PLATAFORMA ELECTORAL 2012
ÍNDICE
PRESENTACIÓN pág. 6
1. SOCIEDAD, POLÍTICA Y DEMOCRACIA pág. 13
1.1 Privilegiar la acción política ciudadana pág. 13
1.2 Promover una nueva cultura política ciudadana pág. 13
1.3 Abrir nuevos canales de participación democrática pág. 14
1.4 Consultar permanentemente a la sociedad civil pág. 14
1.5 Reformar el calendario de elecciones pág. 14
2. UNA SOCIEDAD CIVIL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA pág. 15
2.1 Institucionalizar la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum
pág. 15
2.2 Impulsar una ciudadanía más activa y exigente pág. 16
2.3 Garantizar seguridad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil pág. 16
2.4 Abrir el sistema electoral a candidaturas independientes pág. 16
3. REFORMA DEL ESTADO pág. 17
3.1 Instaurar un auténtico equilibrio de poderes pág. 18
3.2 Redefinir las atribuciones del Poder Ejecutivo pág. 18
3.3 Fortalecer y dignificar el actuar del Poder Legislativo pág. 19
3.4 Reformar y modernizar el Poder Judicial pág. 20
3.5 Fortalecer la soberanía de los estados y la autonomía
Municipal pág. 21
3.6 Delinear Planes de gobierno abiertos a la participación ciudadana pág. 21
3.7 Redistribuir funciones a los estados y municipios pág. 22
3.8 Fortalecer el municipio libre pág. 22
4. ESTADO DE DERECHO pág. 23 4.1 Discutir una nueva Constitución pág. 24
4.2 Armonizar el marco legal vigente pág. 24
5. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS pág. 24
5.1 Reestructurar los órganos de impartición de justicia pág. 25
5.2 Elegir a los miembros del Poder Judicial con la Participación del Poder Legislativo pág. 25
5.3 Nombrar y renovar los mandos de seguridad pública y del Ministerio Público con la participación del Poder Legislativo pág. 26
5.4 Supervisar la seguridad pública mediante la comunidad pág. 26
5.5 Conducir la Reforma penitenciaria pág. 26
5.6 Diseñar una Política de Estado en materia de drogas pág. 26
5.7 Revisar el marco jurídico en materia de derechos humanos pág. 27
5.8 Combatir la corrupción de los servidores públicos pág. 27
5.9 Garantizar la seguridad y justicia para las mujeres pág. 28
6. UN NUEVO MODELO ECONÓMICO pág. 28
6.1 Promover el cambio de la política económica pág. 29
6.2 Promover el desarrollo regional pág. 30
6.3 Establecer una Política fiscal para el desarrollo pág. 30
6.4 Mantener finanzas públicas sanas pág. 31
6.5 Facultar al Congreso para regular y fiscalizar a las instituciones bancarias y financieras pág. 31
6.6 Controlar los flujos financieros internacionales a través de medidas legislativas pág. 32
6.7 Propiciar el desarrollo industrial mediante la apertura económica pág. 33
6.8 Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industrias pág. 33
6.9 Moderar la apertura económica garantizando la soberanía nacional pág. 33
6.10 Descentralizar la planta industrial del Valle de México pág. 34
6.11 Apoyar la economía social pág. 34
6.12 Definir un marco jurídico para evitar monopolios y abusos a los consumidores pág. 34
6.13 Impulsar políticas y estrategias nacionalistas en materia de Petróleo y Energía pág. 35
6.14 Constituir el campo mexicano como puntal del desarrollo nacional pág. 35
7. POR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL pág. 38
7.1 Establecer límites y alcances en la explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales pág. 38
7.2 Impulsar una política de combate a la pobreza de forma integral con la preservación de los recursos naturales pág. 39
7.3 Actualizar el inventario de recursos naturales pág. 40
7.4 Generar un banco de indicadores de sustentabilidad pág. 40
7.5 Prevenir y controlar incendios forestales pág. 40
7.6 Delinear estrategias para el uso racional del agua pág. 41
7.7 Fortalecer una cultura medioambiental pág. 41
7.8 Impulsar el desarrollo de una economía verde más allá de Río + 20 pág. 42
8. LA SOCIEDAD pág. 42
8.1 Garantizar el adecuado desarrollo de las familias y la niñez pág. 43
8.2 Articular la participación y derechos de las mujeres en condiciones de equidad pág. 44
8.3 Garantizar los derechos de las personas jóvenes pág. 45
8.4 Reconocer e incorporar a las personas de la Tercera edad pág. 47
8.5 Garantizar el derecho a la salud y seguridad social pág. 47
8.6 Crear un marco que garantice la seguridad alimentaria pág. 48
8.7 Promover el respeto de los Pueblos Originarios y su participación en la vida pública pág. 49
8.8 Establecer un régimen que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras pág. 49
8.9. Generar un marco de Protección Civil a través de una cultura corresponsable pág. 50
8.10 Implementar un programa amplio de Deporte y Recreación pág. 51
8.11 Generar un nuevo marco en materia de educación pág. 52
8.12 Ampliar los planes y consideraciones en materia de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento pág. 53
8.13 Fortalecer la Cultura Nacional a través del reconocimiento de la diversidad pág. 54
9. SOBERANÍA Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO pág. 55
9.1 Definir e instrumentar una Política exterior basada en la dignidad nacional y el desarrollo pág. 56
9.2 Establecer el respeto a la soberanía territorial de la nación como eje rector de la política exterior pág. 56
9.3 Potenciar las relaciones con América del Norte pág. 57
9.4 Consolidar las relaciones de nuestro país con Latinoamérica pág. 57
9.5 Fomentar las relaciones con Europa pág. 58
9.6 Diversificar nuestras relaciones con el mundo pág. 58
9.7 Promover la participación de nuestro país en la construcción de una Agenda internacional para el desarrollo pág. 59
9.8 Emprender una mayor participación en los organismos internacionales pág. 59
9.9 Generar un proyecto internacional de difusión e intercambio cultural pág. 60
9.10 Evaluar permanentemente la política exterior de México pág. 60
PRESENTACIÓN
Movimiento Ciudadano manifiesta su compromiso con la sociedad mexicana de sumar su voluntad política, para definir y conducir las acciones que recuperen el poder ciudadano sobre su futuro. Dicho compromiso se fundamenta en realidades y experiencias históricas que hacen de esta una acción impostergable.
Durante muchos años México ha sufrido las consecuencias de gobiernos que no están cimentados en las demandas y necesidades de la población. De una élite política que llega al poder para servirse a sí misma, y alejada de las legítimas demandas ciudadanas.
La política debe ser el medio que otorgue sentido ético al ejercicio del poder y certidumbre para la participación democrática de todos los actores sociales.
Por ello, para Movimiento Ciudadano es impostergable estimular y garantizar los instrumentos y medios para la participación ciudadana en el diseño y toma de decisiones, y el control de acciones políticas y administrativas que la afectan en su vida diaria. En definitiva proponemos hacer de la democracia el eje fundamental en la organización de la vida social y política de México.
Proponemos establecer los mecanismos de mayor involucramiento ciudadano en el ejercicio público, en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, y en la instrumentación de mecanismos para la vigilancia, evaluación y control de la función pública. Insistimos en una reforma del Estado mexicano a la luz de un acuerdo nacional, que además de superar las urgencias del presente se proyecte hacia el futuro.
El México moderno requiere de la construcción de un Estado auténticamente democrático, que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, las garantías individuales y sociales, los derechos humanos, el poder ciudadano y los derechos de la nación sobre sus recursos naturales.
El régimen político actual debe ser reemplazado por otro eminentemente democrático que garantice la transformación estructural del Estado, que implique reconocer al pueblo su poder original, además de la devolución y garantía de los diferentes medios e instrumentos de participación en la toma de decisiones públicas que le afectan.
Es indispensable revisar la forma de gobierno representativa, para moderarla a través de la institucionalización de figuras de democracia directa que, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y otras semejantes, abren opciones a la participación política de las ciudadanas y ciudadanos.
Esa misma revisión debe incluir el Derecho cuya eficacia está supeditada a la existencia y permanencia de acuerdos básicos que permiten establecer de manera consensuada las normas generales que regulan el comportamiento social. En concordancia, es necesario transitar desde un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho a partir de actualizaciones y nuevas normas e instituciones, también del conjunto de leyes generales y reglamentarias, a fin de lograr el establecimiento de un orden jurídico congruente, armónico y complementario.
La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia, y el respeto y reconocimiento a los derechos humanos deben ser establecidos y garantizados. En nuestro país, los órganos de procuración e impartición de justicia viven permanentemente acosados por la delincuencia organizada, limitando la acción del Estado en su combate.
A lo anterior se suma el desequilibrio que aún persiste en la correlación de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual obstaculiza la autonomía de este último y cuestiona la imparcialidad en sus decisiones.
Además de las nuevas medidas a implementar es necesario reformar el Sistema Penitenciario Mexicano que mantiene sin sentencia ni readaptación social alrededor de cien mil personas, lo que impide la correcta impartición de justicia en el país.
Por ello en materia de Seguridad y Justicia, Movimiento Ciudadano promueve una perspectiva absoluta y totalmente favorable a los intereses de la comunidad en un marco de rendición de cuentas y transparencia del ejercicio presupuestal de cara a la sociedad.
Por otro lado, el modelo económico vigente ha demostrado su fracaso al arrojar a la mayoría de los mexicanos y mexicanas a un estado de pobreza y pobreza extrema. Este modelo monopólico, supeditado a los intereses de algunos de los grandes capitales, ha mermado gravemente las capacidades industriales y agrícolas del país, empujándole a una inserción ineficiente al mercado global y hundido en recurrentes crisis.
