos y tiempos de cambio verdadero.
II. ÁMBITO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
Una de las prioridades del Partido del Trabajo radica en democratizar verdaderamente el actual sistema político e institucional. En esta dirección, combatiremos hasta erradicar a sus principales mecanismos de sustentación: el presidencialismo autoritario, el corporativismo político, económico y social, el régimen de partidos de Estado, la simulación de división de poderes, la supeditación del legislativo al ejecutivo, la discrecionalidad burocrática, los cacicazgos, la impunidad judicial y la corrupción generalizada en la administración pública.
Consideramos que la democratización de México debe ir mucho más allá de los ámbitos político y gubernamental; que debe abarcar la estructura y funcionamiento del Estado, de la sociedad civil y las relaciones entre ambos, para hacer efectiva la aspiración democrática del pueblo mexicano.
Lograr una nueva relación entre gobernantes y gobernados, así como entre Federación, Estados y Municipios, y el manejo de la política exterior, requiere llevar a cabo cambios constitucionales, legales, administrativos, sociales y de estilos de gobernar y de hacer política. Para alcanzar estos objetivos el Partido del Trabajo se propone llevar a cabo las siguientes acciones:
1. La reforma democrática
Contribuiremos a continuar y profundizar la reforma democrática del Estado en los temas que están pendientes: equilibrio y autonomía entre los Poderes del Estado, fortalecimiento del Poder Legislativo, nuevo federalismo, planeación democrática para el desarrollo, derechos indígenas y regiones étnicas, seguridad y justicia, medios de comunicación y nueva relación del gobierno con la sociedad.
La reforma democrática que se compromete a impulsar el Partido del Trabajo, se debe traducir en:
- Un mayor desarrollo y participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, con base en la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que hoy la limitan, el respeto a la autonomía de sus formas de organización, la consulta y concertación permanente con la misma, y la delegación de funciones administrativas y de gestión en órganos representativos de la comunidad.
- Un nuevo estilo de gobierno que elimine el autoritarismo, la impunidad y la corrupción en todos los niveles gubernamentales, administrativos, judiciales y de seguridad pública; que establezca prácticas transparentes, sencillas y austeras en el ejercicio del poder; y que sustituya las actuales prácticas gubernamentales corporativas por otras de carácter abierto y participativo.
- Que se respete la palabra, los acuerdos y los compromisos empeñados, que el ejercicio del poder público como resultado de un proceso político electoral de coalición incluya la coparticipación y corresponsabilidad entre las fuerzas políticas aliadas, entre gobernantes y gobernados, entre los distintos actores políticos y sociales y se elimine el presidencialismo autoritario.
Para ello procuraremos limitar los poderes presidenciales, descentralizar sus funciones y someter su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la participación popular. Exigiremos la obligación de emitir y difundir las declaraciones patrimoniales del presidente de la República y de los miembros del gabinete; junto con ello pugnaremos porque se limiten de manera transparente las percepciones de todos los servidores públicos.
Deberá establecerse una real división e independencia entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Impulsaremos una verdadera reforma política que incluya mecanismos de participación popular directa: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, voz ciudadana en el cabildo, afirmativa ficta, rendición de cuentas, presupuesto participativo, afirmativa ficta parlamentaria, contraloría y auditoría social, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, derecho a la audiencia pública, consulta ciudadana y licitación abierta de las obras y adquisiciones públicas.
Será fundamental impulsar la reforma del Poder Legislativo, con el fin de fortalecerlo, actualizarlo a las circunstancias actuales y dotarlo de los instrumentos legales para el mejor desempeño de sus funciones, las cuales consisten en la acción legislativa y la representación efectiva de los intereses del pueblo de México.
Para evitar que se creen camarillas y mafias al interior de los Poderes y diferentes ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, que eternizan a caciques y dirigentes políticos en los cargos sin dar oportunidad a nuevas generaciones y que por la vía de los hechos anteponen sus intereses a los más altos de la nación y el pueblo de México, para tal efecto promoveremos la revocación de mandato, el plebiscito y el referéndum.
En lo referente al Poder Judicial, habremos de impulsar una reforma integral centrada en cuatro grandes ejes: a) verdadera autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo; b) impartición de justicia pronta, expedita y democrática; c) plena vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos y sociales; y d) dotar de fuerza legal abrogatoria a la jurisprudencia relativa a las declaratorias de leyes inconstitucionales.
2. Reformas al régimen de las instituciones sociales y civiles
Un aspecto crucial de la propuesta del Partido del Trabajo es la extensión de la reforma democrática al plano social. Con este fin formularemos programas de reforma a las instituciones civiles que eliminen las relaciones caciquiles, charriles, patriarcales, clientelares y burocráticas que obstruyen la verdadera participación social. La reforma democrática que impulsamos a los sindicatos y demás organizaciones profesionales, abarcará a la familia, a los ejidos y comunidades agrarias, a las asociaciones civiles y deportivas e incluso - respetando su autonomía- a las propias universidades. Para llevar a cabo este aspecto de la reforma democrática, el Partido del Trabajo impulsará un conjunto de modificaciones a los ordenamientos legales correspondientes, adecuándolos a los fines señalados.
Este conjunto de cambios que la sociedad requiere, necesita de un instrumento de comunicación que esté a la altura de dicho proyecto. En la sociedad moderna la información es fundamental para el quehacer político, quien la tiene y la controla puede ejercer un dominio inmenso sobre la sociedad que le permite desorientarla y manipularla. En el caso de México son el Estado y los grandes monopolios privados los que ejercen este control.
El Partido del Trabajo considera que es una demanda fundamental acabar con la censura disfrazada, comprometiéndose a luchar por el ejercicio irrestricto del derecho a la información y de la libre expresión de las ideas. De igual manera sostiene la necesidad de que en los medios masivos de información se de espacio a todas las opiniones. También defendemos el derecho de que las organizaciones sociales, laborales, educativas, políticas, etc., cuenten con sus propios medios de información y comunicación masiva.
3. Establecimiento de un Federalismo efectivo, real y participativo
A este respecto emprenderemos las siguientes acciones tendientes a establecer una nueva relación entre Federación, Estados y Municipios:
a) Promover la descentralización hacia los estados y municipios de la mayor parte de las funciones políticas, administrativas y los servicios públicos realizados innecesariamente por el gobierno federal.
b) Disponer la redistribución de los ingresos fiscales entre los tres niveles de gobierno, de modo que se dupliquen y cuadrupliquen, respectivamente, los montos asignados a los estados y municipios.
c) Promover una distribución equitativa entre los tres niveles de gobierno con respecto a la capacidad recaudatoria sin pasar por alto el ejercicio directo de los recursos captados, a efecto de posibilitar la capacidad autónoma y libre en la toma de decisiones sin romper con la armonía y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
d) Promover la descentralización total de los programas de combate a la pobreza y asistencia al campo, estableciendo criterios claros en el manejo de los recursos, para dejarlos en manos de instancias estatales y municipales conformadas con la participación de los gobiernos respectivos y de las organizaciones sociales.
e) Modificar de manera sustancial los criterios de la Ley de Planeación para que todos los actores participantes de la planeación intervengan en la supervisión y control de los planes y programas gubernamentales.
f) Generar mecanismos legislativos federales de contrapeso a los ejecutivos locales que pretenden restaurar feudos y manos libres en las entidades federativas para el manejo de los recursos públicos, aprovechándose de la descentralización y de la ausencia o ambigüedad de las regulaciones legales en la materia.
4. Reforma a la administración pública
Este problema atañe a los aparatos de gobierno y condiciona el éxito de las acciones antes mencionadas. Los objetivos fundamentales que persigue el Partido del Trabajo consisten en hacer que los llamados servidores públicos sean realmente eso y que actúen coadyuvando al desarrollo de la reforma democrática en lugar de entorpecerla. Para lograr estos objetivos proponemos llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Reducción al mínimo suficiente de los aparatos burocráticos de administración e intermediación, convirtiéndolos en cuerpos profesionales, apartidistas y austeros, dignamente remunerados y controlados por la sociedad.
b) Vigilar estrictamente que los funcionarios públicos de todos los niveles se apeguen al cumplimiento de la Ley.
c) Combate abierto a la corrupción y a los abusos de las autoridades sobre los ciudadanos y las organizaciones sociales.
d) Eliminación del secreto burocrático y de las partidas de gastos excluidas del control parlamentario y social, para hacer transparente el funcionamiento de la administración pública.
e) Establecer y hacer efectivo el servicio civil de carrera.
5. Reforma del sistema electoral
La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2007, mantuvo condiciones de inequidad en los procesos electorales y dejó fuera derechos ciudadanos y figuras electorales fundamentales. Por ello, el Partido del Trabajo propondrá una nueva reforma electoral destinada a establecer una democracia representativa, participativa y transparente, a garantizar la libre asociación ciudadana sin cortapisas y una mayor participación política de la sociedad civil. Para ello impulsaremos las siguientes reformas:
a) Modificar las leyes electorales para dar libre curso a las candidaturas independientes y establecer, para elecciones legislativas, proporciones equitativas para mujeres pueblos indígenas y jóvenes conforme al perfil sociodemográfico de nuestra sociedad, en el país, en cada entidad y en cada municipio.
b) Constituir un sistema de competencia igualitario para todos los partidos en cuanto a recursos financieros y acceso a los medios de comunicación.
c) Simplificar los mecanismos de constitución e inscripción de partidos políticos; establecer el derecho a la libre coalición entre organizaciones con y sin registro; y permitir la presentación de candidaturas comunes a todos los cargos de elección.
d) Disponer que cualquier delito electoral sea castigado con cárcel sin derecho a libertad bajo fianza.
6. La reforma laboral
En la búsqueda constante por encontrar el equilibrio armónico y equitativo entre los distintos factores de la producción, el Partido del Trabajo pugnará porque el Gobierno Federal dé cumplimiento a las demandas sociales. Como parte inherente al proceso de globalización, el desarrollo económico y el avance tecnológico a nivel internacional han determinado en gran medida el curso de las relaciones obrero-patronales. Sin embargo, cada país, dependiendo del nivel alcanzado en estos campos, debe proveer las condiciones laborales a favor de los trabajadores, con la finalidad de equilibrar las relaciones obrero- patronales.
El Partido del Trabajo propone que la necesaria reforma laboral que requiere nuestro país se lleve a cabo conforme a cinco líneas de acción:
a) El impulso de una nueva cultura laboral y empresarial democrática.
b) Que los acuerdos sean por consenso.
c) La modernización de la administración pública federal, haciendo eficiente la impartición de justicia laboral federal.
d) La promoción de la libertad, independencia y democracia sindical.
e) El fortalecimiento de las relaciones laborales con otras naciones. La nueva cultura laboral democrática debe contribuir a erradicar las prácticas autoritarias y corporativas que siempre se han instrumentado sobre los trabajadores. Se debe buscar una nueva relación entre los factores de la producción que distribuya equitativamente los frutos del trabajo como única fuente de riqueza. La nueva cultura laboral debe tomar en cuenta la importancia que tiene el desarrollo social del trabajador, para encontrar los mecanismos suficientes de motivación, y dotar a la clase trabajadora de sistemas funcionales de capacitación y adiestramiento. Por otra parte, el Partido del Trabajo propone que la reforma laboral que se convenga en México se base en la participación de todos los sectores involucrados y buscando indeclinablemente que los acuerdos sean por consenso, porque sólo por esta vía se puede procesar un tema que atraviesa a toda la sociedad y que corresponde al propósito de construir un país verdaderamente equitativo y democrático.
Por ello, como parte de su ideario político y social el Partido del Trabajo ha presentado en la Cámara de Diputados una serie de reformas en esta materia, que son viables y deseables en la dirección de mejorar la situación de las clases trabajadoras. Es importante recordar que entre los objetivos en el sector laboral que la actual administración ha prometido, está materializar una reforma laboral integral. Sin embargo, la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no se ha reflejado en la atención de las necesidades prioritarias para la clase trabajadora. Por ello, el Partido del Trabajo considera de vital importancia que se retome el proceso de negociación de esta reforma en los términos arriba planteados, precisamente para atender de manera efectiva las exigencias y necesidades de las clases trabajadoras en las nuevas circunstancias del capitalismo mundial y de nuestro país, salvaguardando las conquistas históricas de los trabajadores. Desde luego, nos oponemos a llevar a cabo reformas con procedimientos fast- track y repetir prácticas obsoletas.
Para el Partido del Trabajo lo más importante es que la reproducción de la fuerza de trabajo permita no únicamente la renovación de generaciones de trabajadores, sino que ésta se dé en condiciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores actuales, y de los futuros. La impartición de justicia en materia de trabajo debe reflejar la exacta aplicación de la ley, entonces la adecuación del marco legal en materia de procedimientos laborales debe verse fortalecida. Es preciso enfocar nuestros esfuerzos a que la impartición de justicia en materia laboral sea pronta y expedita, que acabe el rezago de juicios laborales que principalmente se dan por dilación de las autoridades responsables, como ha sido el caso de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Es necesario democratizar las organizaciones sindicales y todas aquéllas a favor del bienestar de los trabajadores. Asimismo, debe garantizarse que esas organizaciones cumplirán su principal objetivo con el sector obrero, que es mejorar las condiciones de trabajo y conseguir el bienestar colectivo de sus agremiados y sus familias. El trabajo junto con el capital integran una mancuerna inseparable sin la cual no sería posible producir todos los satisfactores que la sociedad requiere en el marco del actual sistema económico de México. Por tanto, una auténtica política laboral de Estado debe contener el mantenimiento de los dos factores de la producción mencionados en condiciones óptimas, que permitan su reproducción.
7. Derechos laborales y políticos de los migrantes
Es una realidad incuestionable que los mexicanos que han buscado un mejor nivel de vida fuera de nuestro país, se han insertado en la dinámica económica y política de Estados Unidos. Es evidente que con su trabajo contribuyen de manera activa a la creación de riqueza de la nación americana y que más allá de su calidad migratoria, tienen derecho a contar con la protección de la ley.
