La ONU llama a dar acceso al aborto legal

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe del Consejo de Derechos Humanos que exhorta a todas las naciones a aceptar que debe otorgarse a mujeres y niñas el acceso al aborto legal para que ellas puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos.
El documento, redactado por el relator especial de la ONU, Anand Grover, vincula el aborto a petición con el derecho fundamental al más alto nivel de salud física y mental.
Las leyes penales que sancionan y restringen el aborto inducido son ejemplos paradigmáticos de barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud y deben ser eliminadas, señala el relator en el texto.
La legalización del aborto, agrega, por sí sola, no es suficiente para que los Estados eviten violar el derecho de las mujeres a la salud, por lo que recomienda a los gobiernos tomar medidas para garantizar que las féminas tengan acceso a servicios seguros y de buena calidad.
Advierte que las interrupciones del embarazo seguras no estarán inmediatamente disponibles una vez que se despenalicen, a menos que los Estados generen condiciones en las cuales puedan ser provistas.
Estas condiciones incluyen el establecimiento de clínicas disponibles y accesibles, la provisión de capacitación adicional para médicos y trabajadores de la salud, la promulgación de requisitos de concesión de licencias y que se garantice que se dispone de lo más nuevo y seguro en medicamentos y en equipamiento.
Las mujeres, indica el texto, deben tener acceso al aborto a fin de proteger su salud mental.
Señala que está bien documentado el impacto psicológico de llevar a término un embarazo no deseado y descarta la existencia de una secuela de salud mental a largo plazo.
El relator de la ONU llama a los Estados a que “suspendan o deroguen la aplicación de las leyes penales existentes respecto de diversas formas de conducta durante el embarazo, como la relacionada con el tratamiento del feto, más particularmente el aborto espontáneo, el consumo de alcohol y de drogas, y la transmisión del VIH.

El informe considera que los Estados que reconocen el derecho a la vida del niño por nacer busquen afirmar que hacerlo no los convierte en violadores del derecho de sus ciudadanas a la vida.