A más de diez años de la transición electoral que no se tradujo en un sistema suficientemente democrático, en nuestro país aproximadamente 52 millones de personas que viven en la pobreza (CEPAL, CONEVAL) dan visos de la magnitud de la emergencia nacional que presenciamos en esto días.
Para contrarrestarlo, se deberá impulsar una redefinición del modelo económico que promueva las capacidades individuales y sociales, que no disminuya la iniciativa privada sino que la haga posible al conjunto de la sociedad, que termine con los monopolios, que promueva la justa distribución de la riqueza en condiciones equitativas.
Se requiere de un nuevo modelo económico participativo mediante el cual el Estado promueva, estimule y oriente —con el concurso de todos los sectores productivos— el desarrollo en beneficio de la sociedad.
La democracia, entonces, representará no sólo la forma de organización que mejor aglutine las demandas de la sociedad y garantice las libertades, sino también deberá ser el timón del desarrollo económico basado en una adecuada distribución de las riquezas.
Este modelo económico deberá instrumentar una política de desarrollo industrial que propicie la reactivación y la modernización de la planta productiva, aliente la creación de empleo, permita la formación de capital, fortalezca el mercado interno, y logre la consolidación de las cadenas productivas, fortaleciendo, primero el mercado interno con base a un impulso decidido al consumo interno a través de los salarios y posteriormente vincular al sector externo con el resto de la economía.
Particular atención se otorgará a la mediana y pequeña industrias como generadoras de empleo, a las que se apoyará con un programa integral de financiamiento, asesoría técnica, apoyo para el mejoramiento de la calidad, esquemas de subcontratación y consultoría y apoyos financieros para la exportación.
Adicionalmente se debe reactivar el medio rural, considerándolo un tema de seguridad nacional, no sólo por razones de soberanía alimentaria sino por las consecuencias perniciosas que resultan del abandono del campo: la miseria, el acecho de la delincuencia organizada, la migración de masiva de los jóvenes. Al impulso decidido al campo requiere la activa participación –como sujeto económico y de desarrollo- de las organizaciones campesinas.
Además para la mitigación de los efectos cruzados que generan los altos precios de los insumos, el costo del dinero y los precios de venta así como su impacto en el sector industrial.
Por ello, es necesario apoyar la convergencia económica de los diferentes tamaños de la empresa nacional, para hacer más estable la producción, mejorar el empleo y poder ser plenamente competitivos dentro y fuera del país.
La producción nacional juega un papel crucial en la satisfacción de las necesidades de la población mexicana. Movimiento Ciudadano considera elemental garantizar la seguridad alimentaria, en volumen y diversidad, en armonía con la conservación de los recursos agrícolas, tanto para consumo humano como ganadero.
Así, se debe considerar el especial cuidado y explotación responsable de los cuerpos de agua interior, así como de las costas, zona económica exclusiva y mar territorial. Con 11,122 kilómetros de litorales, México es el cuarto productor pesquero con mayor volumen en América Latina, la infraestructura pesquera debe estar a la altura de dicha demanda de manera equilibrada con el medio ambiente.
Debemos impulsar políticas públicas en materia de desarrollo sostenible, de forma integral y transversal, que incluya los tres pilares del mismo: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Este balance de políticas públicas en economía, desarrollo social y medio ambiente debe basarse en un amplio enfoque sobre los derechos humanos.
México debe contar con un sistema de información ambiental que nos permita conocer la situación de nuestros ecosistemas, los efectos derivados de las actividades humanas y la construcción de indicadores confiables.
Trabajaremos para instaurar un modelo de economía verde, que al tiempo que impulse el desarrollo social justo y equitativo, tenga como eje fundamental la explotación racional de los recursos naturales, la inversión en energías alternas y sustentables, la innovación técnica y tecnológica en la materia y un nuevo régimen fiscal verde, de impuestos progresivos que cargue más a quien más contamina.
Debemos explotar y conservar con responsabilidad el medio ambiente que legaremos a las próximas generaciones con énfasis en cuestiones de género, ya que se debe reconocer a las mujeres como agente especial de cambio.
Se debe fomentar el desarrollo de la ciencia y tecnología nacionales para reducir amenazas para la calidad de la vida humana, y para la permanencia misma de la vida en el planeta.
Otra vía para impulsar el desarrollo nacional es la de estimular el ahorro nacional tanto como política pública como por la vía fiscal. El Estado debe recuperar su papel de regulador en aras de evitar la especulación y de dirigir el uso de las medidas financieras para el beneficio social.
Es necesario elevar significativamente la cantidad y la calidad de los recursos públicos que se aplican al gasto social. No es posible aplicar una política social que por sí mismo subsane las deficiencias de las malas políticas económicas, por ello, como hemos señalado, se deberá impulsar un cambio integral de modelo económico. Los recursos del gasto social requieren de la participación directa de la comunidad desde el diseño, hasta la evaluación sobre el gasto social. Sólo de esa manera se pueden desterrar los esquemas de atención paternalista y clientelar que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse a sí mismo, inhiben la creatividad, permiten la subsistencia de cacicazgos y perpetúan el círculo de la corrupción.
Entendemos que cualquier modificación sobre el rumbo de México habrá de repercutir en el exterior así como considerar las condiciones de la situación mundial deben ser parte de un amplio proyecto nacional. Consideramos entonces a la soberanía como la cualidad estatal de independencia y autodeterminación, como la capacidad que tiene una sociedad organizada, en términos políticos, para hacer efectivo un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito territorial, así como para adoptar, un modelo propio de desarrollo económico, político y social e inscribirse de manera soberana y bajo los instrumentos internacionales jurídicos existentes a esquemas de cooperación, integración y regionalización.
La política exterior de México, lejos de cerrarnos al exterior, debe mantener una participación activa en el escenario y foros internacionales que promuevan la paz y prosperidad mundiales, fincados en nuestros principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no-intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y seguridad internacionales.
En suma, el país deberá emprender un nuevo rumbo. Reconociendo el pasado, considerando el presente y con altura de miras hacia el futuro basándose en una organización social y política de y para la gente, que traiga el bienestar tan anhelado para vivir en el México que todos merecemos.
La Plataforma Electoral 2012 de Movimiento Ciudadano que se presenta a su consideración, es la más ambiciosa que haya emprendido nuestro partido y se alimenta de la convicción de que el país perdió el rumbo y le ha dado la espalda a sus millones de habitante. Ante ello, es urgente y necesario, con ideas claras y propuestas sólidas y progresistas, rescatar al país. Esta lucha por el cambio de México no solo se inspira en la necesidad de acortar la distancia entre el ciudadano y el ejercicio del poder, sino en la obligación moral de los gobernantes de garantizar un presente y un futuro de bienestar y felicidad a todos los que vivimos en esta gran nación.
1. SOCIEDAD, POLÍTICA Y DEMOCRACIA
El ejercicio de la política debe servir a las más altas aspiraciones del ser humano que se organiza en sociedad. La política debe ser abierta a la participación de todos los actores sociales para garantizar la plena satisfacción de sus legítimas demandas.
Fortalecer la participación ciudadana en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno. Consolidar una sociedad participativa que haga de la democracia el eje fundamental en la organización de la vida política y sus instituciones con miras a alcanzar una sociedad de bienestar y justicia.
1.1 Privilegiar la acción política ciudadana
El ejercicio del poder político debe ejercerse con apego a las más altas aspiraciones democráticas, por la vía pacífica, el diálogo, y la construcción de acuerdos que sirvan a las genuinas aspiraciones de la sociedad mexicana.
La actividad política no debe ser prerrogativa de unos cuantos. Movimiento Ciudadano privilegia la acción política ciudadana, para convertir la política en una actividad inspirada por principios éticos y jurídicos, animada por propósitos sociales, y abordada con altura de miras. Movimiento Ciudadano pugnará por el establecimiento de un sistema democrático incluyente que utilice los recursos de la política como instrumentos fundamentales en la consecución de los fines sociales.
1.2 Promover una nueva cultura política ciudadana
Fortalecer la cultura democrática en todos los órdenes de la vida nacional. Coadyuvar al establecimiento y promoción de los valores de una nueva cultura política que elimine la intolerancia, el dogmatismo y el desinterés de segmentos de la élite política; generar una auténtica cultura política ciudadana responsable, demandante y participativa, respetuosa de las diferencias, la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo.
1.3 Abrir nuevos canales de participación democrática
Los movimientos y las redes sociales y civiles dan ejemplo de organización y participación política para exigir y conducir los cambios necesarios para su bienestar. Se abren nuevas formas de ver y hacer política; de ejercer el poder público de cara a la crisis por la que atraviesa nuestro sistema político.
Impulsar la participación política, responsable y comprometida de todos los mexicanos y mexicanas. Abrir canales de participación en todos los niveles de la sociedad: en las pequeñas comunidades y en los grandes centros urbanos; en las pequeñas y en las grandes organizaciones sociales.
1.4 Consultar permanentemente a la sociedad civil
Establecer un sistema de consulta permanente a la sociedad civil sobre su percepción de las condiciones políticas, económicas y de cualquier orden de la vida social, con miras a integrar el auténtico sentir ciudadano a nuestro movimiento.
1.5 Reformar el calendario de elecciones
No es posible distraer permanentemente a la ciudadanía y a las autoridades en la organización de múltiples procesos electorales.
Reformar el calendario de elecciones con miras a eliminar el desfase que se produce entre los procesos electorales federales, estatales y municipales y reducir el actual dispendio de recursos financiaros públicos, humanos y técnicos.
Realizar las adecuaciones necesarias a las legislaciones federales, estatales y locales, a efecto de celebrar sólo dos procesos electorales en un periodo de seis años.
Impulsar las reformas para que en año previo a la elección del Ejecutivo Federal y de los integrantes del Congreso de la Unión, así como durante el primer año de gobierno federal, no se realicen procesos electorales, a efecto de establecer los acuerdos político-administrativos y consolidar las políticas públicas.