De esta forma debemos señalar una serie de cuestiones que atañen a los derechos civiles y laborales de los mexicanos que residen en el extranjero de manera legal y no legal. Primero, debemos dejar asentado que si salen de su patria es por una razón muy poderosa: la falta de oportunidades de desarrollo y de contar con un empleo digno que les permita solventar sus necesidades y las de sus familias.
El Partido del Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que el Gobierno Federal ha manejado tanto en los pasados gobiernos priístas como en el anterior y en el actual que han correspondido al PAN, un doble lenguaje en el tratamiento que se debe dar al problema de las personas que emigran hacia los Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades.
Por un lado, se negoció de forma irresponsable la integración comercial de nuestro país a EUA y Canadá, aceptando la apertura desordenada e indiscriminada del aparato productivo cuyos resultados tenemos a la vista: cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que fueron arruinadas y las que subsisten lo hacen en condiciones sumamente precarias.
La falta de una política firme de defensa de los intereses de los migrantes y el desdén hacia los trabajadores por parte del grupo hegemónico que gobierna nuestra nación no permitieron que se exigiera la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de un capítulo que garantizara la movilidad de la fuerza de trabajo mexicana hacia los Estados Unidos y Canadá, donde quedará integrado el marco regulatorio los derechos laborales y humanos de los migrantes mexicanos en esos países.
Es un hecho innegable que los derechos laborales de los trabajadores indocumentados son inexistentes y que sufren la persecución de las autoridades de estadounidenses y de grupos ciudadanos que ven en el trabajo de los migrantes una amenaza a su soberanía y a sus posibilidades de desarrollo.
Es preocupante que en un contexto donde cada vez más se eliminan los obstáculos al comercio y al tránsito de bienes y personas, todavía haya naciones donde el trato al trabajador indocumentado sea inhumano y que además la ley lo avale.
El Partido del Trabajo suscribe el compromiso serio e irrenunciable de legislar para que se establezca la defensa y salvaguarda de los derechos laborales, humanos y sociales de nuestros trabajadores migrantes. Procuraremos acceder a un esquema de seguridad jurídica equitativo para los millones de mexicanos y latinoamericanos que arriesgan su vida en busca de mejorar su situación.
Desde la Cámara de Diputados y también con la organización y movilización política y social, presionaremos para que los países integrantes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en particular Estados Unidos y México, convengan un Acuerdo Migratorio que garantice la integridad física y moral, así como los derechos laborales y humanos plenos de los trabajadores migratorios mexicanos.
III. ECONOMÍA: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE NACIÓN
Los altos costos de la liberalización y desregulación económica
El proceso de apertura comercial indiscriminada instrumentado desde mediados de los años ochenta y que adquirió carácter de Ley con el TLCAN el 1 de enero de 1994, complementado con la firma de más tratados comerciales con alrededor de 32 países, convirtiéndonos en el país con más tratados comerciales, nos ha colocado en una clara desventaja competitiva frente las importaciones.
Los diferenciales de productividad y competitividad entre México y Estados Unidos han provocado el desplazamiento de los productos nacionales por las importaciones en el mercado interno, lo que ha generado cierre masivo de empresas, rompimiento de cadenas productivas, déficits crónicos de la balanza comercial, así como menores ganancias que han descapitalizado a los sectores productivos y han incrementado sus niveles de endeudamiento. Desde 1995 el sector financiero ha contribuido a recrudecer esta situación al restringir sistemáticamente el crédito al aparato productivo nacional, haciéndolo depender en forma creciente del endeudamiento externo.
La inserción de México en la globalización neoliberal ha tenido un alto costo no sólo por su impacto negativo sobre los sectores industrial y agrícola, sino también porque se ha perdido manejo soberano de la política económica, así como el control de sectores estratégicos para determinar nuestro crecimiento económico. Esto ha profundizado los problemas estructurales del subdesarrollo de nuestro país. Nuestra economía se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad frente a la crisis mundial en curso.
La crisis económica mundial actual durará por lo menos tres o cuatro años. No hay expectativas de crecimiento, por el contrario, el escenario es catastrófico y lamentable. Tanto las condiciones mundiales como las nacionales son consecuencia de la aplicación de un modelo económico que ha demostrado ser un instrumento generador de pobreza, marginación y desigualdad para la mayoría de la población del mundo y de México.
Tal situación ha llevado a millones de mexicanos a emigrar hacia Estados Unidos en los últimos años, y a otros los ha condenado a la economía informal, a niveles de subsistencia y a la miseria extrema.
El "presidente del empleo" se ha subordinado a las políticas impuestas desde el exterior
Mientras Estados Unidos construyó su desarrollo con políticas proteccionistas, y continúa protegiendo los sectores donde tiene poca competitividad y subsidia a su sector agrícola, a nuestro país se le imponen políticas de apertura comercial generalizada y de disminución de subsidios, sin que el gobierno calderonista haya hecho nada positivo para México frente a ello.
Los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, así como varios países desarrollados presionan a México para que continúe y profundice las reformas estructurales neoliberales, lo que implica la apertura del sector eléctrico y petrolero, y la reforma laboral. El capital internacional quiere tener acceso a los sectores estratégicos del país que aún no están bajo su control. El gobierno de Calderón ha venido defendiendo y justificando tales exigencias argumentando que sin dichas reformas el país no tendrá condiciones de crecimiento sostenido.
El Partido del Trabajo sostiene categóricamente que los problemas de México no se deben a la no realización de esas reformas privatizadoras, sino que son resultado de las contradicciones emanadas de la política económica neoliberal imperante.
El predominio de políticas contraccionistas
Desde que bajo el gobierno salinista se estableciera su autonomía, el Banco de México se ha mantenido apegado a políticas monetarias contraccionistas, con el propósito de mantener baja la inflación, contribuir a la estabilidad en el tipo de cambio y alentar la entrada de capitales.
A su vez, la política de restricción fiscal ha atentado no sólo contra el crecimiento del mercado interno, sino también sobre el crecimiento de la infraestructura y de los sectores estratégicos en poder del sector público, afectando ello el crecimiento de la productividad y de la actividad económica en su conjunto. El crecimiento económico se ve afectado no sólo por la contracción del mercado interno, sino también porque se reduce la capacidad competitiva nacional para reimpulsar su dinámica hacia el mercado externo.
Con esta política fiscal contraccionista se restringe no sólo la inversión pública, sino también la del sector privado debido a que disminuye el crecimiento del mercado interno y la infraestructura, afectando las oportunidades de inversión productiva. La disminución de la inversión pública y privada, recrudece los rezagos productivos, por lo que más se aleja la viabilidad de aumentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, así como superar el desequilibrio externo y la dependencia de recursos del exterior.
Dicha política fiscal, adscrita al principio del equilibrio fiscal, ha resultado nociva al país porque no sólo anula la participación del Estado en la economía, sino que también restringe el mercado interno y la esfera productiva, haciendo más vulnerable a nuestra economía de las exportaciones y la entrada de capitales.
Hoy la crisis económica mundial ha hecho trizas los argumentos que sustentaban estas políticas contraccionistas, y está despejando el camino para el restablecimiento de políticas expansionistas para enfrentar la gravedad de la situación. Lamentablemente, en nuestro país se persiste en tratar de mantener aquellas políticas que nos colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante la crisis mundial, cuyo epicentro es nuestro principal socio comercial: EUA.
Los problemas económicos del país no afectan a todos por igual: ganadores y perdedores
México ha sido perdedor en los cambios estructurales promovidos por el neoliberalismo desde la década de los ochenta. La gran mayoría de los productores industriales y agrícolas se han visto gravemente afectados por la apertura comercial indiscriminada.
Los banqueros nacionales administran para el capital extranjero la banca que hasta hace pocos años fue de ellos. Actualmente contamos con menos capacidad productiva y financiera que la que se tenía antes de establecerse las políticas neoliberales. El sector privado nacional ha visto incrementado su endeudamiento externo en forma acelerada como consecuencia de la falta de financiamiento interno y de su encarecimiento.
Los niveles de vida de los trabajadores y desempleados han empeorado, acentuándose el número de pobres en el país, así como los problemas del subdesarrollo.
Los sectores vinculados a las empresas transnacionales y al capital financiero ven incrementarse sus ingresos y riqueza, mientras la gran mayoría se empobrece. El país cuenta con recursos productivos y financieros, pero en gran medida han dejado de ser controlados por nacionales. Las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas, han aumentado su presencia en las esferas productiva, comercial y de servicios, destacando su control sobre el sector bancario y de seguros.
El capital internacional está apropiándose de sectores y empresas claves para el desarrollo nacional. Y al dejar de ofrecer la economía nacional condiciones de rentabilidad y crecimiento, dichos recursos son transferidos hacia otros países que ofrezcan mejores opciones, relegándose así las demandas nacionales.
Pérdida de soberanía en el manejo de la política económica y alta dependencia y vulnerabilidad frente al exterior
Nuestra inserción en la globalización neoliberal ha sido a costa de perder manejo soberano de la política económica, ya que nos ha impuesto políticas de liberalización y desregulación comercial y financiera, y políticas monetarias y fiscales contraccionistas, entre las que destaca la autonomía del banco central que ha dejado de responder a las necesidades de financiamiento del sector público y del sector privado.
Hemos perdido soberanía para determinar el rumbo económico que más nos conviene como nación, lo que compromete a su vez la democracia en nuestra vida política. Hoy no es la ciudadanía ni los partidos políticos quienes mediante el sufragio determinan el acontecer nacional. Este es determinado desde el exterior en función de las necesidades del capital internacional que ha aumentado su control sobre la economía y el conjunto de la vida nacional.
El libre flujo de capitales en el marco de la globalización neoliberal nos ha colocado en una situación de alta vulnerabilidad frente a la crisis mundial que cada día se amplifica y profundiza más. Nuestra economía pasó a depender en gran medida de la economía de Estados Unidos, y ahora la grave crisis económica en ese país que se ha extendido a todo el mundo nos está afectando severamente.
Necesidad de revertir la política económica neoliberal
El Partido del Trabajo señala que no podemos continuar con una política económica neoliberal que privilegia condiciones de confianza y rentabilidad en favor del capital financiero internacional y que descuida y desatiende las demandas nacionales de los productores del sector industrial y agrícola, así como las demandas de empleo, salarios remunerados y de bienestar social. Menos aún ahora que nos encontramos en plena crisis económica mundial.
No se puede dejar la economía a las fuerzas del libre mercado. No se puede seguir dependiendo del contexto internacional ni de los mercados de capitales. No se puede seguir con políticas que están profundizando los rezagos productivos y los problemas del subdesarrollo, que nos llevan a seguir postergando las bases materiales para el crecimiento sostenido. No se puede seguir vendiendo el país para promover la entrada de capitales y así financiar los desequilibrios externos y alcanzar baja inflación y cierto crecimiento económico.
No podemos seguir renunciado a la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación y a la aplicación de políticas monetaria, crediticia, fiscal, comercial y cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las grandes desigualdades productivas, sectoriales, regionales y de ingreso.
El Partido del Trabajo se compromete a impulsar una política económica orientada a:
Redefinir el Proyecto Económico Nacional. El país demanda una estrategia de desarrollo sostenido que no sea propenso a la vulnerabilidad externa, que no dependa de la entrada creciente de capitales y que no comprometa la soberanía del país. Nos pronunciamos por un desarrollo económico autosustentable que no atente contra los recursos no renovables y la biodiversidad, que garantice la sustentabilidad ambiental.
Nuestra propuesta implica dejar de favorecer aquellos sectores nacionales y extranjeros que han lucrado y se han enriquecido a costa de la descapitalización de la esfera productiva y del deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Planteamos revertir dicha tendencia y recuperar márgenes de maniobra para atender los rezagos productivos y sociales acumulados por las políticas neoliberales predominantes.
El rumbo de la economía nacional debe ser determinado por los mexicanos, en un contexto de decisiones democráticas orientadas a satisfacer nuestras necesidades y no las del capital internacional.
Planteamos rescatar la soberanía nacional, ampliar nuestros márgenes de decisión, así como el carácter democrático de la política económica. Que ésta sirva a la gran mayoría y no esté en beneficio de unos cuantos. Planteamos recuperar el uso de los diferentes instrumentos de la política económica para asegurar las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que garanticen los objetivos nacionales, y que éstas políticas a su vez redistribuyan y transfieran el ingreso de donde se encuentra disponible hacia los sectores que carecen de él y lo necesitan para impulsar dinámicas económicas más equilibradas regional, sectorial y socialmente. Esto es más urgente hoy en día para enfrentar con los menores costos sociales posibles la actual crisis económica mundial.
Privilegiar a los sectores afectados y excluidos por las políticas neoliberales. La plataforma del Partido del Trabajo privilegia a los sectores afectados y excluidos por el neoliberalismo. Nuestro compromiso no sólo es con los más pobres, sino también con quienes han sido excluidos del mercado productivo y laboral y que han visto deteriorado su ingreso y su patrimonio como consecuencia de la apertura comercial indiscriminada y falta de políticas de fomento económico.
Para poder dirigir el desarrollo económico en favor de las grandes mayorías, se precisa que la política económica cambie sus objetivos e instrumentos. En lugar de seguir actuando en favor del capital financiero y especulativo, se pasará a priorizar objetivos de crecimiento económico generalizado, de empleo y distribución del ingreso.
Planteamos redefinir nuestra inserción en el proceso de globalización para alcanzar tratos comerciales, financieros y tecnológicos con Estados Unidos y el resto de los países desarrollados en nuestro favor. Para renegociar nuestras relaciones económicas con el exterior debemos partir de posiciones de fuerza que sólo se alcanzan a través de la participación democrática de toda la sociedad, sustentados en grandes acuerdos y consensos nacionales que antepongan los intereses nacionales a los del gran capital.
