02-noviembre-2011
Anand Grover, Relator Especial sobre el Derecho a la Salud
En un acto sin precedentes, ante la Asamblea General de la ONU, el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, Anand Grover, pidió a los Estados miembros que eliminen las leyes que criminalizan el aborto y que restringen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pues afectan seriamente el derecho a la salud de las personas. El Relator presentó ante la ONU su informe anual en el que se muestran los efectos negativos que tiene en el goce del derecho a la salud, la prohibición absoluta del aborto, de los métodos anticonceptivos y de educación e información en salud sexual y reproductiva. Asimismo, el informe aborda el tema del impacto de la criminalización de ciertas conductas de mujeres embarazadas como consumir alcohol o drogas.
El informe lo dice con esta contundencia: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal.”
La presentación de este informe es histórica: es la primera vez que este tema se discute en la Asamblea General de la ONU. El informe, además de abundar sobre los efectos negativos de esta criminalización, hace recomendaciones a los Estados para que adopten medidas para garantizar el acceso a anticonceptivos, despenalicen el aborto y deroguen todas las leyes que criminalizan cuestiones relativas a servicios de salud sexual y reproductiva, proporcionen servicios en salud sexual y reproductiva de calidad y eliminen todos los obstáculos para el acceso a dichos servicios.
México como Estado miembro de la ONU y sobre todo considerando que a nivel internacional siempre ha impulsado y promovido estos mecanismos de derechos humanos, debe tomar acciones para atender estas recomendaciones.
En el país estamos lejos de cumplir con las recomendaciones que establece el Relator, lo que indica que las personas ven su salud seriamente afectada por la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Una de las cuestiones que debe hacer el Estado Mexicano es garantizar el acceso a anticonceptivos y a información y consejería sobre salud sexual y reproductiva que esté basada en evidencia científica y libre de prejuicios y estigma. Promover la abstinencia como principal método anticonceptivo –tal como ocurre en Sonora, por ejemplo- pone en riesgo la salud sexual y reproductiva y limita la autonomía de las personas a decidir sobre el método anticonceptivo que les parezca más apropiado.
El Relator fue claro sobre la necesidad de despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal y seguro. El informe aborda de forma contundente la relación entre la criminalización y el estigma: “El estigma resultante de la penalización crea un círculo vicioso. La tipificación como delito del aborto empuja a las mujeres a buscar abortos clandestinos, posiblemente en condiciones peligrosas. El estigma resultante de un aborto ilegal y, por consiguiente, de una conducta delictiva, perpetúa la noción de que el aborto es una práctica inmoral y de que el procedimiento es intrínsecamente peligroso, lo que a su vez refuerza la continua penalización de esta práctica”.
En México, dependiendo el estado donde vivan las mujeres tendrán mayor o menor acceso al aborto, serán más o menos criminalizadas, y siempre estigmatizadas. Claro, eso es en la ley, en la práctica las mujeres muchas veces no pueden acceder al aborto ni siquiera en los casos permitidos por la ley. Para hacer aún más grave la situación, cuando las mujeres acuden a los servicios de salud por complicaciones de aborto muchas veces se les niega la atención o se les denuncia a las autoridades. Todo esto, dijo claramente el Relator, va en contra del derecho a la salud, que está protegido tanto a nivel nacional como internacional.
En los últimos meses se han presentado en la prensa varios casos de mujeres que han sido denunciadas por aborto por los profesionales de salud cuando acuden en busca de atención médica. Esto va en contra del secreto profesional que deben guardar los doctores y disuade a las mujeres de acudir a los servicios de salud aún en casos donde su vida está en riesgo inminente.
El informe del Relator reafirma una vez más que el acceso al aborto y a servicios de salud sexual y reproductiva es una cuestión de salud pública y de derechos humanos. Ojala el gobierno federal y los gobiernos estatales entiendan esto y atiendan las recomendaciones del Relator.
En Twitter: @GIRE_mx
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