2. UNA SOCIEDAD CIVIL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA
La sociedad, como la fuente de la que emana el poder formal, requiere de un eficiente sistema de participación en las grandes decisiones políticas, así como de los instrumentos y mecanismos que le permitan concurrir de manera responsable en las instancias y entidades encargadas de la vigilancia, evaluación y control de la función pública. Por ello proponemos:
2.1 Institucionalizar la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum
Estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la comunidad.
Diseñar una nueva forma de articulación entre el gobierno y la sociedad, mediante el establecimiento de un sistema de consulta permanente a la sociedad civil, a través de la elevación a nivel constitucional de la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa de inconstitucionalidad ciudadana, la audiencia pública y el cabildo a sesión abierta, presupuestos públicos participativos y revocación de mandato.
2.2 Impulsar una ciudadanía más activa y exigente
Promover y desarrollar valores y actitudes que propicien una actitud vigilante hacia el desempeño de la función pública, a fin de generar una cultura ciudadana de combate a la ineficiencia de servicio público, negligencia y corrupción de los servidores públicos; robustecer una cultura de demanda permanente al gobierno de rendición de cuentas y transparencia.
2.3 Garantizar seguridad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil
Impulsar iniciativas de ley que otorguen a las organizaciones de la sociedad civil un estatuto específico; que garantice la regularidad jurídica de su estructura, el alcance de su competencia, la ampliación de sus derechos y acciones y, un régimen de respeto a sus actividades frente al poder público.
2.4 Abrir el sistema electoral a candidaturas independientes
Impulsar las reformas legales para garantizar que los ciudadanos puedan participar como candidatos a cargos de elección popular, tanto en los ámbitos federal, como estatal y municipal. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional para que los partidos políticos sean las vías de acceso de los ciudadanos y sus organizaciones al poder público.
3. REFORMA DEL ESTADO
La reforma del Estado mexicano debe replantearse a la luz de un acuerdo nacional que además de superar las urgencias del presente se proyecte hacia el futuro.
Nuestra propuesta es en favor del fortalecimiento del Estado en función de lo que le es común con la sociedad. En síntesis, que se cumplan los principios constitucionales fundamentales.
Movimiento Ciudadano se empeñará en construir un Estado auténticamente democrático, que equilibre la disparidad que hoy presentan algunas instituciones con respecto al ordenamiento constitucional; asegurar el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, las garantías individuales y sociales, los derechos humanos, el poder ciudadano y los derechos de la nación sobre sus recursos naturales. Asimismo impulsará la corresponsabilidad ciudadana en la construcción de un proyecto renovado de nación.
En consecuencia, el régimen político moralmente corrupto, socialmente excluyente y económicamente ineficiente, debe ser reemplazado por otro sistema político eminentemente democrático que garantice la transformación estructural del Estado. Reconocer y devolver al pueblo su poder original; garantizar los diferentes medios e instrumentos de participación en la toma de decisiones públicas que le afectan. Revisar la forma de gobierno representativa, para moderarla a través de la institucionalización de figuras de democracia directa que, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y otras semejantes, abren opciones a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas.
Redistribuir las facultades y competencias constitucionales que garanticen el equilibrio y la armonía en la correlación de poderes, e igualmente, revisar el contenido y alcance de nuestras instituciones y prácticas políticas, con miras a que la reforma del Estado prospere en beneficio de nuestra sociedad.
Consideramos indispensable:
3.1 Instaurar un auténtico equilibrio de poderes
La acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en el Poder Ejecutivo, ha generado en la práctica un presidencialismo autoritario. Por ello se debe instaurar un auténtico equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables para el ejercicio del poder de manera civilizada, democrática y apegada a Derecho.
Dar vigencia, en la práctica, a los principios de la división de poderes; redistribuir las facultades, atribuciones y funciones de cada Poder de la Unión, de conformidad a los principios constitucionales que se determinan para cada uno de ellos. Perfeccionar nuestro sistema republicano y federal para que no se sometan a los dictados del titular del Poder Ejecutivo. Terminar con los abusos de los gobiernos estatales y locales; y promover de niveles de colaboración entre ellos.
3.2 Redefinir las atribuciones del Poder Ejecutivo
Redelinear las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, a partir del análisis de las bases constitucionales que determinan su naturaleza, estructura, y relación con los poderes Legislativo y Judicial. Se busca acotar los excesos del Ejecutivo, sin que ello signifique disminuir sus facultades estrictamente constitucionales o paralizar el gobierno.
Ceñir al Poder Ejecutivo a las facultades y atribuciones señaladas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; evitar que haga uso de prácticas metaconstitucionales que lo acercan a una monarquía sexenal o feudo estatal, en detrimento de la vida democrática de México.
Impulsar la concurrencia de poderes en los actos de orden público, el como el nombramiento de miembros del gabinete presidencial y la adopción de determinaciones que puedan comprometer la soberanía del Estado, con miras al perfeccionamiento de la toma de decisiones públicas y del equilibrio de poderes.
Ampliar e integrar la participación ciudadana en el ejercicio y control del poder público.
3.3 Fortalecer y dignificar el actuar del Poder Legislativo
Promover las acciones jurídicas y políticas necesarias para que el Congreso asuma plena y responsablemente su categoría de Poder, a través del ejercicio eficaz de las facultades exclusivas o concurrentes que a la Cámara de Diputados y a la de Senadores atribuye la Constitución, no sólo para legislar, sino para contribuir a la correcta orientación política de la Administración Pública, y para que ejerza el control de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición de cuentas y de la exigencia de responsabilidades en el manejo transparente de los recursos públicos.
Impulsar las reformas que permitan el fortalecimiento del poder legislativo, tanto en el ámbito federal como en el estatal para recuperar el poder popular que dimana de su representatividad.
Establecer controles eficaces a fin de que las actividades del ejecutivo se apeguen a lo estipulado en nuestro marco constitucional y sus leyes secundarias.
Recibir para su revisión y aprobación las propuestas de nombramientos de los servidores públicos del primer nivel de la administración pública federal cuyas funciones se relacionen con la procuración e impartición de justicia, gobierno y relaciones exteriores.
Participar con mayores facultades en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales correspondientes.
Recuperar la confianza ciudadana en sus representantes a partir del reforzamiento de un trabajo legislativo eficiente, que integre los temas de mayor interés y beneficio social, y del establecimiento de mecanismos de mayor participación ciudadana y consulta en el procedimiento parlamentario, así como una efectiva rendición de cuentas
Fortalecer la representación de mujeres y hombres, sancionando la simulación de las cuotas de género y promoviendo una integración paritaria del Congreso.
3.4 Reformar y modernizar el Poder Judicial
Revisar el funcionamiento del Poder Judicial para emprender una reforma con miras a la integración y formación de sus órganos de gobierno interno y la determinación de los presupuestos que garanticen su modernización y su autonomía respecto del Ejecutivo.
Movimiento Ciudadano se propone hacer efectivas a los ciudadanos dichas reformas, destacándose la perspectiva de género, las garantías, derechos e instrumentos jurídicos, que terminen con la indefensión e injusticia que sufre la sociedad mexicana. Además, realizar un profundo saneamiento del sistema judicial nacional en todos sus niveles, para erradicar la corrupción, el nepotismo, la convivencia con mafias de litigantes inmorales y establecer un organismo que vigile y sancione a los profesionales del derecho sobre usos ilegales, prevaricaciones, privilegios por influencias políticas y contubernios de éstos con los impartidores y administradores de la justicia. También crear un verdadero Colegio de Abogados, dotado de atribuciones, legitimidad y poder sancionatorio, sensibles desde la perspectiva de los derechos humanos y género, al impartir justicia. En suma dotar a la ciudadanía de mayores instrumentos de evaluación de los actos de impartición de justicia.
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3.5 Fortalecer la soberanía de los estados y la autonomía municipal
Promover la descentralización política y federalización racional y equitativa de los recursos públicos como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento de la autonomía municipal, incrementando su capacidad para participar en los asuntos federales que les afecten.
Movimiento Ciudadano presionará para obligar a las entidades estatales y municipales que rindan cuentas sobre el manejo de los recursos que les otorga la federación a través de los Convenios de participación fiscal, pues en la práctica la deuda de esas entidades tienen postrados sus presupuestos públicos. Establecer mecanismos de participación ciudadana para el control de la contratación de deuda que autoricen los congresos. Exigir resultados a través de verdaderas auditorías de desempeño, manejo y destino de los recursos de origen federal.
3.6 Delinear Planes de gobierno abiertos a la participación ciudadana
Impulsar la participación de la comunidad para que los planes y programas de gobierno, tanto en el ámbito local como nacional, se ajusten a las demandas, expectativas y necesidades reales de la población, considerando las condiciones diferentes de los hombres y las mujeres a quienes van dirigidos. Impulsar las reformas a las leyes locales para que los ciudadanos, por conducto de sus representantes de colonia, barrio o comunidad, reciban la información oportuna sobre la gestión de gobierno, el ejercicio del presupuesto y la obra pública. Institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, diseño, ejecución y evaluación de los planes, presupuestos públicos y programas de gobierno, en donde las necesidades estratégicas de la comunidad conformen el eje de tales actos públicos.
3.7 Redistribuir funciones a los estados y municipios y fortalecer su autonomía financiera
Promover la descentralización política, administrativa y financiera como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento del municipio libre. Generar una redistribución real del poder entre la federación, los estados y los municipios.
Modificar el actual sistema de coordinación fiscal con el fin de diseñar nuevas fórmulas para recaudar y asignar, a los estados y a los municipios, los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de su población; fortalecer su autonomía financiera con respecto de la federación.