Estado democrático en favor de las demandas nacionales. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, y demás instituciones públicas deben responder a las necesidades nacionales y no a las presiones y demandas del capital internacional. Sobre todo ahora en el contexto de la crisis mundial. La política económica no debe ser determinada ni aprobada por los organismos financieros internacionales, sino debe encaminarse a superar los problemas del país, a impulsar el desarrollo nacional, a erradicar la pobreza y disminuir las diferencias existentes en relación a los países desarrollados.
Los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación, al crédito, han sido violentados por las políticas neoliberales. Haber dejado la dinámica económica a las fuerzas del libre mercado nos ha llevado a mayores desequilibrios productivos, del sector externo, a procesos de descapitalización de la esfera productiva, a restricciones crediticias, a mayor desempleo y pobreza de más de la mitad de la población.
Para satisfacer las necesidades y demandas de las grandes mayorías marginadas y excluidas del país es preciso establecer políticas de Estado de nuevo tipo, que pongan en el centro los objetivos nacionales y de las grandes mayorías frente a los intereses externos y de una elite nacional que ha actuado en perjuicio del Proyecto de Nación.
Restablecer la rectoría económica del Estado para garantizar el bienestar social. El mercado una vez más ha evidenciado que es incapaz de configurar condiciones de crecimiento sostenido, y mucho menos equitativo y soberano. Se requiere de la intervención firme y decidida del Estado para enfrentar los efectos sobre México de la crisis mundial y coordinar las acciones del sector privado y público en torno a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para el posterior crecimiento sostenido, equitativo y soberano. El Estado debe jugar un papel importante en regular la actividad económica para que ésta responda a la satisfacción de las necesidades de bienestar de las grandes mayorías.
Los objetivos de pleno empleo, desarrollo regional, producción de bienes de consumo esencial con grandes efectos multiplicadores internos, en favor del ingreso, el ahorro y con efectos positivos sobre el sector externo, así como la satisfacción de las necesidades esenciales de salud, educación, vivienda y alimentación, sólo pueden ser alcanzados bajo la rectoría económica del Estado. Requerimos urgentemente políticas crediticia, industrial, agrícola y comercial orientadas a resguardar y fortalecer el aparato productivo nacional en el actual contexto de crisis mundial, y que generen efectos multiplicadores sobre el empleo, el ingreso y el ahorro, y reduzcan las presiones sobre el sector externo.
Es obligación indeclinable del Estado atender y satisfacer las demandas sociales de salud, educación y vivienda, así como asegurar las condiciones de crecimiento sostenido y de pleno empleo para que todos los sectores de la población sean incluidos en el Proyecto Nacional.
La Plataforma Electoral del Partido del Trabajo resalta la necesidad de aumentar los niveles de escolaridad de la población, así como la calidad de la enseñanza en todos sus niveles, lo que implica mejorar el presupuesto en educación. El impulso al desarrollo de la ciencia y tecnología desempeña un papel importante en nuestra Plataforma, debido a que el desarrollo económico con distribución del ingreso está asociado al desarrollo tecnológico, a fin de incrementar la productividad, abaratar la producción de los bienes básicos de consumo e incrementar los salarios reales. El desarrollo de la ciencia y tecnología debe ser comandado e impulsado por el Estado, el cual debe incorporar a las empresas transnacionales y nacionales a favorecer el desarrollo tecnológico.
Nuestra política de salud plantea revertir la restricción presupuestal y el acelerado proceso de privatización que viene dándose en dicho sector, lo que afecta a los sectores más desprotegidos del país. El Estado debe asumir un papel activo en la producción de medicamentos básicos y genéricos a fin de contrarrestar el papel monopólico que ejercen las compañías farmacéuticas internacionales, así como controlar el desempeño de éstas para frenar el alza de precios en estos productos.
La inversión en vivienda popular forma parte de la estrategia alternativa de desarrollo que se propone, debido a que además de satisfacer una necesidad generalizada de los sectores de más bajos ingresos, la construcción de viviendas es una actividad económica con gran efecto multiplicador interno, dado que es intensiva en mano de obra y sus insumos son mayoritariamente nacionales.
La Plataforma Económica del Partido del Trabajo plantea la reestructuración y reordenamiento de la política económica y de la estrategia de desarrollo, orientadas a:
Recuperar el control estatal de sectores estratégicos y de la infraestructura básica, y asegurar su desarrollo. Se debe frenar el proceso de privatización de sectores estratégicos, tales como la industria eléctrica y petrolera, así como de la infraestructura básica, pues ello impide el desarrollo económico y sólo beneficia a quienes acceden al control de dichos sectores. Los legisladores federales de derecha no cederán en su intento por privatizar la industria petrolera: en el Partido del Trabajo alzaremos la voz y defenderemos en todo momento el carácter público y estratégico de la industria petrolera.
El desarrollo de los sectores estratégicos y la infraestructura básica debe ser dirigido por el Estado. No se debe dejar al sector privado esta responsabilidad porque sus intereses y propósitos sólo buscan la ganancia expedita a cualquier costo, y no la creación de condiciones de crecimiento sostenido y generalizado para el desarrollo nacional.
Para asegurar el desarrollo de los sectores estratégicos y la infraestructura básica, el Estado debe incrementar la inversión pública financiada con base en una mayor emisión de deuda, que será amortizada con el incremento de la recaudación tributaria que se obtendrá de un crecimiento económico más dinámico y sostenido. El gobierno tendrá mejores condiciones de incrementar impuestos y su recaudación en el contexto de un mayor crecimiento económico. Asimismo, la banca, sector estratégico por excelencia, debe ser regulada y supervisada por el Estado para que desempeñe su papel de otorgar financiamiento a la esfera productiva.
Privilegiar una política en favor de la esfera productiva y el empleo. La liberalización económica ha originado una asignación de recursos en favor del sector financiero en detrimento del sector productivo y del empleo. Por ello, la política económica debe privilegiar la asignación de recursos a la esfera productiva y a la generación de empleo, que configuren bases sólidas para el crecimiento económico y el desarrollo.
La estrategia que propone el Partido del Trabajo garantiza la defensa del empleo para todos, la eficiencia y producción suficiente para asegurar el abasto interno de bienes básicos para todos, y la erradicación de la dependencia alimentaria del exterior en que nos encontramos.
El desarrollo de la esfera productiva de alto componente nacional de mano de obra e insumos agrícolas e industriales debe ser prioritario para incrementar la generación de empleo e impulsar los sectores y las regiones rezagados y que han sido seriamente afectados por las políticas neoliberales. La estrategia que propone el Partido del Trabajo es incluyente, sobre todo de los sectores más pobres del país. Será a través de ampliar las oportunidades de empleo en la esfera productiva y de aumentar la transferencia de recursos de los sectores de más altos ingresos hacia los estratos de menores ingresos, como avanzaremos en la construcción de una economía y una sociedad más equitativa y solidaria.
El fomento a la producción de bienes de consumo masivo, el desarrollo tecnológico y de la productividad, así como el combate a las prácticas especulativas, son clave para incorporar el mayor número de trabajadores y productores a la economía formal, y con ello reducir las desigualdades en la distribución del ingreso.
Nos oponemos a que se siga priorizando la baja inflación a costa del crecimiento económico, de la competitividad, de contraer el mercado interno, de sacrificar las ganancias de las empresas, el empleo y el ingreso de las familias, y que se siga conduciendo al país por la ruta de mayores déficits del sector externo, endeudamiento interno y externo y de vender los activos nacionales.
La reducción de la inflación debe proseguirse sin comprometer los objetivos de crecimiento, redistribución del ingreso y soberanía nacional. Proponemos sustentar sobre bases productivas y financieras internas la reducción de la inflación y el crecimiento económico, ello exige replantear la política económica neoliberal vigente.
Para lograr la estabilidad del tipo de cambio, a fin de evitar una cascada e inercia inflacionaria, es importante reducir el déficit del sector externo. Para ello se precisa la revisión de la apertura comercial, la promoción de la sustitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones, así como de renegociar la deuda externa.
La distribución del ingreso debe sustentarse en un patrón de desarrollo eficiente y equitativo, con un alto efecto multiplicador interno en favor del empleo y de insumos nacionales. La política económica debe favorecer la esfera productiva y gravar a la esfera financiera y especulativa, para realizar una transferencia de recursos de los sectores que hasta ahora se han beneficiado de la política neoliberal actual.
No es sólo mediante políticas sociales compensatorias como se erradicará la pobreza y se mejorará la distribución del ingreso en el país. Se debe poner énfasis en las transformaciones productivas, la generación de empleo, el crecimiento de la productividad y la producción de bienes de consumo esencial, para crear las bases que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.
La política salarial debe reajustar salarios, no en torno a la inflación prevista que siempre resulta menor a la verificada, sino en función de la inflación pasada y del crecimiento de la productividad. En los sectores que tienen amplia capacidad de acumulación, los reajustes salariales deben rebasar el crecimiento de precios a fin de mejorar su poder adquisitivo e incrementar su demanda, y con ello incentivar el crecimiento de la inversión productiva.
Colocar al mercado interno como motor del crecimiento. La dinámica económica nacional no debe depender del mercado externo, el cual se encuentra contraído y además nos somete a una alta vulnerabilidad, sobre todo en el actual contexto de crisis mundial. Proponemos que sea el mercado interno el motor del crecimiento, sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado, con altos efectos multiplicadores internos. Ello requiere la expansión del gasto público, multiplicar el empleo y aumentar los salarios reales, así como mejorar la distribución del ingreso a favor de los sectores más desposeídos de la sociedad para incentivar la demanda efectiva interna. Para que el crecimiento del mercado interno genere una dinámica sostenida en la economía se precisa que la demanda tenga un gran componente nacional, y esto se exprese en efectos multiplicadores internos.
Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las cadenas productivas. Para disminuir las presiones sobre el sector externo, y mejorar los efectos multiplicadores internos a favor del empleo, ingreso y el ahorro, es importante reconstruir las cadenas productivas e impulsar el proceso de sustitución de importaciones. Esto requiere instrumentar políticas industriales, acompañadas de políticas crediticias, de subsidios, y de fortalecimiento del mercado interno.
El sector industrial debe reordenarse favoreciendo el desarrollo de las ramas productivas de bienes de consumo masivo de alto componente de insumos nacionales.
Capitalizar y desarrollar el agro mexicano. Conjuntamente con el desarrollo industrial, debe avanzarse en el impulso a la producción del sector agropecuario para que abastezca el crecimiento de la demanda interna, disminuya importaciones y genere excedentes susceptibles de ser exportados para la obtención de divisas necesarias para el crecimiento sostenido de la economía.
Para retomar la dinámica del sector agropecuario es necesario lo siguiente: la revisión de la apertura comercial, políticas de subsidios y desarrollo de la infraestructura para ampliar la frontera agrícola. Este sector merece especial atención en virtud del deterioro que ha tenido desde hace décadas, afectándose las condiciones de producción y el nivel de vida de los campesinos.
La recuperación de la dinámica agrícola, requiere de financiamiento barato, del crecimiento del mercado interno, de políticas de subsidios, así como de una política proteccionista, que evite que las importaciones desplacen a la producción nacional en nuestro mercado interno.
La propiedad de la tierra de nuevo ha vuelto a concentrarse, sin que ello se traduzca en mayores niveles de producción y empleo en dicho sector, sino por el contrario, las reformas al Artículo 27 Constitucional han actuado en detrimento no sólo del campo, sino de la economía en su conjunto, además de haber polarizado los niveles de concentración de la riqueza y el ingreso.
Para encarar esta situación es preciso ampliar la frontera agrícola, incrementar el empleo productivo, la producción de bienes de consumo generalizado y los salarios reales. Ello exige replantear las reformas de mercado instrumentadas en dicho sector.
Crear condiciones macroeconómicas y superar los obstáculos al crecimiento sostenido. Aunque por años se ha venido señalando que en el país lo macroeconómico está resuelto y lo que falta es traducirlo a lo microeconómico, el problema es que lo macroeconómico no está resuelto, y esto explica los problemas de la economía nacional.
Lo macroeconómico lo determina la situación que guarda el sector externo y las finanzas públicas, y el país presenta fuertes presiones en ambos frentes. Las finanzas públicas, como consecuencia de la gran deuda interna y externa y la derivada del rescate bancario, presentan un desequilibrio creciente. Las cuentas del exterior se encuentran a su vez desequilibradas debido al déficit comercial externo y a la carga creciente del servicio de la deuda externa. Tales presiones impiden la flexibilización de las políticas monetaria, crediticia y fiscal, condenando a la economía a políticas contraccionistas que impiden condiciones de crecimiento sostenido.
Frente a esta situación estructural es necesario superar las restricciones impuestas por la deuda pública y el déficit de comercio exterior. Para ello se precisa replantear y renegociar el pago de la deuda pública y revisar la apertura económica. Asimismo, para superar los grandes rezagos productivos es indispensable modificar radicalmente la política económica.
Política fiscal anticíclica. Las finanzas públicas se encuentran presionadas por la creciente deuda pública interna y externa. Toda alza de la tasa de interés y del tipo de cambio presionan a las finanzas públicas, y el gobierno en su propósito de evitar déficit fiscales crecientes y presiones sobre los precios, restringe el gasto público afectando con ello el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población.
La política fiscal no debe subordinarse a los objetivos de la política monetaria de reducir la inflación, sino que debe promover el crecimiento, la generación de empleos y el bienestar social. La política fiscal debe ser contracíclica a fin de contrarrestar la caída de las exportaciones y así frenar la contracción de la actividad económica, sobre todo ahora que se magnifica y profundiza la crisis económica mundial.