3.8 Fortalecer el municipio libre
Promover las reformas legales, particularmente la promoción de la reglamentación del Artículo 115° Constitucional, que permitan la actualización del marco jurídico en que se desenvuelve el municipio libre, a efecto de que pueda hacer frente éste, de manera adecuada y ágil, a las demandas de una sociedad plural, más preparada y más consciente de su responsabilidad. Esas reformas deberán, por lo menos, considerar los siguientes puntos:
Establecer sesiones de cabildo abiertas a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Crear nuevas instancias de administración regional que promuevan el desarrollo de zonas con características comunes y que permitan la coordinación de dos o más municipios. Realizar una profunda reforma fiscal que permita el fortalecimiento y la diversificación de las fuentes de ingresos municipales. Establecer programas que permitan igualdad de oportunidades y equidad de género, así como la integración de las personas al desarrollo de la comunidad y les signifiquen oportunidades de empleo, recreación y mejoramiento personal.
4. ESTADO DE DERECHO
El Derecho es un instrumento regulador de la convivencia humana, con el fin de preservar la tranquilidad y la paz social, el medio por el cual se da forma a las sociedades. Su eficacia está supeditada a la existencia y permanencia de acuerdos básicos que permiten establecer de manera consensuada las normas generales que regulan el comportamiento social.
La estructura jurídica debe ser concomitante acorde con la realidad. Sin embargo, la sociedad mexicana convive en el marco de normas avanzadas y otras que han quedado en desuso o sin vigencia, lo que tiene por efecto discrepancias de fondo y forma, y contradicciones de nuestro sistema jurídico.
Es necesario transitar de un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho. De ahí, la necesidad de actualizar, a partir de las nuevas normas e instituciones, el conjunto de leyes generales y reglamentarias, a fin de lograr el establecimiento de un orden jurídico congruente, armónico y complementario. En consecuencia, proponemos:
4.1 Discutir una Nueva Constitución
Realizar una revisión democrática de los contenidos constitucionales, tanto en lo referente a la organización política como en lo concerniente a los derechos subjetivos públicos, la agenda de derechos progresivos y a las restantes instituciones que en la ley fundamental se establecen, con objeto de diseñar una agenda de temas básicos para ser debatidos en el seno de un Congreso Constituyente.
4.2 Armonizar el marco legal vigente
Armonizar nuestro marco legal con los derechos progresivos que a nivel internacional se han reconocido y bajar las reformas a las entidades federativas, a fin de que las personas sean sujetas de los mismos derechos y sus garantías, en cualquier parte de nuestro territorio nacional.
5. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia, y el respeto y reconocimiento a los derechos humanos requieren de una activa participación ciudadana. La tranquilidad ciudadana y la paz social, son condiciones indispensables para la viabilidad de cualquier propósito humano.
La delincuencia organizada y la impunidad han disminuido considerablemente la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas.
Los órganos de procuración e impartición de justicia viven permanentemente presionados, y en algunos casos penetrados por la delincuencia organizada, limitando la acción del Estado en su combate. A esto se debe agregar el desequilibrio que aún persiste en la correlación de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual obstaculiza la autonomía de este último y pone en tela de juicio el principio de imparcialidad en sus decisiones.
Hoy se observa una creciente vulnerabilidad de los derechos humanos, particularmente a partir de la lucha contra el crimen organizado por parte de miembros del Ejército y de la Marina, que han vulnerado profundamente a la ciudadanía.
5.1 Reestructurar los órganos encargados de la impartición de justicia
Realizar una consulta nacional cuyas conclusiones constituyan la base de las reformas al marco jurídico vigente, tendientes a reestructurar los órganos encargados de la procuración e impartición justicia, así como de los organismos de seguridad pública.
5.2 Elegir a los miembros del Poder Judicial con la Participación del Poder Legislativo.
Ampliar la facultad del Congreso en su participación para la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la designación de Jueces y Magistrados Federales, decidiendo a partir de una terna de candidatos y candidatas propuestos por el propio poder judicial.
5.3 Nombrar y renovar los mandos de seguridad pública y del Ministerio Público con la participación del Poder Legislativo
Extender las facultades del Poder Legislativo para que participe en la designación y remoción de los integrantes que tengan mando y autoridad del Ministerio Público y de las corporaciones de seguridad pública; y garantizar la autonomía del Ministerio Público.
5.4 Supervisar la seguridad pública mediante la comunidad
Formular e integrar mecanismos de organización y participación ciudadana en la supervisión de las acciones de seguridad pública que se desarrollen en su respectivo ámbito territorial, a efecto de combatir la corrupción y la impunidad que hoy caracterizan a la mayor parte de los cuerpos policíacos.
5.5 Conducir la Reforma penitenciaria
Sentar las bases para una reforma penitenciaria que contemple la adopción de medidas contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado a los internos, la tortura, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la conducción de delitos, y que ponga especial énfasis en los programas de readaptación para que estos operen con eficacia en provecho de la reincorporación social de los sentenciados.
5.6 Diseñar una Política de Estado en materia de drogas.
Impulsar una auténtica política de Estado dirigida a disminuir la creciente adicción al consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas, particularmente en la población juvenil y vulnerable. Se privilegiarán los programas de prevención y tratamiento; se ampliará la oferta de espacios público recreativos y de deporte. Se establecerá un programa nacional de salud en la materia. Se someterá a una amplia consulta pública, y con las instituciones de educación superior y especialistas, la posibilidad de legalizar el uso de algunas drogas con fines médicos.
5.7 Revisar del marco jurídico en materia de derechos humanos
Promover las reformas legales, derivadas de las recientes reformas constitucionales para organizar y regular la actuación de las instancias oficiales en materia de defensa de los derechos humanos para vincular sus recomendaciones a acciones judiciales que puedan desprenderse de acuerdo a la ley; fortalecer y transparentar el mecanismo de selección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realiza el Congreso de la Unión.
Pugnar por el establecimiento de requisitos que garanticen la objetividad y la imparcialidad de las personas que ocupan los cargos en la defensa de los derechos humanos. Dotar de efectos sancionatorios a los órganos de los derechos humanos y no de simples recomendaciones y “amigables composiciones” entre éstos y las autoridades responsables.
5.8 Combatir la corrupción de los servidores públicos
Actualizar los tipos punibles y las sanciones que consignan la ley y el Código Penal en materia de ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación para que sus observaciones puedan dar inicio a acciones administrativas o judiciales, según sea el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos; además de las responsabilidades políticas que la Cámara de Diputados establezca cuando así proceda.
5.9 Garantizar la seguridad y justicia para las mujeres
La ola de violencia generalizada, los delitos del fuero común y la impunidad tienen efectos particulares en las mujeres, quienes además son víctimas de violencia sexual como son abusos, violaciones y feminicidios.
Impulsar políticas, programas y acciones de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia de género, que contemplen ciudades seguras con perspectiva de género; sensibilizar a los cuerpos policíacos sobre violencia de género y respeto a los derechos humanos; tipificar al feminicidio, establecer centros de atención médica especializados en atención a violencia hacia las mujeres; crear fiscalías especializadas con personal capacitado y financiamiento a refugios de la sociedad civil para mujeres víctimas de violencia.
6. UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
El modelo económico vigente ha demostrado su fracaso al arrojar a la mayoría de los mexicanos y mexicanas a un estado de pobreza y pobreza extrema. Un modelo supeditado a los intereses de los grandes capitales y del capital financiero que ha mermado gravemente las capacidades industriales y agrícolas del país, además de haberlo empujado a una inserción ineficiente al mercado global y hundido en recurrentes crisis. Una economía especulativa, de desempleo, de merma del ingreso familiar no puede ser la base para el futuro de México. Tal modelo es social, económica y moralmente insostenible.
En suma, que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos, considerando, además que los efectos de la pobreza han repercutido particularmente en las mujeres. De especial importancia para esta estrategia, será tener como un eje transversal la consideración de los impactos de género que tiene la economía en mujeres y hombres.
Se creará un Consejo Económico y Social de Estado, como un mecanismo de empoderamiento de la voluntad ciudadana e instrumento para la gobernabilidad democrática
6.1 Promover el cambio de la política económica
Redefinir un modelo económico que promueva las capacidades individuales y sociales, que no disminuya la iniciativa privada sino que la haga posible al conjunto de la sociedad, que termine con los monopolios que además de sojuzgar al ciudadano, no permiten la libre competencia y el crecimiento económico; impulsar un nuevo modelo económico participativo mediante el que el Estado promueva, estimule y oriente —con el concurso de todos los sectores productivos— el desarrollo en beneficio de la sociedad entera.
Realizar una amplia consulta nacional a todas las fuerzas económicas y sociales del país, con el fin de orientar el cambio de la política económica que permita sustituir el actual modelo neoliberal que propicia el empobrecimiento generalizado de la población.
Promover y dar seguimiento a las acciones necesarias para recuperar el campo y la calidad de vida de las personas que viven en el campo, asegurando al tiempo la soberanía alimentaria. Éstas deben redefinir nuestras relaciones con el comercio exterior con miras a fortalecer los rubros agropecuarios y agroindustriales.
Impulsar una nueva política económica que tenga como objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias mexicanas.
6.2 Promover el desarrollo regional
Dar vigencia efectiva a los preceptos constitucionales relacionados con los niveles de gobierno, el municipio, el desarrollo de las comunidades locales y la planeación nacional democrática y participativa.
Promover el desarrollo del país a partir de sus regiones naturales, identificadas con criterios que consideren sus afinidades en lo económico, lo político, lo social y lo cultural.
Impulsar una Ley para el Desarrollo Regional que defina la distribución de competencias y responsabilidades administrativas y de gasto, una reforma fiscal y hacendaria, la sustentabilidad en el uso de los recursos, y la inclusión de los pueblos originarios en los planes nacional y estatales de desarrollo, así como la inclusión de formas de gobierno locales como usos y costumbres, agencias municipales o gobiernos comunitarios.