Para recuperar el manejo productivo de la política fiscal, se deben reducir los gastos por concepto del pago del servicio de la deuda. Con el propósito de anteponer el interés nacional, de los productores y de los trabajadores al del capital extranjero, es preciso renegociar con los acreedores internos y externos. La disminución del servicio de la deuda pública daría margen para incrementar el gasto y la inversión en favor del mercado interno y de la esfera productiva, y con ello promover el bienestar social.
El incremento del gasto público es indispensable para dinamizar el mercado interno y desempeñar así un papel anticíclico frente a los efectos sobre nuestro país de la crisis mundial. En el Presupuesto Federal se debe ampliar el gasto público orientado al desarrollo social, en educación, salud, alimentación y vivienda de la población más necesitada de tales servicios. El incremento del gasto público en el sentido indicado tendría en el corto plazo un incremento del déficit fiscal, pero ello sería contrarrestado por el efecto positivo sobre el mercado interno, sobre las ganancias de las empresas, el empleo y el ingreso de las familias, lo cual a su vez incrementaría los ingresos tributarios y corregiría progresivamente el mayor déficit fiscal.
Por ello, en nuestra Plataforma proponemos que el gobierno incremente el gasto público para defender la economía popular, resguardar el aparato productivo nacional y estimular la economía nacional en esta etapa de crisis mundial.
La deuda contraída por el gobierno debe ser para el fomento de la esfera productiva, y debe asegurar que los sectores favorecidos generen condiciones de pago a fin de evitar caer en niveles de sobreendeudamiento, como ha sido la norma. Asimismo, debe frenarse el proceso de endeudamiento neto para pagar deuda, pues ello nos ha llevado a un círculo vicioso que compromete el manejo de la política fiscal.
Nuestra propuesta consiste en que el gobierno asuma postergar sus obligaciones con los acreedores internacionales, reestructurar la deuda pública interna y disminuir su costo. Asimismo, los pagos que realice por dicho concepto, deben ser condicionados a que sean invertidos en la esfera productiva nacional, sobre todo en sectores de alto efecto multiplicador y mayor encadenamiento productivo nacional, así como al desarrollo tecnológico. Las finanzas públicas deben responder a los reclamos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, distribución del ingreso y bienestar de las grandes mayorías.
Política fiscal y la redistribución del ingreso. La mejor distribución del ingreso debe ir acompañada de una política fiscal que grave a los sectores de más altos ingresos y a aquellos que se han favorecido de la política neoliberal, como el sector financiero y especulativo y los vinculados al comercio exterior. Ello permitiría realizar una transferencia de recursos en favor de los sectores de más desfavorecidos a través de un mayor gasto público en salud, educación, alimentación y vivienda.
Los sectores de más bajos ingresos y la esfera productiva de bienes de consumo generalizado y con grandes efectos multiplicadores internos, no sólo deben ser desgravados, sino fomentados y apoyados a través de subsidios y de gasto público.
Proponemos, asimismo, la adopción e instrumentación del impuesto patrimonial, que es un impuesto que grava a quien más tiene sin afectar la inversión y el crecimiento. Dicho impuesto es redistributivo y favorece el crecimiento, pues permitiría aumentar el gasto público en favor de los más desprotegidos para incrementar la demanda de éstos, y así reactivar la economía.
Política monetaria en favor del crecimiento. La política monetaria contraccionista debe replantearse, lo que implicará modificar la Constitución. Dicha política no debe buscar exclusivamente la reducción de la inflación a cualquier costo. Los objetivos de la política monetaria deben orientarse a promover el crecimiento sostenido y generalizado de la economía, en una perspectiva de reducir la inflación con base en la productividad. Esto es más urgente que nunca en virtud de la gravedad de la crisis mundial y sus efectos sobre nuestro país.
La política monetaria debe satisfacer los requerimientos de liquidez y financiamiento que demanda la reconstrucción productiva del país. La estabilidad monetaria debe contribuir a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que compatibilicen una baja inflación con el crecimiento económico sostenido, la redistribución equitativa del ingreso y la soberanía nacional.
Reestructuración, regulación y coordinación del sector bancario y financiero. La liberalización financiera ha provocado la extranjerización bancaria, altas tasas de interés y restricción crediticia, lo cual ha perjudicado al aparato productivo nacional. Las empresas nacionales se han visto obligadas a recurrir al endeudamiento externo, al financiamiento interempresas, asociarse con otras, vender parte de sus activos, o salir del mercado. La situación de las empresas es crítica.
Para retomar el financiamiento, nuestra Plataforma Económica propone que el Estado retome su papel rector de la actividad económica, y por lo tanto, recupere el manejo de la política monetaria y crediticia, y refuncionalice las instituciones públicas de financiamiento para el desarrollo existentes, sobre todo NAFIN.
El Partido del Trabajo plantea además la reestructuración del sector financiero. El gobierno debe impulsar no sólo la banca de desarrollo, sino también debe tener banca comercial para que la banca extranjera no monopolice el sistema de pagos en el país, pues ello le da un control absoluto sobre la política crediticia y sobre los rumbos de la vida económica nacional.
El Estado debe ejercer mayor fiscalización y control sobre el banco central y la banca extranjerizada a fin de que éstas otorguen financiamiento preferencial a sectores productivos con alto componente nacional y efecto multiplicador interno para impulsar así dinámicas más autosustentadas y menos vulnerables.
Los fondos para el retiro, que son recursos de largo plazo, deben ser canalizados al financiamiento de la inversión productiva de bienes de consumo generalizado, de alto efecto multiplicador interno a fin de garantizar condiciones de crecimiento sostenido y generación de empleos, con el requisito de asegurar el reembolso futuro de los fondos de pensión.
Revisión de las políticas de liberalización económica. La revisión de la apertura comercial es imprescindible para proteger y preservar la planta productiva nacional y el empleo. No se trata de configurar políticas proteccionistas que se traduzcan en ineficiencia y ganancias monopólicas, como en el pasado, sino que éstas políticas, así como las de subsidios fiscales y crediticios, se condicionarán al cumplimiento de metas de productividad, de avance en la sustitución de importaciones, de promoción de exportaciones y de remuneraciones salariales que incorporen crecimiento de productividad, de ganancias y de precios.
El movimiento externo de mercancías debe ser regulado y controlado por el Estado para evitar prácticas de competencia desleal en detrimento de a producción nacional y de la balanza comercial. Lo mismo debe ocurrir con el movimiento externo de capitales para impedir prácticas especulativas que desquician el funcionamiento del mercado de capitales y el sector bancario, y presionan sobre la tasa de interés y el tipo de cambio.
La inversión extranjera directa debe ser regulada y canalizada a favor de sectores productivos de alto componente nacional y efecto multiplicador interno, que favorezcan el desarrollo tecnológico y la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de capital, y el aumento de las exportaciones con alto valor agregado nacional. Ello es indispensable para reconstruir nuestro desarrollo industrial en una perspectiva de mayor integración interna y menor vulnerabilidad externa de la economía.
Replantear las relaciones económicas con Estados Unidos y vincularnos más con países de características económicas similares. La revisión de la apertura comercial implica replantear los tratados de libre comercio, sobre todo el establecido con Estados Unidos y Canadá, dado que el primero es nuestro principal socio comercial. Debemos proteger aquellos sectores e industrias donde enfrentamos fuertes retrocesos productivos y de capitalización como consecuencia de la apertura, y para ello se precisa retomar las políticas tarifarias y no tarifarias en las actividades más afectadas.
El Partido del Trabajo propone que nuestro país vea más hacia América Latina y el Caribe y hacia los países asiáticos, y no seguir profundizando los vínculos con Estados Unidos como se ha venido haciendo en las últimas décadas. Debemos buscar una mayor integración latinoamericana y caribeña para negociar en bloque con Estados Unidos, para anteponer los intereses nacionales y latinoamericanos en toda negociación comercial y financiera frente a dicho país.
Una mayor integración de México con Latinoamérica y el Caribe y con los países asiáticos, con los cuales compartimos grandes similitudes, permitiría potenciar un desarrollo industrial y agrícola complementario entre todos con el fin de impulsar dinámicas más autosustentadas y reducir nuestra vulnerabilidad externa en el contexto de la globalización y de la crisis económica mundial.
Configurar una correlación de fuerzas favorable para la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación. Construir un Nuevo Proyecto de Nación en el actual proceso de globalización y de crisis mundial implica un desafío de grandes proporciones, pues exige no sólo cambiar la actual correlación de fuerzas nacionales, sino a nivel internacional.
El desarrollo productivo, la disminución de la vulnerabilidad externa, y la configuración de condiciones financieras y macroeconómicas para enfrentar la crisis y relanzar el crecimiento sostenido con redistribución del ingreso, requieren de la participación activa de todos los sectores nacionales.
Los sectores excluidos del modelo neoliberal, la gran mayoría de la población, deben frenar y replantear dicho esquema de desarrollo, de lo contrario seguiremos desdibujándonos como país y relegando el Proyecto de Nación que nos dio identidad, bajo el cual se negociaba y se anteponían los intereses nacionales frente a los del exterior, y que debe a su vez anteponer los intereses de las grandes mayorías frente al de las minorías que controlan el poder económico y político del país.
Para realizar los cambios estructurales y de las políticas públicas vigentes, se requiere que los productores y trabajadores industriales, agrícolas y de servicios se movilicen y tengan una participación activa, porque sólo así se logrará la adopción e instrumentación de las medidas que favorezcan el desarrollo nacional y el bienestar social. Se requiere de la unidad nacional, sobre todo de los sectores excluidos de la política neoliberal, que son la gran mayoría, para cambiar la correlación de fuerzas predominante en el país.
Política de alianzas para el cumplimiento de objetivos nacionales. La propuesta del Partido del Trabajo está encaminada a configurar acuerdos nacionales con otros partidos y fuerzas políticas y con los más amplios sectores de la sociedad para que juntos cambiemos la correlación de fuerzas, y así podamos establecer un Nuevo Proyecto Nacional democrático y con equidad económica y social.
Proponemos un esquema de alianzas por un nuevo orden internacional más justo, equitativo y democrático que nos lleve a depender menos del exterior y permita retomar el manejo soberano de política económica en una perspectiva diferente al neoliberalismo aún predominante en nuestro país, para recuperar y reconstruir la participación del Estado en la economía, que frene las prácticas especulativas, el proceso de extranjerización, y que atienda las demandas nacionales, sobre todo la de las grandes mayorías del país.
Democratización de la toma de decisiones y supervisión del cumplimiento de los objetivos nacionales. La sociedad democráticamente organizada debe participar más activamente en la toma de decisiones y en la supervisión y control de las acciones del sector público y privado para el cumplimiento de los acuerdos nacionales.
El Partido del Trabajo se pronuncia por la participación de la ciudadanía y de organizaciones sociales en el control y supervisión de las actividades de las instituciones públicas y de las grandes empresas y sectores estratégicos, sean públicos o privados, con el fin de combatir la corrupción, garantizar la transparencia de sus acciones y funciones, y asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales.
Sin democracia en todos los niveles y en la toma de decisiones fundamentales, no se podrá revertir el status quo reinante y atender las necesidades de las grandes mayorías del país. De ahí que la premisa de la cual partimos para nuestra plataforma económica, es el avance de la democracia en todos los planos de la vida nacional, lo que demanda la apertura de los medios de comunicación al debate de las ideas y proyectos, cuestión indispensable para la toma de conciencia de la población. Sólo así las grandes mayorías podrán anteponer un Nuevo Proyecto de Nación a quienes hoy detentan el poder económico y político, y frenar y revertir la inercia desnacionalizadora, de descapitalización productiva y de depauperización en que se encuentra México.
IV. SEGURIDAD PÚBLICA
Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a las medidas de prevención y combate a la delincuencia. La inseguridad es un problema que ha crecido exponencialmente y que afecta a prácticamente toda la población del país. Los mexicanos hemos visto con asombro el crecimiento impresionante de la delincuencia. Las encuestas recientes en relación a los principales problemas que padecemos la sitúan en el primer lugar. Inclusive, comparativamente hablando, estamos dentro de los países con los índices más altos de delincuencia a nivel mundial.
Como sabemos, las dos principales razones de esta situación son la crisis económica y política que padecemos, y el narcotráfico. Hay una relación directa entre ambos fenómenos. La imposibilidad de resolver esas dos cuestiones en el corto plazo nos ubican en una perspectiva en donde los delitos, lamentablemente, mantendrán su alto nivel de incidencia.
La sociedad mexicana se ve agraviada por la constante comisión de delitos de todo tipo, sin importar que estos sean del Fuero Federal o del Fuero Común. La respuesta de la autoridad ha sido ineficaz e ineficiente. Según datos oficiales, del cien por ciento de delitos cometidos al menos el noventa por ciento no son perseguidos y del restante diez por ciento sólo un cuatro por ciento concluye con sentencias condenatorias en primera instancia, que posteriormente pueden ser modificadas vía apelación o amparo que benefician a los delincuentes y que los deja en libertad.
Por esta razón el Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de revisar a fondo el tema de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia.
En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública:
a) Los delitos se derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia.
b) Los delitos que comete el delincuente individual como oficio o modus vivendi.
c) Los delitos realizados por las bandas organizadas.
d) Los delitos cometidos por la delincuencia gubernamental.
Es pertinente destacar que la Seguridad Pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. En consecuencia la obligación del Estado es la de salvaguardar la integridad de los gobernados y de mantener sus libertades. Sin embargo, es evidente que esta obligación no ha sido cumplida debidamente por el Poder Público.
Para poder atacar de manera eficaz el problema de la Seguridad Pública el Partido del Trabajo propone una revisión exhaustiva de los ordenamientos legales que regulan la actividad del gobierno en el combate a la delincuencia particularmente en estos aspectos:
a) Prevención de la Delincuencia
b) Procuración de Justicia en las fases de averiguación previa y proceso penal
c) Actuación de los órganos jurisdiccionales
Entre las distintas leyes que nos proponemos revisar se encuentran la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras de carácter penal.
También revisaremos lo referente a los delitos ambientales, ya que no podemos permitir que se siga deteriorando el mundo en que vivimos. El Partido del trabajo impulsará el que el Procurador General de la República sea designado por la Cámara de Diputados, ello para garantizar la total independencia, respecto del Presidente de la República, de quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos del fuero federal.
El Partido del Trabajo está obligado a responder a la sociedad con medidas legales que permitan afrontar el combate a la delincuencia, así como de dotar a las instituciones encargadas de procurar justicia de los instrumentos legales que les permitan cumplir de mejor manera su función.
Los legisladores electos por el pueblo y que emanen del Partido del Trabajo nos comprometemos a trabajar constantemente en beneficio de las grandes mayorías de este país.
V. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO
Es evidente que el atraso en el que está sumido el agro mexicano viene de muchos años atrás y sería exagerado afirmar que es responsabilidad única del neoliberalismo, aunque éste vino a agudizar la crisis estructural del campo mexicano. Lo preocupante es que no vemos una estrategia clara para hacer frente a este atraso y cada vez son menos los mecanismos públicos para fomentar el crecimiento y desarrollo del sector.
El régimen neoliberal a partir de su instauración en los años 80 se impuso como tarea central desaparecer la economía campesina en México. De un plumazo canceló el derecho a la tierra que millones de mexicanos demandaban con toda justicia. Según ellos, el modelo de explotación y tenencia de la tierra en nuestro país se había agotado y ya no era funcional a los requerimientos del sistema económico actual de nuestro país.
El ejido, las tierras comunales y todas aquellas formas de propiedad social deberían desaparecer para dar lugar a regímenes mixtos de propiedad privada y social, o exclusivamente privados, que permitieran impulsar la productividad del campo mexicano. En el fondo, las Reformas al Artículo 27 Constitucional en las cuales se sustentaba este proceso lo único que pretendían era privatizar la tierra en México. La esperada inversión de capitales en la agricultura como resultado de la contrarreforma agraria, así como la elevación de la eficiencia y el incremento a la producción de alimentos y materias primas se ha convertido en una quimera inalcanzable.
En suma, nuestro país tenía que modernizarse y ponerse a tono con los cambios que se estaban dando en el mundo. Sin embargo, como sabemos, lo ocurrido es algo totalmente distinto, el campo no ha mejorado, hemos perdido nuestra autosuficiencia alimentaria y en términos de competitividad tanto en el mercado interno como en el externo la situación es deplorable.
Hoy el panorama del campo mexicano nos muestra que, por un lado, existen grandes agricultores, exportadores de hortalizas y de frutas, con sistemas de riego, riego por goteo y crédito preferencial; por otro, subsiste una enorme población de campesinos con tierras ejidales y comunales empobrecidos y abandonados a su suerte. Haber legalizado el arrendamiento de tierras, permitir la asociación de la propiedad social con grandes agricultores capitalistas, no ha beneficiado en nada a nuestros campesinos
Para el Partido del Trabajo la única solución posible se fundamenta en una verdadera reforma agraria que modernice y haga altamente productiva la economía campesina.
Para ello es necesario establecer programas de capacitación y asesoría; contar con instituciones de crédito para destinar al agro mexicano recursos financieros a tasas preferenciales; instituir canales de distribución y comercialización de los productos del campo; abatir el rezago agrario y dar seguridad jurídica a los verdaderos dueños de la tierra; en suma, reformar el Artículo 27 Constitucional para que los pueblos recuperen su derecho a la tierra y los principios sobre la tenencia social de la tierra; y establecer medidas de protección a los productores nacionales ante la desleal competencia externa. Es necesaria una Reforma Agraria Integral que resuelva las injusticias de más de 80 años de corrupción, de ineficiencias e ineficacias.
Conscientes de los orígenes de los problemas que aquejan al sector agropecuario, en el Partido del Trabajo consideramos que la única forma de resolver la crisis del sector radica en la adopción de una nueva vía de desarrollo para el campo mexicano, sustentada en los siguientes principios:
• Democratización de la vida rural, desterrando el caciquismo, la corrupción y la apropiación ilegal del poder político y del excedente económico.
• Dotar a los campesinos de tierras, ellos deben gozar nuevamente de la tenencia de la tierra porque se han convertido en simples jornaleros agrícolas, han pasado de ser sujetos a ser objetos dentro del proceso productivo en el campo mexicano
• Dar marcha atrás en el proceso de destrucción de la propiedad ejidal y campesina. Incluso, tal como lo mencionamos, es necesario reformar el Artículo 27 constitucional para regresarlo a los términos que tenía antes de la modificación hecha en el sexenio salinista. Es fundamental, pues, garantizar el derecho a la tierra dentro de los preceptos constitucionales.
• Promover la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para ajustarlo a condiciones de verdadera equidad y competitividad.
• Atender de manera efectiva y eficiente el rezago agrario. Es necesario aclarar esta situación, por el bien de millones de campesinos que necesitan certidumbre legal para realizar su actividad.
• Alentar el desarrollo agropecuario integral, articulando el fomento productivo con la inversión pública en infraestructura, servicios básicos, educación y salud, con la apertura de instancias y mecanismos para la participación comunitaria.
• Establecer barreras arancelarias para proteger a los productores nacionales de la desleal competencia extranjera.
• Establecer programas eficientes de recuperación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales explotables, para lograr el desarrollo sustentable a largo plazo.
• Impulsar programas ejidales y comunales a través de un programa nacional de protección y apoyo al desarrollo de las zonas ejidales y turísticas de nuestro país.
• Establecer y fomentar canales de distribución y comercialización de los productos agropecuarios provenientes del campo mexicano.
• Establecer un Acuerdo Nacional para lograr una Reforma Agraria Social Productiva que tenga como directriz la soberanía alimentaria.
• Canalizar créditos con tasas preferenciales a los ejidatarios y medianos y pequeños productores, a través de instituciones financieras creadas para tal fin.
• Establecer políticas y programas productivos que inhiban el éxodo masivo de los campesinos hacia las ciudades y hacia el extranjero.
• Recuperar una adecuada participación de las instancias gubernamentales en el fomento productivo, evitando incurrir en prácticas burocráticas y de clientelismo político.
• Fortalecer el subsidio a los productores para hacer frente a la competencia externa, y adoptar una política permanente de concertación entre el gobierno y los productores del campo.
• Promover la modernización del agro mexicano, haciendo funcionales las formas de propiedad social existentes.
VI. ÁMBITO SOCIAL
México no será un país moderno mientras no resolvamos el atraso, la pobreza, la marginación y la desigualdad social. En términos de ingreso y condiciones materiales de vida, esta situación abarca a la mitad de la población nacional y es particularmente grave para los más de 20 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza. El modelo neoliberal del grupo gobernante no sólo sigue profundizando estos problemas, sino que además está provocando el rompimiento del tejido social y alterando la paz que tanto necesita el país para su desarrollo.
Uno de los ámbitos de mayor interés para el Partido del Trabajo lo constituye el área social, por ser ésta donde han repercutido con mayor agudeza los efectos negativos de la actual crisis económica y de las políticas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos sexenios, que han provocado las crisis recurrentes que ha padecido nuestro país y de las repercusiones de nuestra inserción a la globalización en el marco de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas. Nuestro interés fundamental se centrará en los siguientes aspectos:
1. Combate a la pobreza y a la desigualdad social
México al igual que la mayoría de las naciones en vías de desarrollo ha visto incrementar el nivel de pobreza y de pobreza extrema en su tejido social. La desigualdad en México es peor que hace 50 años y el poder adquisitivo de los salarios actuales es menor al de hace dos décadas, sin embargo, para desterrar a la pobreza se tiene que entender las causas de su origen, porque sólo de esa manera se pueden plantear alternativas que combatan a fondo y de forma sistemática a este grave flagelo social.
Las causas de la pobreza se remontan a la existencia de la propiedad privada de los medios de producción en cualquier sociedad. La producción de un excedente genera, junto con dicha apropiación, el surgimiento de clases sociales dentro de la población. Al existir una clase que es la dueña de los medios de trabajo, necesariamente existirá otra que no tenga más que su propia capacidad productiva como herramienta de trabajo y como medio de vida. También es importante dejar claro que esta pobreza puede ser alentada si la clase dirigente de una nación aplica políticas económicas que sólo van dirigidas a fortalecer al bloque hegemónico que conduce los destinos de esos países a través de impulsar la concentración del ingreso a su favor. Este último aspecto es lo que hemos podido observar en las naciones en vías de desarrollo y en particular en México, como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales desde hace más de dos décadas y que han dado como resultado el empobrecimiento de millones de habitantes en nuestro continente y en contrapartida han creado un reducido grupo de magnates que lo tienen todo.
El propio Banco Mundial reconoce la magnitud que tomó la pobreza en el mundo, señalando que un tercio de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza, mientras que casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza. En el caso de México, especialistas muestran estudios en los que se reconoce la existencia de más de 70 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, mientras que en pobreza extrema viven más de 40 millones.
La pobreza se ha enraizado con mayor agudeza en el medio rural donde viven más de 25 millones de nuestros compatriotas. Es en el campo mexicano donde se encuentran los más pobres entre los pobres. Pero el medio urbano tampoco ha escapado a los efectos perniciosos de la pobreza y de la pobreza extrema. Millones de niños, ancianos y mujeres se debaten entre la desigualdad y la pobreza; entre la desnutrición y la ignorancia; entre la enfermedad y la muerte.
Por esa razón, el Partido del Trabajo se ha comprometido con la causa de los trabajadores y de los pobres de nuestra nación. Por eso incorporamos la urgencia de llevar a cabo un combate frontal a la pobreza y en particular a la pobreza extrema. Para ello planteamos la exigencia de dar un cambio radical al modelo económico vigente, desterrando la base de la producción de la pobreza como es la política económica neoliberal, así como la implementación de una política de redistribución del ingreso a través de una reforma hacendaria integral que cobre impuestos a los que más tienen. La sociedad está harta, ya basta de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Los programas de combate a la pobreza en nuestro país están orientados a fines puramente asistencialistas y en muchas ocasiones electoreros, para nuestro instituto político no se trata de paliar la miseria sino de desterrarla. Nuestra propuesta en este sentido ha estado enfocada siempre a que los recursos públicos que se destinen a estos programas sean, en lo fundamental, para proyectos productivos que tengan un impacto directo en la generación de ingresos propios para los más pobres de México, de tal suerte, que su efecto no solo se manifieste en la producción sino también en la ampliación de la demanda interna.
2. Redistribución del ingreso
La modernización y democratización de México debe sustentarse en una redistribución equitativa del ingreso. La eliminación de la pobreza y de los rezagos sociales constituye una premisa necesaria para ello, pero no la garantizan. La redistribución del ingreso que impulsa el Partido del Trabajo apunta no sólo a la erradicación de las mayores desigualdades heredadas, sino a una nueva manera de distribuir los frutos de la modernización económica, de manera que aliente el trabajo productivo, establezca relaciones sociales más equilibradas y genere ciudadanos libres.
Para lograr este objetivo el Partido del Trabajo se esforzará por aumentar la participación de la población de menores ingresos y reducir la de la población más rica dentro de la renta nacional, mediante la formulación de políticas públicas que alienten la modernización incluyente y la reactivación de la economía; políticas de recuperación salarial directa y por productividad; políticas crediticias preferenciales y de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, así como políticas que graven más a los que más tienen y exenten a los trabajadores de bajos ingresos.
3. Redistribución del Poder Social
La desigualdad social no sólo depende de las diferencias de clase o ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, mejoramiento personal y participación social, cultural y política. La mayor parte de la población mexicana sufre discriminaciones de este tipo, las cuales se apoyan tanto en las instituciones vigentes como en tradiciones culturales profundamente arraigadas como el machismo y el racismo. El resultado de esto es que las mujeres (51.2% de la población nacional) y los indígenas (14%) son víctimas de diversos tipos de discriminación y marginación que los convierte en ciudadanos de segunda.
Para combatir esta situación el Partido del Trabajo impulsará acciones concretas de apoyo a la acción autónoma de los distintos sectores oprimidos y abrirá espacios específicos de participación a los mismos en la vida laboral, social, política y cultural del país.
4. Mujeres y democracia
El Partido del Trabajo reconoce la importancia de la lucha de las mujeres, cuyas propuestas y demandas exigen un cambio en las relaciones sociales, de género, en la pareja, la familia, en la sociedad civil y sus organizaciones, así como en las instituciones políticas. A fin de avanzar hacia la igualdad social, económica y política de la mujer mexicana, el Partido del Trabajo se compromete a impulsar las siguientes líneas de acción.
a) Construir medidas legales y culturales que coadyuven a terminar con la violencia hacia las mujeres en todas su manifestaciones y en todos los ámbitos de la vida social; garantizar su seguridad pública, incluidas todas aquellas mujeres que son víctimas cotidianas de la corrupción de los cuerpos policíacos; y establecer leyes estrictas que impidan el acoso sexual en los centros de trabajo.
b) Promover reformas legislativas que otorguen el derecho a la maternidad libre y voluntaria, acompañándolas de programas de educación sexual, paternidad responsable y métodos anticonceptivos.
c) Sancionar toda discriminación sexual, garantizando igualdad de condiciones y oportunidad laborales, sociales, políticas y culturales.
d) Promover programas de capacitación para mujeres en oficios no tradicionales y para el desarrollo de aquellas que habitan en el medio rural.
e) Introducir el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra en la propiedad ejidal, igual que los varones, derecho a asesoría, capacitación técnica y acceso a insumos y créditos. Complementar estas medidas con una legislación que proteja los derechos laborales que las jornaleras agrícolas.
f) Compromiso real para impulsar políticas de acción afirmativa del género femenino, que eliminen la marginación y la discriminación a través de cuotas crecientes de participación de las mujeres en los ámbitos más relevantes de la vida social, particularmente en los puestos de representación y dirección de las organizaciones sociales y políticas y, en los cargos de elección de los poderes públicos.
g) Promover las lucha contra la discriminación y la desigualdad en los centros labores por motivos de embarazo o de atención materna.
h) Promoverá que toda iniciativa de ley se estudie y analice en las Comisiones de Equidad y Género de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, con el fin de que se tome en cuenta la perspectiva de la mujer y la manera en que impactarán en el ámbito femenino.