6.3 Establecer una Política fiscal para el desarrollo
Modificar el actual sistema tributario altamente inequitativo, que se finca en contribuyentes cautivos a los que carga con altas tasas impositivas, al tiempo que permite que los grandes consorcios evadan su contribución fiscal.
Diseñar un sistema fiscal que sea promotor del desarrollo económico, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa, convirtiéndose en verdadero instrumento del desarrollo nacional.
De ahí la importancia de realizar una revisión profunda de las leyes impositivas, así como de los procedimientos para su aplicación y administración, con el objeto de hacerlas un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
Establecer un sistema tributario eficiente, progresivo y de mayor base de recaudación fiscal, que disminuya la dependencia de los ingresos públicos provenientes de los hidrocarburos. Incorporar al régimen fiscal a los sectores informales de la economía, eliminar las exenciones fiscales y los regímenes especiales.
6.4 Mantener finanzas públicas sanas
El mantenimiento de las finanzas públicas sanas debe ser una prioridad de la política económica gubernamental para no generar desequilibrios que puedan comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. La estabilidad de las finanzas públicas debe estar basada en el fortalecimiento y la diversificación de los ingresos y en el manejo honesto y racional de los egresos.
6.5 Facultar al Congreso para regular y fiscalizar a las instituciones bancarias y financieras
Impulsar las reformas legislativas para regular la banca y de los organismos financieros con el fin de evitar malos manejos en su operación y administración, que redunden en perjuicio de los usuarios y del patrimonio de la nación. Transformar al sistema financiero en verdadero agente del desarrollo económico, y no en instituciones cuyas tasas de interés, comisiones y otros recargos, mantienen en deuda permanente a millones de mexicanos, además de disminuir la capacidad de créditos a la inversión y al consumo.
Imponer medidas de fiscalización y control del Poder Legislativo sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Competencia, y todos los organismos similares que tengan que ver con la regulación, fiscalización y manejo de las políticas monetaria, financiera y crediticia del país.
Controlar y regular las prácticas riesgosas, la corrupción, los malos manejos, y la especulación de los agentes financieros; evitar que los costos derivados de quebrantos sean transferidos a la sociedad en su conjunto.
Garantizar los subsidios a los agentes financieros y exigirles responsabilidades concretas e individualizadas ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes; fortalecer el marco normativo para evitar las altas tasas de interés, comisiones, recargos, gastos por cobranza y otros cargos que sólo dañan la economía y el patrimonio de los mexicanos.
6.6 Controlar de los flujos financieros internacionales a través de medidas legislativas
Proponer medidas legislativas que permitan la adecuada administración de los flujos financieros internacionales —de entrada y de salida— de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros mercados de dinero y de capitales.
6.7 Propiciar el desarrollo industrial mediante la apertura económica
Establecer las políticas sectoriales que permitan garantizar la productividad y competitividad de nuestra economía a través de la participación eficiente de los agentes económicos públicos y privados, en los mercados mundiales.
Tales políticas deberán reactivar y modernizar la planta productiva nacional, la generación de empleo, la formación de capital, la producción de bienes para el consumo interno, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la capacitación y formación de recursos humanos, y la producción para el mercado internacional.
6.8 Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industrias
Impulsar un programa integral para el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana industrias, que contemple esquemas de financiamiento, desarrollo tecnológico, simplificación administrativa pública, capacitación, y asesoría para la exportación, que les permita adaptarse a un mundo cada vez más competitivo.
6.9 Moderar la apertura económica garantizando la soberanía nacional
Replantear la estrategia de inserción del país en la globalización; redefinir los conceptos de soberanía e independencia, a fin de racionalizar y hacer eficiente la apertura hacia el exterior, además de buscar que las relaciones económicas internacionales no se traduzcan en vínculos de sometimiento y trato desigual para nuestro país.
6.10 Descentralizar la planta industrial del Valle de México
Estimular el desarrollo industrial en las diferentes regiones del país, llevando a cabo un proceso de descentralización de la planta industrial en el Valle de México, mediante programas de estímulos fiscales, costos de financiamiento diferenciados y ayuda para la construcción de la infraestructura requerida.
6.11 Apoyar la economía social
Fortalecer los esquemas de economía social, en especial las cooperativas de producción, servicios, ahorro y consumo; terminar con el carácter político-corporativista que permean a algunas de estas asociaciones, la corrupción y la ineficiencia económica.
Alentar nuevas formas organizativas socioeconómicas espontáneas y autónomas y vigilar que no se constituyan en instrumento para la explotación de los pequeños productores, comerciantes y ahorradores.
Crear un programa integral de apoyo a las actividades artesanales, semi-industriales y de servicios, en los ámbitos de la microempresa y de la innovación, que permita el mejoramiento de los diseños, la calidad productiva y la comercialización de bienes y servicios.
6.12 Definir un marco jurídico para evitar monopolios y abusos a los consumidores
Terminar con las prácticas monopólicas que determinan condiciones de mercado, laborales, salariales, de precios y de calidad de bienes y servicios; avanzar en la revisión y adecuación del marco normativo; generar condiciones equitativas de competencia; fortalecer las instancias administrativas y reguladoras, y transparentar los procedimientos vinculados al control de los monopolios.
6.13 Impulsar políticas y estrategias nacionalistas en materia de Petróleo y Energía
En coordinación con los sectores políticos y sociales nacionalistas del país, proponer medidas que impidan la privatización de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex); garantizar la soberanía de la nación sobre los hidrocarburos; realizar una profunda reforma a la empresa con el objeto de modernizar y acabar con el sistema de complicidades entre la alta burocracia y los contratistas.
Impulsar una política energética nacional que permita preservar la soberanía energética, propicie la elevación de reservas y fuentes convencionales de energía para asegurar el desarrollo económico y social, y permita la regeneración del medio ambiente. Modificar el modelo de negocios de la Comisión Federal de Electricidad en la cogeneración de energía, con el propósito de estimular empresas generadoras de electricidad con precios sustentables en condiciones competitivas de mercado.
6.14 Constituir el campo mexicano como puntal del desarrollo nacional
Todavía en los años setenta del siglo XX, México era considerado autosuficiente en materia alimentaria. A partir de entonces, las políticas públicas seguidas por los gobiernos en turno han mermado gradualmente nuestra soberanía alimentaria, y han contribuido a abandonar la seguridad alimentaria de nuestra población en manos de las trasnacionales que manejan el mercado mundial de alimentos.
En el estudio “Asimetrías, productividad y competitividad en el sector agrícola de los países que integran el TLCAN” elaborado por la Cámara de Diputados, se demuestra que de las tres naciones signatarias del acuerdo comercial, la única que ha pasado de tener una balanza comercial agrícola superavitaria a deficitaria, es México.
En 1995, México vendía más productos agrícolas en el mundo que lo que compraba, es decir, sus exportaciones eran superiores a las importaciones agrícolas por 939 millones de dólares. En el 2000, la balanza comercial agrícola del país fue deficitaria por 2 mil 465 millones de dólares, es decir, nuestro país incrementó su dependencia agrícola del mercado mundial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las importaciones de maíz aumentaron 143% durante la pasada década, al pasar de 550 millones de dólares en el año 2000 a poco más de mil 337 millones de dólares en 2010. En cuanto al trigo el aumento fue de de 112%, mientras que las compras foráneas de soya se elevaron 69%. Estas cifras nos dan una idea del costo económico que representa alimentar a una población de poco más de 100 millones de habitantes.
Debemos establecer como meta la capacidad de garantizar el abasto básico de alimentos para el conjunto de la población, así como el desarrollo del sector rural, en condiciones que permitan elevar su productividad y la del conjunto de la economía. Por ello, Movimiento Ciudadano comprometido con el sector primario de la economía, propone:
Rescatar al campo como sector productivo de nuestra economía; promover las acciones que permitan a las organizaciones campesinas liberarse del control vertical y corporativo que impide su participación directa en la toma de decisiones inherentes al sector rural y productivo del país.
Formular y poner en práctica un programa que contemple el mejoramiento de la productividad agropecuaria y forestal del país, con el fin de asegurar nuestra soberanía alimentaria y aprovechar nuestras ventajas comparativas para lograr la colocación de los excedentes de producción en el mercado internacional.
Mejorar el esquema financiero preferencial a la economía rural; otorgar asistencia técnica calificada a fin de lograr que se reactive nuestra economía rural.
Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en sus diferentes modalidades: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, especialmente las mujeres.
Apoyar los créditos y financiamientos para el campo que aseguren los recursos necesarios para el desarrollo rural integral.
Instituir una política de precios agrícolas justos que derive de la creación de un régimen de subsidios directos con miras a fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar el abasto nacional a precios justos e incrementar el patrimonio rural.
Instaurar un sistema nacional de comercialización y abasto que elimine el intermediarismo excesivo.
Fundar un programa que fomente la industrialización y la comercialización de los productos del campo de manera eficiente y competitiva; construir una verdadera agroindustria que coadyuve al desarrollo de las comunidades rurales.
Estimular la investigación y el desarrollo en materia agropecuaria, forestal y pesquera; lograr la formación de mejores recursos humanos.
Impulsar una política nacional de planeación en materia de alimentos, que deberá plasmarse en un Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria.
Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria y de los Programas de los estados y municipios en la materia.
Establecer políticas de contingencia cuando se encuentre en riesgo el abasto nacional de alimentos. Planificar, crear y regular un sistema de reservas estratégicas agroalimentarias. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y el pronóstico de los problemas relativos a la seguridad alimentaria, así como sus indicadores.
Realizar anualmente la evaluación de impacto del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria.
7. POR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE INTEGRAL
Debemos impulsar políticas públicas en materia de desarrollo sostenible, de forma integral y transversal, que incluya los tres pilares del mismo: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Este balance de políticas públicas en economía, desarrollo social y medio ambiente debe basarse en un amplio enfoque sobre los derechos humanos.
Impulsaremos una economía sustentable e incluyente, que abra oportunidades de vida digna, a los mexicanos y mexicanas y en particular a quienes viven en pobreza, extrema pobreza y en zonas marginadas, cuyas necesidades los obligan a explotar de manera irracional los recursos naturales a su alrededor.
Revisar las estrategias económicas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y traducir éstos en auténticos derechos de los mexicanos.
Abordar políticas y programas desde la perspectiva de género, tomando en cuenta, por una parte los impactos que tienen en los hombres y mujeres; y por otra parte, reconociendo el papel que las mujeres juegan para el éxito del modelo de desarrollo que se propone.
Impulsar una cultura ecológica en la población en general y en particular en las poblaciones ecológicamente vulnerables, que nos permita elegir racional y responsablemente las condiciones deseables del medio ambiente que pretendemos legarle a las próximas generaciones.
Crear los instrumentos normativos, financieros e institucionales para el uso de fuentes alternas de energía; que a la par que disminuya el uso de energía de uso fósil, permita a México desarrollar y convertirse en un socio importante, a nivel mundial de tecnología de energía verde.
7.1 Establecer límites y alcances en la explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Edificar criterios de sustentabilidad, que estimule el desarrollo económico y social presente sin comprometer el futuro. Hacer efectivos los compromisos internacionales contraídos por México en la materia; incorporarlos al derecho interno y aplicar efectivamente las leyes y mexicanas; combatir la tala ilegal y al crimen organizado que lucra con la sustentabilidad ecológica del país.
7.2 Impulsar una política de combate a la pobreza de forma integral con la preservación de los recursos naturales
Incluir en los presupuestos gubernamentales, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, un incremento substancial de las partidas dedicadas al combate a la pobreza, que integre criterios de sustentabilidad y perspectiva de género para evitar que la búsqueda de ingresos signifique la explotación irracional de los recursos naturales y pongan en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas.
7.3 Actualizar el inventario de recursos naturales
Actualizar el inventario de los recursos naturales de nuestro país, que permita su clasificación, aprovechamiento y preservación. Salvaguardar el conocimiento ancestral de las comunidades sobre los recursos naturales que se encuentran en su hábitat.
7.4 Generar un banco de indicadores de sustentabilidad
Promover la realización de un programa para el mejoramiento de los sistemas de información ambiental, con la participación de las instituciones de educación superior, especialistas y las autoridades, para construir indicadores más eficientes sobre la naturaleza y capacidad de nuestros ecosistemas y los efectos provocados por las actividades humanas.
7.5 Prevenir y controlar incendios forestales
Impulsar en los programas de protección civil nacional, estatales y municipales, un capítulo relativo a la prevención y control de los incendios forestales que integre los niveles de responsabilidad, capacitación a la población; dotación de equipo a los municipios y comunidades para el combate de los incendios; selección y ubicación de albergues para el resguardo y protección de la comunidad; además de las que determinen los respectivos consejos estatales y municipales de protección civil.
7.6 Delinear estrategias para el uso racional del agua
Asegurar el abasto de agua potable a toda la población del país. Realizar un programa que favorezca la recarga de los mantos freáticos de las comunidades; construir, mantener y rehabilitar las obras de infraestructura hidráulica; realizar una campaña educativa para concientizar a la población en el aprovechamiento y el uso racional del agua y, ampliar las facultades jurídicas y políticas a los ayuntamientos para que sean los responsables de la administración y operación de los sistemas de agua.
7.7 Fortalecer una cultura medioambiental
Realizar una amplia y permanente campaña de comunicación, que permita concientizar a la población sobre los beneficios que representa la utilización racional y la preservación de los recursos naturales.
En ese orden de ideas, se debe fortalecer también el aprendizaje de las materias relacionadas con el medio ambiente, incluyéndolas en los planes y programas de estudio de nuestro sistema educativo nacional.
Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones de educación superior, para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad, de conformidad con las necesidades de la región en que se encuentren y con atención especial a la condición y participación de las mujeres.
Incorporar las modificaciones al marco jurídico para impulsar la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en las labores de preservación del medio ambiente.
Fortalecer la cultura sobre el respeto y el cuidado de los derechos de los animales, dotar de un entramado jurídico sólido, congruente y adecuado que sancione a quienes cometan abuso, tráfico, explotación y muerte de estos seres; fortalecer la reglamentación que norma el uso de los animales para fines recreativos y garantizar la sanidad y el trato digno en el manejo de especies con fines alimenticios.
7.8 Impulsar el desarrollo de una economía verde más allá de Río + 20
Ampliar las capacidades de generación de energía renovable, de desarrollo técnico y tecnológico que favorezcan la sostenibilidad de los modos de producción energética, y por tanto industrial y de servicios.
Establecer un presupuesto transversal etiquetado que permita invertir en los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, para posicionarnos en el mercado mundial.
Reorientar las políticas fiscales sobre bases de sustentabilidad, bienestar y progreso social. Impulsar una tributación progresiva orientada a cargar más a quien más contamine; establecer tasas más altas a las ganancias de capital y transacciones financieras, y de las grandes empresas; reducir la tasa impositiva a la renta sobre el trabajo y ampliarla al consumo.
Diseñar una política nacional en la materia, que incorpore la diversidad de actores sociales, conocimientos y experiencias. Aprovechar el enorme potencial de recursos naturales para producir energía renovable; invertir en los recursos humanos y desarrollar la tecnología para convertirnos en proveedores de los mercados mundiales.
8. LA SOCIEDAD
Rediseñar la política social y de gasto público para elevar y hacer eficiente los programas sociales, por su cantidad, calidad y resultados, que se vincule a un marco general de política económica de erradicación de la pobreza y la desigualdad social. Se debe favorecer la participación social directa, desde el diseño hasta la evaluación del gasto social para terminar con los esquemas de atención paternalista y clientelar; la corrupción, el dispendio; la disminución de las capacidades sociales para dirigir y construir su futuro.
Los financiamientos de los programas sociales deberán adaptarse a las condiciones particulares y generales de las comunidades. Destacando los valores individuales o comunitarios que distinguen a cada sector, además de combinarse con otros programas sociales, con el fin de eficientar los apoyos y evitar duplicidades.
Por ello se proponen las siguientes acciones:
8.1 Garantizar el adecuado desarrollo de las familias y la niñez
Reconocer en la familia y su diversidad, el papel privilegiado que tiene en la construcción social, económica y política de nuestro país, desde una perspectiva que fortalezca su papel como la instancia inmediata de formación humana y núcleo básico de la sociedad.
Vigorizar el marco jurídico que reconoce la diversidad de formas para relacionarse en familia, desde las que están encabezadas por madres o padres solteros, parejas no heterosexuales o bien por adultos mayores.
Redefinir las políticas dirigidas a las familias mexicanas, que hasta el momento se han diseñado para hogares de corte tradicional, obstaculizándose su desarrollo e incorporación plena a la sociedad.
Promover programas de prevención y atención a la salud familiar, nutrición, atención materna, prevención y tratamiento de padecimientos crónicos e infecciosos y educación en materia de salud sexual y reproductiva; establecer programas de asistencia psicológica de atención a los problemas de violencia intrafamiliar, particularmente en contra de mujeres y niños, prevención y atención a problemas de drogas y estupefacientes, y apoyo jurídico para casos de violencia intrafamiliar.
Crear los mecanismos institucionales para hacer efectivos los derechos de los niños; e impulsar programas especiales de atención a los niños y niñas en situación real, potencia o presumible de vulnerabilidad.
8.2 Articular la participación y derechos de las mujeres en condiciones de equidad
Lograr la transformación verdadera de nuestra sociedad a partir de la incorporación efectiva de la mujer en todos los órdenes de la misma.
Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, equidad de género y situaciones diferenciadas de la mujer.
Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género en el marco legal nacional y local, para incorporar los derechos progresivos de las mujeres reconocidos en convenios y tratados internacionales; dotar, de manera transversal, la perspectiva de género a las políticas, programas, proyectos y presupuestos públicos, en todas las esferas y niveles de gobierno.
Fortalecer y hacer realidad el principio democrático de la paridad, que asegure la representación de las mujeres los espacios de decisiones políticas en las diferentes ramas y niveles de gobierno.
Estructurar presupuestos públicos federales y locales con visión de género, que propicie el acceso igualitario de las mujeres a las oportunidades de desarrollo, y disminuya las brechas de desigualdad que hay entre las personas en razón de género.
Promover leyes y políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a una salud sexual y reproductiva responsable, informada, ajena a prejuicios y respetuosa de sus decisiones.
Atender la violencia de género que se desarrolla en espacios públicos y privados y dan cuenta de las altas tasas de feminicidios en el país.
Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, diseñando políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno, e incrementando el presupuesto público para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Concretar una reforma laboral desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras, que considere las condiciones de trabajo en las que se desarrollan, garantice seguridad social, sancione la discriminación por embarazo y el acoso sexual y/o laboral, incentive la creación de empleos de calidad para mujeres, reconozca derechos de trabajadoras y trabajadores del hogar; y amplíe las prestaciones sociales para una paternidad responsable.
Considerar programas específicos para superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunos sectores de mujeres como lo son las indígenas y rurales, mujeres con discapacidad, madres solteras y jefas de familia, lesbianas, bisexuales, personas transexuales y adultas mayores.
8.3 Garantizar los derechos de las personas jóvenes
Reconocer el potencial y activo que significan las personas jóvenes y su papel transcendental en el desarrollo nacional. Incrementar de manera efectiva las oportunidades educativas, laborales, recreativas y de salud sexual y reproductiva.
Garantizar los mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
Desarrollar una política integral y transversal, que integre a la población juvenil y las organizaciones de la sociedad civil en su diseño; potenciar la creatividad, energía y fuerza de las personas jóvenes en la transformación y desarrollo de México.