5. La problemática juvenil e infantil
México es un país joven, integrado en su mayoría por niños y jóvenes, sin embargo, este sector de la sociedad mexicana no ha contado con leyes, políticas públicas e instituciones que propicien su desarrollo real en los principales aspectos de la vida social que le afectan e interesan -educativo, laboral, político y recreativo-, de cara a forjar con cada nueva generación un México mejor.
El ciclo de crisis económicas recurrentes y la poca importancia que para los gobiernos de derecha tiene este segmento de la población, han recrudecido los problemas que los afectan. Por ello, no es casual que la delincuencia, la vagancia, la drogadicción y el alcoholismo hayan crecido sensiblemente entre los jóvenes en los últimos 30 años.
Partiendo de esta situación, el Partido del Trabajo propone impulsar políticas, leyes e instituciones para su desarrollo integral, en las cuales su voz se escuche de manera clara y sus iniciativas definan el perfil que debe tener un México más justo, igualitario y democrático. En este sentido proponemos impulsar las siguientes medidas:
Con relación a la niñez:
a) Garantizar a la niñez mexicana alimentación, salud, educación, esparcimientos y ambiente familiar afectuoso.
b) Establecer programas específicos para los niños de la calle, con el objeto de dotarlos de servicios y atención básica, que permitan su reinserción paulatina a la sociedad.
c) Ampliar las medidas y disposiciones de orden legal que combatan el tráfico, la pornografía, la prostitución infantil, así como la pedofilia y la pederastia.
Con relación a los jóvenes:
a) Ampliación sustancial del acceso de los jóvenes a la educación en todos los niveles del sistema nacional.
b) Vincular sólidamente el sistema educativo con el aparato productivo, sobre todo en los niveles técnico y profesional, de modo que los jóvenes adquieran los medios necesarios para integrarse adecuadamente al mundo laboral.
c) Incrementar y diversificar las fuentes de empleo productivo y bien remunerado para los jóvenes, de manera que puedan mejorar efectivamente sus condiciones de vida.
d) Fomentar la participación social y política independiente entre los jóvenes, a fin de que vayan incidiendo de manera creciente en los ámbitos de decisión de la vida pública.
e) Promover todas las formas de expresión cultural de la juventud, sin prejuicios ni manipulaciones de tipo político.
f) Garantizar el derecho al deporte y la recreación, como condiciones indispensables para el desarrollo sano y equilibrado de todos los jóvenes mexicanos.
g) Fortalecer los esfuerzos de orientación a la juventud sobre el efecto pernicioso del uso y tráfico de sustancias de uso ilegal.
h) Dotarlos de información suficiente respecto a los temas de salud sexual y planificación familiar.
6. La cuestión indígena
La exclusión histórica de México indígena ha impedido que el desarrollo nacional se logre a cabalidad para todos los mexicanos. El sistema colonial impidió a los pueblos indios continuar su desarrollo de acuerdo con sus propias formas de vida. Este sistema mantuvo a la población indígena en condiciones en cierta forma similares a las que hoy vive la mayoría del pueblo mexicano por voluntad del gobierno y de los dueños del poder económico, es decir, bajo la obligación de crear una gran riqueza para enviarla al exterior, antes en forma de tributo a la Corona española, ahora como pago de la deuda externa.
Durante el primer siglo de vida independiente la situación de la población indígena no cambió, aunque los letrados y gobernantes dijeran haber recuperado con orgullo lo indígena para incorporarlo en la formación y desarrollo de México. La revolución de 1910-1917 y las décadas posteriores no cambiaron mucho las cosas: mientras por un lado se alababa la grandeza del pasado prehispánico, por el otro se negaba la capacidad de los pueblos indios de decidir su destino.
Hoy vemos que las políticas indigenistas sólo dan cuenta de estructuras y despilfarros burocráticos, mientras los pueblos y comunidades siguen esperando las bondades del desarrollo comandado primero por el Estado populista y ahora por el Estado neoliberal. Este es el trato que les ha dado el Estado Mexicano desde el triunfo de la revolución. Por ello no fue casual que el 1º de enero de 1994 estallara la insurrección indígena del EZLN en Chiapas.
Ésta puso en claro que históricamente a los pueblos indios no se les ha escuchado a pesar de que demandan algo muy simple: no más despojo de tierras, no más explotación ni discriminación racial, represión y muertes injustas en su contra. No más interferencia en sus usos y costumbres. En una palabra: RESPETO.
Como consecuencia de esto, hoy la problemática indígena no resuelta reclama la creación de un Nuevo Proyecto Nacional que incluya a todos los mexicanos sin excepción. En este sentido, el Partido del Trabajo asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones:
a) Reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para incorporar en el marco jurídico mexicano los legítimos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular su derecho a la libre determinación ejercida por medio de la autonomía en el marco del Estado nacional, dentro de los acuerdos de San Andrés.
b) Asignación en los presupuestos públicos de la Federación y los estados de recursos económicos, científicos y técnicos suficientes para el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, con el derecho legal para ser administrados por ellos de acuerdo a sus necesidades y formas propias de organización.
c) Creación inmediata de instancias y mecanismos en todos los niveles de gobierno para preservar y promover el desarrollo de sus culturas, dirigidos por representantes de sus pueblos y comunidades.
d) Que el gobierno Federal cumpla cabalmente los acuerdos que suscribió con el EZLN en el Diálogo de San Andrés Larráinzar.
7. Salud
La salud constituye otro de los ámbitos de la política social en la que el Partido del Trabajo tiene un profundo interés por reorientar, mediante la canalización de mayores recursos a este sector. Estamos convencidos de que una población sana y bien alimentada será la base para que los habitantes de nuestra nación logren mayores niveles de desempeño en cada una de las actividades que realizan.
Tenemos claro que el sistema de salud en México enfrenta dos problemas cruciales que tendrán graves incidencias y a los que habrá que hacerles frente. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de la proporción de personas de mayor edad en la estructura poblacional, lo que supone una mayor demanda de servicios médicos más especializados; el segundo, está relacionado con la distribución espacial de la población.
El sistema de salud en México ha logrado dotar de los servicios médicos elementales y en cierta medida especializados, así como de hospitales a la población de los núcleos urbanos de mayor concentración. Sin embargo, en el campo mexicano continúa la población dispersa en múltiples comunidades, a las que no llega la cobertura de los más elementales servicios médicos, ni cuentan con hospitales. Por ello, el reto del sector salud y de la política social en esta materia, será lograr una cobertura total de esos servicios y la mayor especialización de los servicios médicos ante el creciente proceso de envejecimiento de la población mexicana.
Otro reto lo constituye la urgencia de alentar la participación crítica de la población en la conformación de una medicina preventiva, porque estamos convencidos que es mejor prevenir que curar. Detectar y controlar desde sus primeras fases las enfermedades y transformar la medicina curativa en preventiva dará mejores resultados a la política de salud en nuestro territorio. En ese sentido, hemos propuesto iniciativas de Ley que modifiquen el marco legal que rige el renglón de salud para que en la prevención y curación de los males que aquejan a la población, la medicina alternativa tenga el espacio formal que le debe corresponder. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y como consecuencia de ello la flora y la fauna ha sido un recurso ancestral que la medicina tradicional ha utilizado para curar y prevenir las enfermedades.
Asimismo, para nadie resulta una novedad que la acupuntura, la digitopuntura, la quiropráctica, homeopatía y herbolaria, por sólo mencionar algunas, son alternativas probadas y reconocidas en el plano científico y legal y, por tanto, utilizadas en una buena parte del mundo. Seguiremos insistiendo en que dentro de las leyes relativas a la salud se incorporen las propuestas de medicina alternativa señaladas, que en nuestra opinión son una opción viable y que representan menores costos económicos para la población y para las instituciones de salud pública. Nos queda claro que la aceptación de esta propuesta ha tenido obstáculos que provienen principalmente de las grandes empresas químico-farmacéuticas que con ello ven amenazadas las inmensas ganancias que generan año tras año.
Desterrar la corrupción al interior del sistema de salud en nuestro país, es otra tarea urgente y necesaria. Hemos visto como instituciones como el IMSS y el ISSSTE se están desmoronando como resultado de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a esas dependencias del sector salud. Los altos funcionarios de esas instituciones tienen altos sueldos, mientras los derechohabientes no tienen acceso a los medicamentos y tienen que comprarlos para poder enfrentar sus problemas de salud. Asimismo, esas instituciones ya no cuentan con dinero para cubrir las pensiones de sus trabajadores, pues el patrimonio de éstos se desvió en anteriores gobiernos a las campañas políticas, y a partir de las reformas al sistema de pensiones de 2007, el derecho a jubilación se convirtió en un sistema de ahorro individual por lo que las aportaciones de los trabajadores están en manos de empresas privadas y ya no serán administrados por el gobierno, lo que preocupa aún más ya que como es sabido de todos, las empresas van tras la ganancia y no tras la protección del dinero de los trabajadores. A penas van dos años de la mencionada reforma y las aportaciones que han hecho los trabajadores al servicio del Estado no sólo han perdido día a día poder adquisitivo sino lo que es más grave, se han esfumado.
Por eso, hemos planteado en legislaturas anteriores en la H. Cámara de Diputados modificaciones sustanciales a la CONAMED, que es la institución encargada del arbitraje entre la ciudadanía y las instituciones de salud pública y privada, para evitar que los actos de corrupción y de negligencia en los servicios públicos siga en la impunidad. También en ese renglón dedicaremos nuestros esfuerzos en las tareas legislativas.
Hoy por hoy, las tres principales causas de muerte en México son en orden de importancia, las enfermedades cardiacas, en especial los padecimientos isquémicos; los tumores y la diabetes mellitus. Cada año se diagnostican 10 mil casos de padecimientos de cardiopatía isquémica; pero no debemos olvidar que enfermedades como la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades gastrointestinales entre la población infantil, que también son una fuente importante de padecimientos que cada día van en aumento, sin olvidar el grave problema de salud pública que representa el SIDA. Por lo tanto, realizar una política de amplia difusión sobre las graves consecuencias de ellas, será una tarea muy importante que habrá desarrollar el sector salud entre los habitantes de nuestro país, para impedir que sigan cobrando víctimas y reducir su incidencia entre la población.
Para enfrentar los retos del sector salud, se necesitan recursos humanos y materiales. En ese sentido, la propuesta del Partido del Trabajo consiste en impulsar una reforma constitucional para que se garantice canalizar cada año, al menos, el 8 por ciento del producto interno bruto al sector salud, tal como se ha aprobado en el rubro de educación. Reconocemos que esto implica un esfuerzo recaudatorio importante, pero que es factible de llevar a cabo en el corto plazo conforme lo hemos propuesto en la parte relativa al fortalecimiento de las finanzas públicas.
8. Educación
El Partido del Trabajo reconoce que la educación es un proceso de adquisición de conocimientos que sirve para transformar las condiciones materiales de los individuos en sociedad, pero que todo este sistema educativo debe ser regido y regulado por el gobierno en aras de la uniformidad y homogeneidad del proceso de trasmisión del conocimiento, así como de la investigación en el campo científico.
En México persisten enormes insuficiencias en la educación pública. Nuestro país tiene el enorme reto que representa atender a cerca de un tercio del total de la población en materia educativa. Pero si atendiéramos a la composición por edades de la misma, nuestro sistema educativo debería proporcionar educación a casi la mitad del total de la población. Una gran cantidad de jóvenes de entre 15 y 22 años no tienen oportunidad de acceder a la educación media superior y a la educación superior por falta de recursos económicos. Los verdaderos problemas de la educación en México empiezan en estos dos niveles. Amén de que en la educación básica, aunque en su mayoría está cubierta, las recientes encuestas internacionales nos han mostrado que la calidad de la misma deja mucho que desear.
Es sumamente preocupante que el sistema educativo mexicano esté en una grave crisis que se refleja, entre otras cosas, en sus indicadores más significativos. El analfabetismo está en un rango de entre un 8 ó 9 por ciento ¡varios millones de mexicanos!, un poco más del doble de lo que recomiendan los organismos educativos internacionales, que es del 4 por ciento. La cobertura, excepto en la primaria, deja mucho que desear. En secundaria, educación media y superior la demanda del servicio educativo rebasa con mucho lo que ofrece el sistema educativo. La deserción escolar es muy alta en todos sus niveles.
En lo que respecta a la calidad, el panorama no es alentador. Las recientes mediciones internacionales colocan a nuestro país en los últimos lugares muy por detrás de nuestros socios comerciales, e incluso muy por abajo de países con un desarrollo similar al nuestro. Y si esto lo referimos a los grupos marginados, en particular la población indígena, dichos indicadores son aun más dramáticos.
En un 45%, las tasas de graduación en la educación media superior son las segundas más bajas entre los países de la OCDE. El 52% de la población en edad de entre 15 a 19 años están matriculados, lo que representa 10 puntos porcentuales más que en 2000, pero es bajo comparado con Brasil (75%), Chile (73%) y la media de la OCDE (82%). Sólo el 11% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participan en la educación, sólo 2 puntos porcentuales más que en 2000; 18.4% de adolescentes de entre 15 a 19 años y una cuarta parte de los jóvenes de entre 25 a 29 años en México no están recibiendo educación y están desempleados, o no forman parte de la fuerza laboral.