Impulsar una Ley y un Programa Nacional de Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes, que les reconozca como sujetos de derechos; establecer mecanismos de exigibilidad de los mismos; propugnar por la armonización de nuestra legislación con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de la juventud y buscar la transversalidad del enfoque de juventud en toda la legislación de nuestro país.
Incorporar la participación de la población juvenil y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, instrumentación y monitoreo de las políticas públicas en materia de juventud.
Desarrollar una política de capacitación y fomento del empleo, la actitud emprendedora y el autoempleo, generando alternativas laborales para la población juvenil; fortalecer el marco jurídico en materia de Derechos Humanos laborales de la población juvenil; mejorar sus condiciones laborales y garantizar su acceso a la seguridad social.
Crear procesos de formación juvenil orientados hacia el empoderamiento de las personas jóvenes, favorecer los mecanismos de participación juvenil y el fortalecimiento de los liderazgos juveniles.
Generar una agenda digital que fomente el uso de tecnologías y herramientas de la información y la comunicación por todas las personas jóvenes para crear ciudadanía y una sociedad de información y comunicación responsable y participativa.
Promover la salud entre las personas jóvenes y generar procesos de formación en materia de Derechos Humanos para jóvenes en situación de riesgo; impulsar la consolidación de mecanismos tendientes a erradicar la discriminación hacia la población juvenil.
Impulsar un programa amplio e integral de educación sexual como mecanismo de prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual, así como generar políticas tendientes a prevenir y erradicar la discriminación hacia las poblaciones vulnerables o que viven con estas enfermedades.
Fortalecer las políticas y programas de prevención y tratamiento de consumo de drogas, privilegiándose la educación y la asistencia en lugar de las políticas represivas y punibles.
8.4 Reconocer e incorporar a las personas de la Tercera edad
Incorporar a los hombres y mujeres de la tercera edad a las tareas del desarrollo nacional, lograr su reintegración social y productiva; establecer programas orientados al aprovechamiento de conocimientos y experiencias de las personas de la tercera edad en el desarrollo nacional.
Fortalecer los sistemas de salud y seguridad social, con especial cuidado en los programas relativos al manejo y prevención de las enfermedades crónicas degenerativas.
Ampliar de la cobertura de los sistemas de seguridad social, con el fin de incorporar a sus beneficios a un mayor número de personas.
Abrir más espacios para actividades educativas y de recreación a las personas de la tercera edad y ampliar sus oportunidades educativas, culturales y recreativas.
8.5 Garantizar el derecho a la salud y seguridad social
Garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, fundamentalmente en el medio rural y en las zonas populares urbanas, reestructurar y modernizar las instituciones que conforman el sistema nacional de salud, ampliar su cobertura y universalidad.
Diseñar un programa de salud que opere principalmente en los niveles municipal y comunitario; otorgar atención a problemas básicos como saneamiento y medicina preventiva; servicios médicos en zonas marginadas; atención de embarazos, medicamentos accesibles a la economía popular; educación para la salud comunitaria; y prevención y tratamiento de adicciones.
Fortalecer la legislación de seguridad social para garantizar que no sea minimizado y pierda su contenido humano y popular, así como para ampliar su cobertura hacia sectores de población aún no beneficiados.
Atender a la salud sexual y reproductiva, particularmente en las zonas más marginadas y sin acceso a servicios de salud, como estrategia para la reducción de la mortalidad materno-infantil.
8.6 Crear un marco que garantice la seguridad alimentaria
Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Instrumentar la aplicación de un programa nacional que garantice la alimentación básica de la población, particularmente la de los sectores económicos más vulnerables.
Favorecer el uso de los organismos genéticamente modificados en beneficio de todos, priorizando la salud y la garantía alimentaria de la población, así como la conservación de las especies endémicas. Fortalecer la labor del Estado para regular y controlar estrictamente estos procedimientos para evitar pérdidas de ecosistemas.
8.7 Promover el respeto de los Pueblos Originarios y su participación en la vida pública
Impulsar las reformas legislativas que aseguren a los pueblos originarios alcanzar el grado de desarrollo y mantenimiento de su autonomía que satisfaga sus intereses colectivos, con respeto a sus usos y costumbres, y dentro del marco que establece la Constitución General de la República.
Elevar la calidad de vida de nuestros pueblos originarios; fortalecer sus formas tradicionales de organización social y económica; otorgar a los pueblos originarios seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras, aguas y bosques; garantizar su acceso a fuentes de financiamiento para proyectos productivos que mejoren sus condiciones de vida.
Reconocer los derechos sociales, económicos y políticos de mujeres y hombres que habitan en los pueblos originarios, con respeto a su organización política; fortalecer las instituciones que aseguren la conservación y desarrollo del patrimonio cultural autóctono, lengua, tradiciones y otros valores culturales.
Buscar los mecanismos para su incorporación plena a la vida social, política, y económica del país, sin perder su identidad, valores y riqueza cultural; sino incorporándolos al desarrollo nacional.
8.8 Establecer un régimen que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras
Pugnar porque el derecho de los trabajadores a un salario digno y remunerativo, así como a las prestaciones económicas y sociales se cumplan cabalmente. Asegurar igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales.
Iniciar un proceso gradual de sustitución de las prácticas corporativas y clientelares que prevalece en las organizaciones obreras; enriquecer la vida democrática de los sindicatos de trabajadores, con pleno respeto a las libertades de opinión, afiliación, elección de dirigentes y de revocación líderes.
Fortalecer las juntas de conciliación y arbitraje acabando con las prácticas de corrupción a las que actualmente se someten e incorporarlas al Poder Judicial.
Elevar la calidad de los programas de formación y capacitación laboral, que permita a los trabajadores incrementar los niveles de eficiencia laboral que se refleje en un mayor ingreso; establecer mecanismos para la difusión entre los trabajadores de sus derechos y la manera de defenderlos ante las instancias y autoridades competentes.
Integrar a la formalidad económica a los trabajadores no asalariados, otorgándoles todos los derechos y responsabilidades que marcan las leyes, para beneficio de sus familias y del crecimiento económico de México.
8.9 Generar un marco de Protección Civil a través de una cultura corresponsable.
Diseñar e implementar una política que tenga como eje central el fortalecimiento de una cultura de protección civil.
Establecer la estructura social que funcione a nivel de comunidad, propicie la suma de los esfuerzos de los ciudadanos y funcione como enlace confiable con las instituciones encargadas de la materia.
Configurar los programas de protección civil y prevención de desastres de forma corresponsable entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, así como la elaboración de los correspondientes atlas a nivel estatal y municipal.
Instrumentar programas operativos en el ámbito nacional, estatal y municipal, que contemplen las medidas a realizar en el apoyo, auxilio y recuperación de la comunidad.
8.10 Implementar un programa amplio de Deporte y Recreación
Promover un sistema nacional del deporte, que fomente el espíritu de disciplina, como medio para la formación de ciudadanos responsables que buscan mediante la recreación y el esparcimiento, integrarse constructivamente a la sociedad.
Configurar un sistema nacional del deporte y recreación con base en una estructura orgánica que opere en los niveles nacional, regional y local; instituir un fondo nacional del deporte y la recreación, destinado a financiar los programas y acciones de la materia; fortalecer la infraestructura deportiva construyendo nuevos inmuebles, adaptando, mejorando o reutilizando áreas para destinarlas a fines de recreación y deporte, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas, con la participación de la comunidad; promover la práctica masiva del deporte, a través de torneos populares y familiares, tanto en el medio rural como en el urbano; mejorar los planes y programas de estudio de las escuelas de educación física, y la capacitación permanente de los mentores y administradores del deporte, con el propósito de elevar la calidad de los servicios que prestan a la comunidad; desarrollar el deporte infantil y juvenil; promover el deporte para personas con discapacidad.
8.11 Generar un nuevo marco en materia de educación
Diseñar y poner en marcha un sistema educativo que asegure la formación integral de mujeres y hombres; fortalezca los procesos de enseñanza en todos sus niveles, y enaltezca la función y la dignidad de los maestros.
Impulsar una educación que atienda simultáneamente la profesionalización y capacitación para el trabajo y la formación que genere una conciencia social orientada a transformar la realidad individual y social. Una educación que contribuya a generar la riqueza colectiva, que nos permita asegurar la igualdad de oportunidades.
Emprender una amplia reforma educativa de los planes de estudio, programas, contenidos y métodos del sistema educativo nacional, así como incrementar los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de la planta docente, con la decidida participación de la sociedad civil.
Formar alumnos que además de contar con las herramientas de conocimiento y metodológicas propias a su campo, estén capacitados para hacer frente a las exigencias de un mundo globalizado y posean una formación social sólida y conocimiento profundo de nuestra historia para fortalecer la identidad nacional y transformar la realidad.
Incrementar de manera permanente los presupuestos educativos y de los salarios de los maestros; garantizar un salario digno y bien remunerado para los maestros, así como las partidas destinadas al mejoramiento de la infraestructura educativa.
Establecer programas de profesionalización y capacitación magisterial, que permitan la actualización y el fortalecimiento del nivel académico de los maestros y sirvan como aliciente para el mejoramiento de su carrera y de su nivel de ingresos.
Fortalecer los programas de vinculación entre las instituciones de educación superior y las empresas de cada región para profesionalizar y capacitar a los alumnos en las necesidades productivas regionales y estimular la investigación para proyectos productivos; ampliar los programas de vinculación con las entidades y dependencias de gobierno para la solución de problemas locales.
Integrar un auténtico sistema nacional de bibliotecas que cuenten con los servicios de información modernos, con las herramientas tecnológicas de vanguardia, espacios para hemeroteca, videoteca y otros instrumentos similares que permitan, el almacenamiento y el uso de información audiovisual y el incremento permanente de sus acervos, así como el personal capacitado para el servicio.