Como porcentaje del PIB, el gasto educativo se ha incrementado cerca de un punto porcentual en la última década al ubicarse en 5.8%, cerca de la media de la OCDE del 5.9%. No obstante, México tiene el gasto público total más bajo como porcentaje del PIB (24%) en el área de la OCDE, donde el gasto público representa, en promedio, 43% del PIB de esos países.
La polarización social y por consecuencia, el incremento de la pobreza en México, se refleja también en la educación. Los programas emergentes y los regulares u ordinarios para combatir el rezago educativo no han podido cubrir de manera eficiente el propósito para el cual fueron creados.
En nuestro México subsisten dos Méxicos: uno minoritario que tiene educación de primer mundo, que cuenta con instituciones perfectamente acondicionadas para proporcionar este servicio con altos niveles de eficiencia y cuyos recursos provienen de los sectores empresariales y de los grupos sociales de altos ingresos; el otro México es el que a duras penas puede enviar a sus hijos a las escuelas públicas, las cuales carecen de la infraestructura necesaria tanto en términos de recursos materiales y humanos y que, en consecuencia, reciben una educación de baja calidad. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las instituciones públicas como la UNAM, el IPN, la UAM, entre otras, son la vanguardia en materia de investigación y de formación de profesionistas de alto nivel. Asimismo, la tradición de una escuela con características netamente populares y que ha hecho tradición en Latinoamérica sigue subsistiendo.
Por otra parte, necesitamos transitar de un modelo que hace excesivo énfasis en el atiborramiento de la información a un esquema que privilegia desde los primeros años el desarrollo de las habilidades ligadas a la lectura, la comprensión, el razonamiento, la asociación de ideas, la interpretación y el análisis de los datos y los hechos de nuestra realidad cotidiana, así como del razonamiento lógico, para desarrollar una educación edificada en la creatividad y la construcción de conocimientos. Pero también necesitamos pasar a construir un sistema de educación superior e investigación tecnológica para garantizar la formación de cuadros altamente calificados en el contexto de un mundo globalizado para responder al desafío que representa la competencia mundial.
Para revertir el rezago educativo, el Partido del Trabajo propuso que se elevara a rango constitucional que al ramo educativo se canalice al menos el 8 por ciento del PIB y se incorpore también el derecho a la educación universal, entendiendo por éste, el derecho que tiene todo ciudadano a estudiar y concluir sus estudios sin pretexto de que no hay espacios en las escuelas públicas o que por razones económicas tenga que abandonar los mismos. También impulsamos la incorporación al artículo tercero constitucional de la obligatoriedad por parte del Estado de la impartición de la educación inicial y preescolar.
9. Educación inicial
A nivel mundial se está imponiendo una corriente que pone énfasis en la educación temprana. Estudios científicos han demostrado que para garantizar un desarrollo pleno e integral del educando es preciso atender esta etapa fundamental en el crecimiento del niño. Dicha atención parte desde la adecuada alimentación de la madre durante el embarazo, hasta la procuración del equilibrio emocional y social de la misma. Una vez nacido el bebé requiere de los nutrientes necesarios que le permitan el buen desarrollo de su organismo, particularmente del cerebro. Asimismo, en esa etapa crucial es necesario desarrollar la estimulación temprana que está vinculada a las actividades psicomotrices, de los sentidos, de la atención y la percepción de su entorno inmediato.
México en este aspecto está apenas reconociendo la importancia de lo que representa esta etapa en el proceso de formación del educando, y por lo tanto, consideramos que ésta es una materia que debe tener prioridad en la política educativa actual de nuestro país.
Recientes investigaciones realizadas en diversos países han demostrado que la educación inicial debe desarrollar un conjunto de habilidades, hábitos, actitudes y destrezas que le permitirán al niño mejorar de manera notable su desarrollo psicomotriz, lo que redunda en tener niños más maduros y capaces de enfrentar su realidad cotidiana de mejor forma.
La UNICEF ha reconocido que desde el nacimiento hasta los tres años, germinan en todos las semillas de la individualidad humana y de la nacionalidad. En ese período se multiplican vertiginosamente las sinapsis, y se establecen las pautas que da la vida. En esos 36 meses asombrosos se produce el desarrollo del cerebro los educandos adquieren la capacidad de pensar, hablar, aprender y razonar. Esas son las bases y las conductas sociales que tendrán cuando se convierten en adultos. Por lo anterior, la UNICEF sostiene que se debe prestar atención a este buen principio de vida.
El avance de las denominadas neurociencias ha logrado determinar que la capacidad de aprendizaje de los niños inicia prácticamente desde que se encuentran en el vientre materno, al nacer los bebés inician con el aprendizaje y conocimiento del mundo externo en el cual vivirán. Su inteligencia se desarrolla durante esta edad de manera rápida.
Para lograr la capacidad de aprendizaje de los bebés en esta etapa es necesario dotarlos de los nutrientes necesarios que permitan que su cerebro se fortalezca y desarrolle adecuadamente, para permitirle adquirir conocimientos y retenerlos, para que en las distintas etapas que van prácticamente desde que nace hasta que asiste a los centros de educación formal llegue con un desarrollo cerebral adecuado.
Queda claro entonces, que estamos proponiendo la creación de un sinnúmero de centros en los cuales las madres consuman el alimento necesario para que los niños se desarrollen adecuadamente. Además, también será necesario que se instauren programas de capacitación en que se prepare a las madres y a los familiares para que el bebé se alimente adecuadamente.
Además se requiere que tanto los niños como los padres y todos los integrantes de la familia estén en una interrelación continua que les permita una sana convivencia social que redundará en una mayor seguridad en su vida en sociedad. Asimismo, los centros de atención temprana deberán impulsar esta parte afectiva y social que es fundamental para el equilibrio emocional del infante.
Por ello seguiremos insistiendo para que la educación inicial se incorpore como mandato constitucional. Esta propuesta implica no sólo la asignación de recursos económicos sino de recursos materiales y humanos que cumplan su cometido. Seguiremos insistiendo y promoviendo este aspecto, que tal y como hemos sostenido, es estratégico para nuestro país.
Nuestra apuesta para el futuro, es garantizar que todos los niños y los jóvenes mexicanos tengan acceso de forma gratuita a la educación en todos sus niveles. Nuestra lucha seguirá por lograr que en nuestro país se destierre el analfabetismo y la ignorancia. Pugnaremos por una educación laica, creativa y científica.
10. Ciencia y Tecnología
El Partido del Trabajo tiene claro que un país que no desarrolla su sistema de educación e investigación tecnológica propio no puede aspirar a elevar su desempeño en el marco de la competencia con otras naciones. La formación de los recursos humanos para insertarlos al conjunto de las actividades económicas y la formación de los cuadros científicos para la ampliación de los conocimientos y su aplicación a la producción son dos pilares básicos para el desarrollo material de los países modernos. El desarrollo exitoso reciente de naciones como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong y Taiwán, no podrían explicarse sin el papel que ha jugado el desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus aparatos productivos.
Lamentablemente México destina apenas el 0.4 por ciento de su producto interno bruto a ciencia y tecnología, mientras las naciones desarrolladas destinan cerca del 3 por ciento del PIB a esos propósitos. A nivel de América Latina, Brasil destina más del uno por ciento a ese objetivo. Por esa razón, el Partido del Trabajo ha planteado y seguirá planteando la urgencia de dar mayor importancia a la creación de un verdadero sistema de educación e investigación tecnológica que responda a los imperativos de elevar el número de cuadros altamente especializados y de ampliar el número de investigadores en todas las disciplinas científicas, para garantizar que nuestra nación eleve su desempeño económico en los próximos años. Asimismo, impulsaremos que a ciencia y tecnología se canalicen mayores recursos públicos, hasta alcanzar el nivel de inversión que destinan las naciones desarrolladas a ese objetivo. Nuestra meta en el corto plazo debe ser que estos recursos alcancen a la brevedad posible el 1.5 por ciento del PIB para superar el rezago que se tiene en esta materia.
11. Problemática urbana
Tres cuartas partes de la población mexicana viven en localidades urbanas. La gran mayoría radica en ciudades medias y grandes que tienen o comienzan a tener los problemas propios de las urbes modernas. La vida urbana está marcada por los problemas de insuficiencia de vivienda, transporte, abasto, espacios verdes, crecimiento del desempleo y subempleo, proliferación de la delincuencia, drogadicción y contaminación ambiental, que encuentran su máxima expresión en las colonias populares. A ello se suma la permanencia de formas arcaicas de dominación política y de gobierno, la ausencia de políticas de desarrollo urbano integrales y los abusos sobre la ciudadanía por parte de los cuerpos policíacos, además de problemas de salud física y mental provocados por la concentración de población en espacios reducidos.
Para enfrentar adecuadamente estos problemas y crear condiciones sanas de convivencia entre la población urbana, el Partido del Trabajo instrumentará las siguientes orientaciones:
a) Impulso firme a la descentralización y desconcentración urbana, apoyo a las ciudades medias y pequeñas que tienen potencial de desarrollo e incremento sustancial de los recursos de que participan los municipios. A este respecto demandaremos el aumento de los recursos que reciben actualmente en proporción a su tamaño y necesidades.
b) Formulación de políticas y disposiciones legales para la reorganización de la vida municipal, que pongan fin a los cacicazgos y negocios ilícitos que se realizan al amparo del poder.
c) Impulso a la organización autónoma de la sociedad en sus diversas demarcaciones territoriales y formas de expresión, para que asuma tareas de gestión de servicios, representación vecinal y formación de organismos de cooperación y consulta con las autoridades municipales.
d) Promoción de programas para extender los servicios públicos básicos a toda la población.
e) Formulación de políticas de desarrollo regional y urbano, acordes con los problemas de las ciudades y las demandas de sus habitantes.
12. Vivienda
En el área de la vivienda, México padece un déficit considerable que oscila entre 6 y 7 millones de casas-habitación, sin considerar las limitaciones en materia de mantenimiento y reparación del parque habitacional. Sin embargo, es preciso tener claro que el problema que enfrentan más de 7 millones de familias mexicanas que no cuentan con una vivienda digna no es principalmente un problema de espacio, porque nuestro territorio es muy grande y no tiene ninguna clase de limitación en ese sentido. El problema es la falta de recursos económicos de esas familias.
No debemos olvidar que las instituciones públicas encargadas de proveer vivienda para los trabajadores, desde el inicio del gobierno de Salinas de Gortari dejaron de construirlas, para transformarse en simples intermediarias entre los demandantes de vivienda y las instituciones financieras privadas. Hoy los trabadores mexicanos tienen que tener un ahorro previo para ser sujetos de crédito. El Gobierno Federal se olvidó de ellos. El mercado se convirtió en el principal instrumento de asignación de recursos para la inversión en vivienda. Por lo tanto, las constructoras privadas construyen viviendas para los sectores sociales de altos ingresos y de ingresos medios, porque el criterio de rentabilidad económica predomina sobre el criterio de rentabilidad social.
En este contexto, el Partido del Trabajo está plenamente convencido de que la única forma de garantizar una vivienda digna al trabajador mexicano es mediante el compromiso directo del Gobierno Federal de construir esas viviendas. Por esa razón, hemos propuesto la creación de una Secretaría de la Vivienda para que coordine el esfuerzo de todas las instituciones públicas de vivienda, así como destinar la inversión necesaria para revertir en el corto plazo el grave déficit habitacional que enfrenta nuestra nación. Asimismo, hemos propuesto la disposición de tierras para destinarlas a la construcción de viviendas de interés social. Hemos reiterado que sólo el Gobierno Federal tiene la capacidad para solucionar el problema de la vivienda de los trabajadores y que de continuar insistiendo con las políticas que privilegian al mercado, estaremos condenando a millones de familias mexicanas a vivir hacinadas y destinando más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el pago de renta, si no se revierte este grave problema social.
13. Infraestructura básica
México se encuentra en los últimos lugares en materia de creación de infraestructura física y equipamiento urbano entre las naciones miembros de la OCDE. Sabemos que la inversión en infraestructura física constituye un componente básico de la competitividad de una nación. Sin embargo, nuestra nación ha sufrido un importante rezago en la creación de infraestructura de carreteras y puertos, ello debido a la política de restricción del gasto público que se viene implementando desde los años ochenta del siglo que acaba de concluir. A esta situación habría que sumar la política errónea en los años noventa de concesionar a los particulares las carreteras de cuota del país con los resultados funestos que todos conocemos y que representa para los contribuyentes recursos fiscales por más de 76 mil millones de pesos que estaremos pagando en los próximos 12 años.
En materia de telecomunicaciones aún tenemos grandes carencias. Pese a la enorme tendencia a la globalización de este sector, las necesidades básicas de telefonía para el pueblo no están satisfechas del todo. Todavía muchas familias mexicanas no logran acceder a una línea telefónica por los altos costos de ese servicio. A ello, habría que agregar la política de las empresas de telefonía de invertir principalmente en aquellos lugares donde existe una alta concentración de la población y de demanda real del servicio. Asimismo, muchas comunidades rurales de nuestro país todavía no tienen acceso al servicio telefónico, pese a que en la privatización de Telmex, ésta se comprometió a ampliar en todo el país su cobertura.
Por esa razón, el Partido del Trabajo ha planteado la urgencia de intensificar la competencia en el sector con el propósito de reducir los costos del servicio, así como ampliar la cobertura del mismo, pero cuidando que el capital nacional mantenga su hegemonía frente al capital extranjero, porque las telecomunicaciones son un área de vital importancia para el desarrollo y la seguridad nacionales.
En ese mismo tenor debe ubicarse la ampliación de la infraestructura en materia de energía eléctrica y en la producción petrolera y de gas. En el caso específico de la electricidad, nuestro partido está a favor de la reforma del sector eléctrico para garantizar la demanda de energía eléctrica en los próximos años; pero también está a favor de que dicho sector no sea privatizado. Nuestra propuesta consiste en dotar de autonomía a la CFE y en aumentar la inversión de la empresa con recursos públicos que no comprometan la viabilidad de la misma. En el caso de PEMEX estamos en la línea de revertir la actual estructura impositiva para garantizar que parte de los ingresos de la empresa se canalicen a la inversión de la misma y garantizar su plena autonomía financiera.
La carencia de inversión en el área de agua potable y saneamiento constituye otra asignatura en que hay graves carencias en nuestro país. Sabemos que en la actualidad las ciudades y comunidades rurales de nuestro territorio sufren de la afluencia de este vital líquido tanto para el consumo humano como para la producción. Por esa razón, pensamos que es necesario incrementar la inversión pública para garantizar el abasto de agua, tanto para el campo como para las ciudades.
Tendremos que aumentar la infraestructura en materia de construcción de drenaje público y de pavimentación, para garantizar que los habitantes de nuestras ciudades y comunidades, cuenten con los servicios básicos que demanda el equipamiento urbano y el desarrollo social.
Dentro de nuestras propuestas consideramos como prioridad abatir el rezago que tenemos en materia de dotación de agua potable y drenaje a las viviendas que carecen todavía de estos servicios elementales. Como sabemos, históricamente este es un problema que todavía no se ha resuelto en su totalidad y, aún más, se ha agudizado como producto del crecimiento de la pobreza en México. Según el Censo Nacional de Población uno de cada cinco mexicanos no tiene drenaje en su vivienda, uno de cada diez no dispone del servicio de agua y uno de cada veinte no tiene energía eléctrica. Este es un reto que debemos afrontar cuanto antes para que prevalezca la equidad y la igualdad social en nuestro país.
14. Medio ambiente y calidad de vida
El creciente deterioro de las condiciones ambientales y de la calidad de vida es alarmante. Los problemas ecológicos que afectan al país han adquirido una particular gravedad. Entre ellos destacan por su agudeza: la contaminación del agua debido al uso industrial; el empobrecimiento de los suelos; la devastación de los bosques; el deterioro de las condiciones de la vida urbana; y la escasez de recursos acuíferos, especialmente en las regiones de mayor concentración de población, el incremento de la contaminación del aire, suelos y mares.
La lucha contra la contaminación ambiental en las granes zonas metropolitanas como México, Monterrey y Guadalajara ha fracasado rotundamente. La creciente contaminación del agua ha comenzado a traducirse en el deterioro de la salud de los mexicanos.
Para atacar coordinadamente el conjunto de los problemas mencionados, el Partido del Trabajo propone cuatro tipos de medidas principales:
a) Elaborar un Plan Nacional de Protección y Mejoramiento Ambiental con la participación de los mejores especialistas, las universidades y las organizaciones sociales y civiles del país, con la aportación de cinéticos extranjeros del más alto nivel mundial.
b) Incorporar más ampliamente a la población y a las organizaciones sociales y civiles en la lucha por la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida. Esta acción debe cristalizar en la creación de una organización no gubernamental de Defensoría del Medio Ambiente y Calidad de Vida, cuyas funciones serán recibir, analizar y dictaminar las demandas que se hagan al respecto, para posteriormente gestionar ante el gobierno las acciones pertinentes.
c) Fortalecer los aspectos culturales y educativos de la lucha a favor de la salud y la recuperación ecológica.
d) Modificar la legislación vigente para reforzar el combate penal y administrativo contra las prácticas destructivas y contaminantes.
En esta perspectiva general, los lineamientos de nuestra política priorizarán los aspectos relativos a la incorporación real del principio de sustentabilidad del desarrollo económico. Además impulsaremos firmemente la cooperación internacional para resolver los problemas ambientales del mundo, de América Latina y de México en particular.
VII. MÉXICO Y EL MUNDO
1. Proceso de globalización y la crisis mundial
La mundialización o globalización avanzó a pasos acelerados hasta el 2001, merced a la difusión y abaratamiento de los componentes de la tecnología de la información que constituyó el fundamento de la integración económica mundial. Sin embargo, los excesos bursátiles y la sobreproducción, unidos a la degeneración ética y moral del capitalismo corporativo, profundizaron lo que parecía ser una recesión transitoria, convirtiéndola en el primer gran desafío a la capacidad del capitalismo por dominar todos los circuitos mundiales. El reloj de la globalización parece haber comenzado a caminar al revés. Está en curso una crisis económica mundial semejante, y quizás mucho mayor, a la “Gran Depresión” de 1929-1933.
Se trata de un tipo de crisis inédito por su amplitud global, su profundidad, sus múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, social, ideológica y política), y su previsible carácter prolongado de tres a cuatro años o más.
Los países en desarrollo entre ellos México han quedado atrapados entre una integración subordinada en la globalización y la actual crisis económica mundial. En este marco, nuestro país está condicionado a enfrentar costos y retos mayores conforme se dejen sentir con más fuerza sus efectos, y se retrase la respuesta de una amplia y firme intervención del Estado, único agente colectivo con capacidad para coordinar una respuesta acorde a las exigencias de este cambio histórico.
La construcción de un orden internacional basado en la cooperación, la regulación estatal, pero sobre todo el control del capital especulativo es una necesidad urgente. Pero como sucedió a partir de los años treinta, la emergencia de un orden institucional superior depende de la fuerza de los movimientos y luchas sociales. En este marco, el papel de la izquierda es fundamental ya que representa la única vertiente capaz de articular los elementos políticos, ideológicos y culturales que requiere la emancipación de las clases trabajadoras y de las masas excluidas de la globalización neoliberal, de su agotamiento, y que resentirán en mayor medida los efectos económicos y sociales de la crisis mundial.
2. México en el nuevo contexto internacional
México está pasando rápidamente a la situación de decrecimiento económico e inconformidad social, que pueden llevar al desencadenamiento de estallidos sociales.
Un rasgo distintivo de esta crisis es la parálisis institucional resultado de haber confiado ciegamente en un proyecto neoliberal basado en la integración económica y financiera con Estados Unidos, país que desde la era Bush se ha distanciado considerablemente del gobierno mexicano y que con la llegada de Barack Obama no se esperan cambios trascendentales a nuestro favor.
Pese a compartir una ideología conservadora, la administración Bush y el gobierno de Calderón parecieron no comprender los riesgos que se avecinaban y las consecuencias financieras, económicas, sociales y políticas que generaría la crisis mundial que se avizoraba. Si bien Barack Obama tiene mejor conciencia de tales problemas y consecuencias, ha sido evidente que no ha tomado decisiones hacia el interior de su país y al respecto al escenario internacional que estén a la altura de una situación que se agrava aceleradamente.
En una palabra, la crisis que ya se desató en México y que se niegan a ver nuestros gobernantes, tiende a tomar la forma de una crisis institucional por la incapacidad de los gobernantes y de los principales actores políticos de cobrar conciencia de la nueva realidad y tomar las medidas que la gravedad de la situación exige. Como lo hemos manifestado reiteradamente, la respuesta a esta dramática situación sólo puede provenir de la adopción de un Programa Nacional para enfrentar la crisis y para la Defensa de la Economía Popular, sustentado en el más amplio apoyo de las clases trabajadoras, las masas populares y los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionalistas.
3. Recuperación de la política exterior de México
La formulación de una nueva política exterior es tan sólo uno de los elementos que se requieren para neutralizar esta crisis institucional, pero su importancia coyuntural se ve acrecentada por el giro militarista que ha tomado la geopolítica mundial.
La recuperación de la política exterior mexicana exige ante todo un cambio de ejes, que implican trasladar el énfasis de la política nacional al fortalecimiento interno para negociar con éxito en la arena internacional. Negando esta fórmula elemental, los gobiernos de Salinas en adelante hicieron lo contrario, es decir, trataron de crear condiciones favorables a partir de acuerdos externos para de allí mejorar la situación interna. Esta estrategia rindió algunos frutos, pero vista en perspectiva y ante los retos que se avecinan puede evaluarse como fallida.
Con fortaleza interna México podría llevar adelante una política exterior que consolide su búsqueda de mejores espacios internacionales como lo han hecho China, Corea del Sur, Brasil, India y en cierta medida Chile. El reconocimiento del liderazgo internacional de México exige también un nuevo acercamiento con sus vecinos latinoamericanos para de allí derivar acuerdos diplomáticos, comerciales y culturales que sirvan de contrapeso a las tendencias más negativas que generó la globalización neoliberal y para enfrentar en mejores condiciones los graves y prolongados efectos que está provocando la crisis económica mundial.
4. México y Estados Unidos de Norteamérica
Tras una sucesión de cambios dramáticos en los Estados Unidos como fueron los escándalos corporativos, el terrorismo y actualmente la crisis económico-financiera, se ha producido un alejamiento entre ambos países que se vio también alimentado por conflictos de largo plazo que permanecieron encubiertos por la prosperidad de los noventa.
El racismo antimexicano en Estados Unidos había venido creciendo desde fines de los ochenta a medida que los inmigrantes mexicanos se convertían en la primera minoría en ese país. La crisis en el agro alimentó la migración y el tráfico de drogas se conjuntaron para dar la impresión entre los grupos conservadores de EUA de que México es la principal amenaza social para ese país. Por un tiempo pareció que el TLCAN podría haber revertido la situación anterior, generando beneficios para los grupos mayoritarios de la población de nuestro país, pero el tratado comercial sólo produjo ganancias que capitalizaron la oligarquía nacional y sus aliados transnacionales.
En síntesis, las relaciones entre México y Estados Unidos de Norteamérica se han enfriado. En particular, el TLCAN ha sido nocivo en áreas significativas de nuestro país por lo que debe revisarse, y la relación binacional debe llevarse de manera urgente a un nuevo terreno de negociación. En dicha renegociación el restablecimiento de la vocación latinoamericanista de México sería una carta que jugaría a nuestro favor.
5. Acuerdos y tratados en los principales ámbitos de las relaciones exteriores: economía, ambiente, ciencia y tecnología y derecho internacional
La tradición de los gobiernos priístas que fue en parte retomada por los gobiernos subsiguientes de Fox y Calderón consistió en privilegiar las relaciones económicas y comerciales con otros países del mundo, batiendo un record mundial por el número de acuerdos bilaterales firmados. Pero en términos de ciencia, tecnología, derecho internacional y medio ambiente hubo muy poco interés y nuestro país ha quedado francamente rezagado. Por eso en muchos sentidos México sigue siendo un país cerrado a influencias culturales y científicas del exterior, que bien podrían haberse usado para enriquecer la cultura mexicana. En el Partido del Trabajo somos de la idea de que la diversidad enriquece, por tal motivo, proponemos que los acuerdos y tratados internacionales celebrados por México tengan un contenido menos económico-comercial y más científico- cultural, para nivelar las materias en que se han concentrado nuestros tratos con los países latinoamericanos y caribeños.
De igual manera, estamos convencidos de que el principio motor que mejor contribuye a que los países avancen en el desarrollo y consolidación de sus vínculos es el de la solidaridad. De ahí que propongamos que los tratados y acuerdos en que México sea parte, sean analizados y discutidos desde la perspectiva solidaria y no sólo desde la perspectiva del costo-beneficio unilateral. Por tal motivo creemos que no es solamente cambiando de contenido los tratados y acuerdos lo que nos acercará más a nuestros países hermanos sino, sobre todo, la perspectiva solidaria desde la cual se aborden las negociaciones y los acuerdos.
6. México y América Latina
Con la integración a la economía de Norteamérica, México experimentó un fuerte alejamiento con sus vecinos de América Latina y el Caribe que sólo se vio parcialmente compensado por algunas iniciativas en materia comercial bilateral. Muchos gobiernos resintieron ese alejamiento, principalmente las naciones centroamericanas. La rivalidad con Brasil llegó a su máximo histórico en la segunda mitad de los noventa debido al choque político en torno a los espacios de integración comercial TLCAN y ALCA vs MERCOSUR. La relación con Cuba evolucionó de manera muy grave dejando un saldo de encono durante varios años, que afortunadamente se superó.
Ahora México es el vecino distante y no podrá recomponer esas relaciones con facilidad porque afronta problemas muy serios en muchos ámbitos de su política exterior, que exigen respuestas casi simultáneas. Si después de la firma del TLCAN México pareció gozar de una situación privilegiada que le permitía actuar como bisagra uniendo a las dos Américas, después se convirtió en un factor de desunión que ha complicado su reposicionamiento en el mundo.
7. Bilateralidad y multilateralidad en el nuevo contexto
Para México la bilateralidad, como se practicó durante el gobierno de Fox y al inicio de la actual administración. México debe dar un salto genuino hacia la multilateralidad apoyado en una recomposición interna que le de la fuerza que requiere para relanzar su política exterior. La clave parece estar en buscar una aproximación con todos los países de América Latina y el Caribe y que eventualmente sirva como plataforma para abrir nuevas negociaciones con EUA.
El futuro de la política exterior de México depende por lo tanto de un giro dramático en el que se trastoquen y reubiquen los elementos que la componen que ya no garantizan ganancias estratégicas. No hay posibilidades de renegociación con Estados Unidos en tanto prive la debilidad interna y la nueva relación con América Latina y el Caribe no podrá avanzar si México sigue siendo visto como un aliado incondicional de Estados Unidos.
En el giro que debe dar México en cuanto a su política exterior deben combinarse los mejores elementos de su tradición diplomática como la doctrina Estrada con un nuevo activismo basado en su tradición latinoamericanista. Su diferenciación respecto a Estados Unidos es fundamental ya que el militarismo galopante que caracterizó a la administración Bush es todavía hoy en día una grave amenaza a la estabilidad del mundo y debe ser denunciada enérgicamente. La voz exterior de México debe alzarse para demandar un orden internacional más justo, el control del capital especulativo, privilegiar el combate a la pobreza, derrotar al militarismo y reclamar mayor espacio para el desarrollo nacional que es la única vía para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.
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