Integrar los elementos de la alta tecnología a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Crear escuelas de artes y oficios en las se enseñe, además de los programas del ciclo de enseñanza oficiales, se integren oficios y artes vinculados al perfil socioeconómico de las regiones.
Incrementar sustancialmente la inversión destinada a la investigación científica, tecnológica y humanística, mediante el otorgamiento de mayores presupuestos, la promoción de inversiones público-privadas, la vinculación con entidades del sector empresarial y público, y mecanismos internacionales.
8.12 Ampliar los planes y consideraciones en materia de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento
Impulsar un amplio plan de desarrollo de ciencia y tecnología que consolide el proyecto de desarrollo nacional equitativo y democrático, y coadyuve a la integración de las mexicanas y mexicanos en la sociedad de la información y del conocimiento, especialmente los grupos vulnerables y pueblos originarios.
Incrementar de manera decidida los presupuestos públicos destinados a la investigación y desarrollo, que durante 2011 alcanzó en México sólo 0.4% del PIB, y que deberá ubicarse al menos en el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 2.5 por ciento.
Realizar una amplia convocatoria social para el diseño, seguimiento y evaluación de una política integral de ciencia, tecnología y sociedad del conocimiento y de la información que asegure la equidad, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible integral.
Implementar el uso de la tecnología y los medios digitales para el desarrollo del país; cerrar la brecha de desigualdad ampliando la infraestructura en comunidades apartadas y la capacitación requerida para su utilización.
8.13 Fortalecer la Cultura Nacional a través del reconocimiento de la diversidad
Apoyar permanentemente a los artistas, intelectuales y a quienes participan en el rescate, conservación y creación de la cultura nacional, que refleje la diversidad cultural de México y nos proyecte con la gran riqueza y complejidad hacia el interior y el exterior del país.
Conservar y acrecentar nuestro patrimonio cultural y artístico; promover, el desarrollo de la ciencia y la tecnología; fomentar el desarrollo del talento técnico, científico, artístico y cultural de las mexicanas y mexicanos; fortalecer la identidad nacional y los derechos y obligaciones ciudadanas con base en el conocimiento de nuestra historia, legado cultural y civismo.
Instaurar casas de cultura y de educación artística en todos los municipios del país, dotados con instalaciones y presupuesto suficientes para el apoyo a individuos y grupos de la comunidad; dotarlas de la infraestructura inmobiliaria y tecnológica como bibliotecas, videotecas, auditorios, y salas de lectura y exposiciones.
Preservar la memoria artística y cultural de la comunidad, mediante la instalación de museos comunitarios, la edición de textos, la filmación de testimonios que documenten la historia y la vida presente de la comunidad en términos de su creatividad, identidad y valores colectivos; estimular la creación artística y a la recuperación cultural mediante apoyos especiales y becas para elevar la formación, particularmente, de los niños, jóvenes y mujeres.
Establecer programas federales y locales para el registro de los monumentos, edificios y otro tipo de inmuebles nacionales que conforman el patrimonio histórico, artístico, y cultural de México; propiciar su rescate y preservación e incorporarlos al inventario de atractivos turísticos del país.
Desarrollar un amplio programa de difusión de la amplia oferta cultural material e inmaterial de México, que afiancen nuestra identidad nacional y proyecten a México como centro cultural y turístico mundial.
9. SOBERANÍA Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO
Fortalecer la soberanía fincada en la independencia y autodeterminación, en las prioridades e intereses genuinos de México y su pueblo para hacer efectivo un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito territorial, y adoptar un modelo propio de desarrollo económico, político, social y cultural; inscribirse de manera soberana y bajo los instrumentos internacionales jurídicos existentes a esquemas de cooperación, integración y regionalización.
Mantener una participación activa en el escenario y foros internacionales que promuevan la paz y prosperidad mundiales, fincados en nuestros principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no-intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y seguridad internacionales.
9.1 Definir e instrumentar una Política exterior basada en la dignidad nacional y el desarrollo
Practicar e instrumentar una política exterior fincada en los más altos intereses sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país; en el fortalecimiento permanente de nuestra soberanía; en el respeto a nuestros principios constitucionales de política exterior; y en el estímulo de los esquemas de cooperación para la promoción del desarrollo de los mexicanos y de la comunidad internacional.
9.2 Establecer el respeto a la soberanía territorial de la nación como eje rector de la política exterior
Fortalecer la soberanía de la nación sobre el suelo, el subsuelo, los recursos naturales y el espacio aéreo, conforme a lo estipulado en el artículo veintisiete de nuestra Constitución. Reforzar la capacidad del Estado mexicano para decidir, de manera soberana, sobre el uso y destino de sus recursos y espacios territoriales, marítimos y aéreos.
Enmarcar los esquemas de cooperación con las naciones extranjeras al marco constitucional y normativo nacional, a efecto de respetar plenamente la soberanía sin disminuir las capacidades de cooperación en áreas como seguridad, derechos humanos y medio ambiente.
9.3 Potenciar las relaciones con América del Norte
Potenciar nuestra pertenencia geográfica a América del Norte para obtener las mayores ventajas de una relación estratégica; ampliar las capacidades de los esquemas e instrumentos de la relación regional.
Fortalecer los mecanismos de consulta con EUA y Canadá; institucionalizar el diálogo permanente con miras a ajustar las ineficiencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; avanzar en la agenda regional en otros temas prioritarios como seguridad, combate al crimen organizado, medio ambiente, desarrollo regional, migración y derechos humanos.
Convocar a los Estados Unidos de América y Canadá a visualizar a la región como una sola. Construir los valores y percepciones de un destino común y atender las amenazas comunes a la región, con estrategias intergubernamentales comunes; privilegiar criterios de cooperación y solidaridad que redundan en el bienestar y la paz común.
Insistir en políticas de cohesión social regionales, favorecer la construcción de una Comunidad de Seguridad de América del Norte cómo un espacio de libertad, seguridad y justicia de todos sus ciudadanos.
9.4 Consolidar las relaciones de nuestro país con Latinoamérica
Recuperar y consolidar nuestras relaciones con América Latina y el Caribe. Reivindicar nuestra vocación latinoamericana, que es complementaria a nuestra adscripción a América del Norte.
Recuperar el papel histórico que México ha tenido en latinoamericana para el impulso de la paz y el progreso de la región.
Incrementar nuestra presencia en América Latina, con base en una política exterior contundente en su estrategia de preservación y acercamiento con todos los actores clave de UNASUR, del área Andina, de Centroamérica, del Caribe. Diseñar una estrategia particular con Brasil para compartir responsabilidades de promoción del desarrollo, el progreso y la paz regionales.
Participar plenamente en el concierto latinoamericano con renovados ánimos y servir de puente entre el Norte y el Sur del continente Americano en los temas de interés común.
9.5 Fomentar las relaciones con Europa
Vigorizar nuestra relación estratégica con la Unión Europea y privilegiar las perspectivas comunes en los temas económicos, políticos, sociales, de seguridad y medioambientales tanto en la relación bilateral como en los foros multilaterales. Fortalecer las sinergias para promover una agenda de seguridad y prosperidad mundiales. Incrementar la intensidad de los diálogos políticos y fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral y común frente a terceros estados.
Favorecer el acercamiento con Rusia reconociendo su papel estratégico en la seguridad, la energía, y la paz mundial, así como su papel en el grupo de Brasil, Rusia, India y China (BRIC´s). Destacar las relaciones culturales, educativas y de cooperación.
9.6 Diversificar nuestras relaciones con el mundo
Diversificar nuestras relaciones internacionales bilaterales y multilaterales, capitalizando algunos instrumentos formales como el Acuerdo Global con la Unión Europea y el estatus de socio estratégico; intensificar la presencia e intercambio con los países de la Cuenca del Pacífico, en particular con los miembros de APEC, y en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífica; fortalecer nuestras relaciones con los continentes de África y Asia.
9.7 Promover la participación de nuestro país en la construcción de una Agenda internacional para el desarrollo
Promover la formulación de una agenda para el desarrollo que aborde la búsqueda de soluciones multilaterales a los problemas de combate a la pobreza, migración, protección del medio ambiente, respeto de los derechos humanos, soluciones pacificas para los conflictos bélicos entre naciones, intolerancia política y religiosa, prevención y combate de pandemias, y lucha contra el crimen organizado entre otros.
9.8 Emprender una mayor participación en los organismos internacionales
Elevar la intensidad de nuestra participación en los organismos internacionales, mediante la presencia de diplomáticos mexicanos de carrera y externos con perfiles adecuados, que promuevan entre otros temas: la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que refleje mejor los intereses de los casi doscientos países miembros; promover reformas al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en beneficio de los países en desarrollo y de los grandes problemas de desigualdad entre las naciones y al interior de ellas; optimizar la presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el apoyo para que el Banco Interamericano (BID) se convierta en pilar del desarrollo de América Latina y la participación en la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se transforme su rol en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo del continente americano. Avanzar en los temas de derechos humanos, género, y medio ambiente.
9.9 Generar un proyecto internacional de difusión e intercambio cultural
Convocar a los creadores e intelectuales del país para que aporten los criterios que permitan elaborar un proyecto de convención internacional de difusión e intercambio cultural; promover acciones tendientes a la recuperación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural que se encuentra en el extranjero, y fortalecer el combate al tráfico ilegal de bienes culturales; promover la riqueza cultural de México en el exterior.
9.10 Evaluar permanentemente la política exterior de México
Promover un ejercicio de evaluación permanente de nuestra política exterior que construya los consensos necesarios para su práctica y su instrumentación ágil y expedita de cara a las contingencias internacionales, y para adaptarla a los nuevos retos que nos imponen las relaciones internacionales del nuevo milenio. Ampliar las capacidades y esquemas de participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de la política exterior, así como del establecimiento de un Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior en coordinación con la SRE.
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